Así lo expresó el defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR) Erick Vidal Martínez a pasosdeanimalgrande.com, cuestionó el papel desempeñado por el Estado hondureño para el cumplimiento de reconocimiento de compromisos internacionales adquiridos y la impunidad ronda en el asesinato de defensores de derechos de este sector.
Pero el punto que criticó fuertemente Martínez fue el mensaje de odio y estigma que emprende la alta jerarquía de la iglesia tanto católica como evangélica, el cual calificó como “perverso e irrespetuoso”, ya que con ello se vulnera el principio de laicidad, lo grave es que este comportamiento es avalado por el Estado de Honduras porque no procede a sancionar a representantes de este sector,
“Ante el actual contexto que tenemos en el país, como es la elección de magistrados y magistradas de la Corte de Suprema de Justicia en la cual la sociedad civil ha sido excluida del proceso, considerando la injerencia de sectores religiosos o iglesias y sobre la mora judicial que pesa en los casos denunciados a través de los año para las personas Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales acceder al sistema de justicia se considera una falacia o utopía”, manifestó Martínez.
Reconoció los avances en generar estadísticas de casos de asesinatos LGTB, interposición de denuncias en el CONADEH y Fiscalía de Derechos Humanos, creación de unidades de investigación LGTB; pero en el actual gobierno que ha minimizado el trabajo en derechos humanos han decaído estas iniciativas por la falta de voluntad en elevar los perfiles de la comunidad LGTB, denunció.
Relatoría de la CIDH Preocupa situación de indefensión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría de derechos para las personas LGTBI, en su informe anual 2015, cuestionó el papel de los diferentes Estados de la región americana específicamente en el comportamiento del sistema de justicia en detrimento del ejercicio pleno de sus derechos.
El informe destacó varias barreras que tienen los integrantes de diversidad sexual entre las que destacan la falta de atención y tratamientos adecuados por parte de los operadores de justicia para llevar a cabo una denuncia interpuesta por este sector, seguidamente continúan con las presunciones estereotipadas a la hora de realizar investigaciones solo por la expresión de género de la víctima.
Sobre este punto, Martínez expuso que actualmente se está trabajando en una propuesta de esta Ley que tiene como reto proteger a las personas transexuales y que permita el reconocimiento de la ciudadanía de las mismas para optar a trabajo, vivienda, salud, educación libre de discriminación.
El procurador de derechos de la comunidad LGTB denunció el rol de la policía nacional o militares que al momento de abordar estos casos algunos de ellos en vez de brindar asistencia para proteger la integridad de las personas , se convierten en agresores cometiendo violaciones de derechos humanos.
También se tiene conocimiento que las agresiones que reciben las personas LGTB por parte de terceros en la mayoría de los casos quedan en la impunidad, debido a que existen patrones culturales generados en “la moral y buenas costumbres”, violencia que al no ser sancionada crea una cultura de miedo en las personas LGTB.
“Hay iniciativas desde las organizaciones LGTB y defensores y defensoras de Derechos Humanos donde el Estado de Honduras reconozca la identidad de Género, basada en las diversas recomendaciones y tratados que ha firmado a nivel internacional”, dijo.
La CIDH ha recibido información de manera consistente sobre las serias deficiencias en la investigación de casos de violencia por prejuicio hacia orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.
El Estado de Honduras informó a la CIDH que la Oficina del Procurador General registró al menos 122 homicidios de personas LGBT entre los años 2009 y 2013, de los cuales únicamente el 24 por ciento llegó a la etapa judicial, y de estos sólo en un cuatro por ciento se dictó una decisión final.
Emblemas de la impunidad
A pesar de que en el año 2013 se mostraran avances en la legislación penal, específicamente en el artículo 231 del Código Procesal Penal, los cuales condenan la agresión por motivos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo dos casos de asesinato, Como los de Walter Tróchez y Erick Martínez Ávila, se han convertido en emblemáticos por el poco avance en sus respectivas investigaciones que den con los responsables.
Tróchez, reconocido por su activismo de derechos humanos hacia la diversidad sexual, fue asesinado el 13 de diciembre de 2009, convirtiéndose como una víctima del Golpe de Estado de junio de ese año. Mientras que Martínez Ávila, periodista y también defensor de derechos humanos , fue asesinado el 07 de mayo de 2010, posterior a dos días de reportarse como desaparecido tras haber salido de su casa.
Con respecto a estos dos casos Erick Vidal Martínez comentó que existen muchos casos en los cuales se ha obtenido respuesta, sin embargo en estos casos específicos catalogados en su momento como asesinatos políticos, el Estado de Honduras ha sido incapaz de dar respuesta.
Cuestionó que en su momento presentaron a personas responsables de estos crímenes “sin embargo, el mismo sistema de justicia liberó al pasar de los años a estas supuestas personas responsables y argumentó que había falta de evidencia o vinculación en los asesinatos”.
Hasta la fecha no se han capturado a los culpables de ninguno de estos asesinatos abonando a la impunidad que tiene el sistema de justicia para las violaciones a los derechos humanos de las personas LGTB de Honduras” finalizó diciendo el integrante de MDR.
Esta situación ocurre a pesar que se ha dicho que en la Fiscalía de Delitos contra la Vida a través de la Unidad de Crímenes de Alto Impacto se están investigando los casos, pero la realidad es otra cosa.