El discurso de la institucionalidad pública no coincide con el accionar debido a que en el primero prevalece la promesa de atender el problema con eficacia, pero en la práctica no se asigna logística ni infraestructura; más bien se asigna más fondos a los cuerpos de seguridad policial y militar.

Gerardo Rivera, director del Observatorio de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes  en Honduras, dijo que de enero a noviembre del año anterior registraron la muerte violenta de 849 menores de 23 años de edad, y de estos seis casos involucran a elementos de las Fuerzas Armadas.

En un comunicado, Casa Alianza recordó que son reiteradas las denuncias de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía por parte de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, entre las que se señalan: torturas, violaciones sexuales y uso excesivo de la fuerza.

Y frente a la denuncia, “el gobierno niega y desmiente las violaciones a los derechos humanos, mostrándose insensible ante el dolor de las víctimas y arropando con un manto de impunidad a los perpetradores”.

El director del observatorio explicó que la violencia militar contra niños y jóvenes se traduce en maltrato físico y verbal, torturas, detención ilegal, violación sexual y hasta la muerte.

Casa Alianza registra los casos y canaliza la denuncia en los entes competentes, como la Fiscalía de la Niñez, donde las investigaciones no avanzan ya que en los expedientes se encuentra la misma información que se logró durante el levantamiento de los cuerpos.

Esa información indica las causas de muerte pero en la mayoría de  casos no identifica a los responsables, visibilizando que los casos prácticamente son engavetados.

Refirió que los operadores de justicia, como la Fiscalía de la Niñez, argumentan que carecen de logística y presupuesto, pero a su parecer lo que realmente existe es falta de voluntad porque el discurso oficial contradice el otro discurso que es la implementación de la estrategia estatal frente al problema.

“No hay fondos para los operadores competentes pero sí hay dinero para los cuerpos de seguridad”, puntualizó el investigador que frente a la falta de voluntad política avizoró la continuidad de la impunidad y la agresión contra menores.

En los primeros 11 meses de 2015 Casa Alianza registró la muerte violenta de 849 menores de 23 años, y de éstos el 90 por ciento sigue en la impunidad.

Y para este año la organización estima que seguirá el problema porque los expertos hablan de recrudecimiento de la violencia ante el afán de las estructuras criminales de recuperar territorio.

Las expectativas no son halagadoras, reiteró el entrevistado que anunció que Casa Alianza no cederá en el trabajo de defensoría de derechos humanos a través de la denuncia y acompañamiento a víctimas. “No miramos soluciones estatales”, enfatizó Rivera.

Casa Alianza pidió al Poder Ejecutivo que “en aras del bienestar de la población, realice un replanteamiento de su estrategia militarista, cara, ineficiente e ineficaz por una estrategia de seguridad humana;  que contemple la recuperación pacífica de territorios mediante el involucramiento, la organización y participación de todos  los sectores”.

Además, que “es sistemática le evidencia de que el Ejército  hondureño no está capacitado para relacionarse de manera armónica con la población, ya que su formación es para la defensa de la soberanía nacional y no para tener contacto directo con la ciudadanía. Al mismo tiempo instamos a dar eficiente cumplimiento al proceso de depuración policial”.

Asimismo instó a las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos  y de la cooperación internacional, instamos a unir voces para exigir el inmediato replanteamiento de esta estrategia de seguridad militarista que tanta muerte y dolor está dejando en la familia hondureña.

Casa Alianza realiza labor permanente de monitoreo, incidencia en políticas púbicas y elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de respeto a los derechos humanos de la niñez y jóvenes de Honduras.

Es una organización internacional no gubernamental  creada en 1968 y en la actualidad atiende a 20 mil niños y niñas en desamparo en Honduras, México y Nicaragua.