El Día del Abogado Amenazado se estableció desde el año 2010 en memoria de cuatro abogados y un sindicalista asesinados en 1977,  por facistas españoles en Atocha,  Madrid. Se conmemora todos los 24 de enero de cada año.

En Honduras decenas de abogados, abogadas, defensores y defensoras de derechos humanos están amenazados por defender derechos fundamentales de víctimas Este acoso en la mayoría de los casos culmina con la vida de los profesionales, tal es el caso de Dionisio Díaz García, llamado el “abogado de los pobres”.

Él defendía los derechos laborales de guardias de compañías de seguridad que no cumplían con sus obligaciones de pagar los derechos por el trabajo de sus empleados. Díaz fue  asesinado el 04 de diciembre de 2006, cuando iba a revisar un expediente de varios guardias de seguridad de la empresa SETECH, pues a la una de la  tarde se realizaría una audiencia sobre el caso en el Juzgado de Trabajo. Su crimen está impune.

Otro profesional del derecho que sufrió las consecuencias de las balas fue Antonio Trejo, apoderado legal del Movimiento Campesino del Ahguán, MUCA, y uno de los abogados que presentó una denuncia por los delitos de Traición a la Patria contra el Congreso Nacional por haber aprobado la legislación sobre las ciudades modelo, o Zonas Especiales de Desarrollo, que compromete la soberanía Nacional.

Su asesinato ocurrió el 23 de septiembre de 2012 cuando salía de una iglesia en Tegucigalpa. Él había denunciado reiteradamente que tenía amenazas a muerte y responsabilizó antes de su muerte de que si algo le ocurría era responsabilidad del extinto terrateniente Miguel Facussé, su denuncia nunca tuvo eco en el Ministerio Público que pudo haber evitado su muerte.

La Protesta en Alemania

La manifestación pública tuvo como objetivo denunciar la impunidad en que se encuentran los casos y entregar una carta .La gerente de la Asociación de Abogadas y Abogados Republicanos, Ursula Groos, entregó la petición al embajador Ramón Custodio, donde le señalan que era en solidaridad con los abogados hondureños, jueces y otros profesionales del derecho y que las protestas serían en toda Eutopa con entrega de documentos a a los embajadores y cónsules.

“El objetivo es poner de relieve la ola actual de violencia dirigida a los abogados y otros profesionales del derecho en Honduras. La situación que afrontan en Honduras es grave. Entre el año 2010 y marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 91 muertes de abogados como consecuencia de asesinatos selectivos”, destaca la nota.

Agrega que la violencia afecta negativamente la vida pública de Honduras y que las  principales razones de esta violencia son la pobreza, el desempleo, el narcotráfico, la misoginia y los déficits graves en la investigación y persecución de estos delitos, donde también hay involucramiento de funcionarios del Estado.

Denuncia además que existen pruebas de que la intimidación de testigos, fiscales, jueces y abogados. Suman la protesta por el despido de los jueces que protestaron contra el golpe de estado en 2009 fueron despedidos ilegalmente y por lo cual el estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015.

En la carta entregada al embajador Custodio le subrayan que otra de las graves consecuencias de esta situación es la presión política de las autoridades de alto rango, incluyendo la Fiscalía General del Estado, que sufren fiscales y jueces que llevan casos contra policías implicados en delitos.

En su parte final la misiva dice que “Los abogados Europeos Demócratas AED-EDL, la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo ELDH y la Fundación del Día del Abogado Amenazado, así como las organizaciones de abogados y juristas que apoyan la iniciativa, mencionados al pie, condenan en los términos más enérgicos posibles la responsabilidad del Gobierno de Honduras por el estado de las cosas descrito anteriormente”.

Las Demandas:

1. Se debe permitir a los abogados, los fiscales y los jueces en Honduras desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, y con la adecuada protección proporcionada desde el Estado, sobre todo cuando hay vidas en peligro como consecuencia del ejercicio profesional.

2. Se deben establecer las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los profesionales de la justicia y los abogados, según lo dispuesto en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

3. La impunidad tolerada por el Estado para los que violan los derechos humanos debe terminar.

 4. Un mecanismo debe garantizar que los responsables de las amenazas, los ataques y los asesinatos de abogados, jueces y fiscales rindan cuentas, independientemente de su posición política, social o económica.

5. El Gobierno debe reconocer públicamente la legitimidad de la labor realizada por los defensores de derechos humanos, incluidos los abogados y demás juristas.

6. La nueva ley para la protección de defensores de los derechos humanos requiere una aplicación adecuada y efectiva.

7. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el despido ilegal de los jueces debe ser cumplida por el gobierno de Honduras, y los jueces despedidos debe ser reintegrados inmediatamente con una indemnización completa. Exigimos asimismo una investigación internacional independiente en relación a las acciones antes mencionadas con el objetivo de monitorear quienes son responsables de violaciones de los derechos humanos básicos de los abogados, jueces y fiscales.

Vea la carta íntegra AQUÍ