También los militares se negaron a presentar los títulos de propiedad y argumentaron que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales, de esa forma escondieron lo que no tienen.

La denuncia la presentaron los afectados ante la Vía Campesina-Honduras que ha tomado el caso con el objetivo de que se haga justicia y se proceda a devolverle las tierras a los verdaderos dueños a quienes se les ha afectado su desarrollo, violentanto con ello el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Militares echan abajo 100 años de tranquilidad 

Desde hace 100 años las y los pobladores de la región han venido heredando las tierras en donde tienen su producción agrícola, ganadera, áreas de esparcimiento, convivencia social y el campo de futbol, pero sin darse cuenta, en un santiamén la institución castrense tomó posesión de los predios en donde realizan las tareas antes mencionadas.

Según denuncias, la invasión de los uniformados se debe a la construcción de un complejo habitacional y logísticos con propósito de ser utilizado como campo de entrenamiento para tácticas militares.

En noviembre del 2013 el ejército solicitó una extensión de terreno argumentando que lo necesitaban para cumplir su planificación y estrategias alegando que es por “seguridad nacional”; por tanto, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Agrario,(INA), les otorgaron 16 manzanas de tierras que son posesión de la comunidad de La Poza, que ha pedido se les emita los títulos, pero hasta la fecha no hay respuesta alguna.

Las Fuerzas Armadas procedieron a despojar a los ciudadanos y ciudadanas, atropellando sus derechos humanos, ya que no poseen ningún título que demuestre que esas tierras sean de ellos.

Impiden paso

También los uniformados les han quitado el derecho a la libre locomoción porque “En donde nosotros trabajábamos la tierra nos llegaron a poner un batallón policial. Ya no tenemos acceso ahora a nuestras tierras”, denunció Crescencio Amador, uno de los afectados.

A los uniformados no les importó la manera en que ellos deben transitar  “ya no podemos ingresar a esa parte donde estaba el campo, cercaron y no nos permiten ingresar hacia unas tierras que están sueltas contiguas al cementerio”, añadió Amador.

De manera que ellos no han podido dialogar con los militares personalmente sino que esta acción la ejercieron a través de su apoderado legal Rony Rodríguez.

El profesional del derecho comunicó que le solicitó a las Fuerzas Armadas que le mostraran la documentación que los acredita como dueños legales, pero éstos se escudaron en el argumento de que están bajo la protección de la “Seguridad Nacional”  e invocaron la Ley de Secretos Oficiales.

Lo que le pareció absurdo a Rodríguez porque los pobladores de La Poza tienen un derecho de generaciones sobre los terrenos “Ancestralmente han poseído la tierras desde hace 100 años, hay generaciones tras generaciones y eso les hace tener propiedad de las mismas”.

Entre las acciones que le competen como representante legal de los civiles es  la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, en donde no ha habido ningún resultado.

Asimismo, se apersonaron ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), decepcionados porque no les dieron una esperanza de siquiera investigar que está pasando.