Ana Mirian Romero [1] es una líderesa del Consejo Indígena san Isidro Labrador, integrante del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH) y la ganadora del Premio Front Line Defenders para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo [2] (2016). María Felicita López y Rodolfo Vásquez también son integrantes del Consejo Indígena San Isidro Labrador. Roberto Gómez es el Presidente del Consejo Indígena Santiago Apóstol así como un defensor de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Todos los/as defensores/as mencionados anteriormente son beneficiarios de medidas cautelares (MC589/15 [3]) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Los defensores y defensoras mencionadas se han opuesto activamente a la construcción de la represa Hidroeléctrica Los Encinos en el Río Chinacla, un proyecto que pertenece a la empresa Los Encinos S. de R.L. Desde el 2010, han abogado por el reconocimiento de sus tierras ancestrales en Santa Elena, La Paz. El permiso para construir la represa fue otorgado sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados. El 10 de julio de 2016, MILPAH organizó una consulta que reveló la oposición a la construcción de la hidroléctrica, con 825 votos en contra y 94 a favor.

El alcalde de Santa Elena aparentemente amenazó con retirar subsidios gubernamentales y poner un alto a proyectos de desarrollo en los caseríos donde los residentes participaran en la consulta. El alcalde también ha dado órdenes presuntamente para que agentes de seguridad del Estado acosen, intimiden y ataquen a defensores/as de derechos humanos locales que se oponen a la construcción de la represa.

Residentes de la comunidad de El Potrero, a los cuales los dueños del proyecto le han presuntamente prometido numerosos beneficios, han atacado violentamente a varios defensores/as indígenas como represalia por su oposición al proyecto. 

El 7 de diciembre de 2016, un grupo de personas de la comunidad de El Potrero y tres presuntos simpatizantes del alcalde de Santa Elena Víctor Ventura vinieron a la comunidad de El Volcán donde residen los/as defensores/as antes mecionados. Los/as defensores/as vivían en El Potrero anteriormente y se reubicaron a El Volcán después de una serie de agresiones violentas por parte de los que apoyan la construcción de la represa. Cuando los/as defensores/as fueron alertados de la presencia de personas foráneas a la comunidad en El Volcán, fueron a encontrarles y les pidieron que se retiraran. El grupo alegó que estaban midiendo un terreno para un proyecto de irrigación financiado por USAID. Los/as defensores/as rechazaron la idea ya que no habían sido consultados sobre el uso de su tierra ancestral y les informaron a los visitantes que ese terreno estaba destinado a la construcción de una escuela para los niños de la comunidad. 

El grupo de personas foráneas respondieron a la solicitud de los/as defensores/as con actos de intimidación y amenazas. Santos Vásquez López, quien alega ser una autoridad local de la comunidad aledaña de El Potrero, demandó que Ana Mirian Romero presentara los documentos que demostraban que la tierra le pertenecía y amenazó de agredirla con su bastón. Santos Vásquez López también amenazó a Roberto Gómez diciendo que lo iba a encontrar y lo iba a matar. Otro residente de El Potrero también amenazó a Ana Mirian Romero. Hernán Ventura, presunto simpatizante del alcalde, amenazó a María Felicita López y a Rodolfo Vásquez con un machete. Se evitaron mayores agresiones violentas debido a la intervención de la policía. 

Desde el 2014, las y los integrantes de los Consejos han sido objeto de ataques y amenazas constantes. De acuerdo a la información disponible, durante septiembre, octubre y noviembre de 2015, hubo varios incidentes violentos contra los integrantes de los consejos indígenas, con la presencia tanto de civiles armados como agentes estatales de seguridad.

El 2 de noviembre de 2015, hombres desconocidos dispararon más de 15 tiros afuera de la casa de Ana Mirian Romero. Este incidente ocurrió el mismo día que ella fue dada de alta debido a un ataque que se dió anteriormente el 22 de octubre de 2015.

Ese día, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, la casa de Ana Mirian Romero fue allanada por la policía. Un contingente de 30 oficiales entró a la fuerza y sin presentar una orden de cateo. Durante el incidente, la policía golpeó brutalmente a Ana Mirian Romero ─quien estaba embarazada de 24 semanas en ese momento─ así como a María Felicita López. Ana Mirian Romero fue subsecuentemente llevada al hospital en un estado crítico. Esos ataques llevaron finalmente a la aprobación de medidas cautelares por la CIDH. 

Sin embargo, a pesar de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, los ataques no han cesado. El 29 de enero de 2016, agresores desconocidos incendiaron la casa [4] de Ana Mirian Romero y Rosalío Vásquez Pineda, su pareja. El incendio premeditado se dio cuando la familia estaba lejos de su casa y a la fecha no se han identificado los responsables. El 9 de mayo de 2016, Ana Mirian Romero y sus hijos recibieron amenazas de muerte [5] y fueron intimidados por cuatro hombres en su casa. 

Front Line Defenders condena enérgicamente los actos de intimidación y las amenazas contra defensores/as de derechos humanos de los consejos indígenas de San Isidro Labrador y Santiago de Apóstol, los cuales parecen ser una represalia contra su trabajo legítimo y pacífico en defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente y en oposición a la construcción de una hidroeléctrica en sus territorios. 

FRONT LINE DEFENDERS INSTA A LAS AUTORIDADES EN HONDURAS A QUE: 

    * Tomen acción inmediata para salvaguardar la integridad física y psicológica de los/as defensores/as Ana Mirian Romero, Roberto Gómez, María Felicita López y Rodolfo Vásquez, en particular a través de la implementación de las medidas cautelares (MC589/15) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2015, en consulta con los/as defensores/as y/o sus representantes; 

    * Efectúen una investigación inmediata, rigurosa e imparcial sobre las alegaciones de actos intimidatorios y amenazas de muerte contra los/as defensores/as, en vista a publicar los resultados y llevar ante la justicia a los responsables de acuerdo con estándares internacionales; 

    * Tomen acción inmediata para implementar los derechos de los pueblos indígenas sobre su tierra ancestral así como su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier proyecto que afecte a sus comunidades; 

    * Garanticen en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Honduras puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial. 
 
Links:
[1] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-ana-mirian-romero
[2] https://www.frontlinedefenders.org/es/front-line-defenders-award-human-rights-defenders-risk
[3] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC589-15-Es.pdf
[4] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-ana-mirian-romero#case-update-id-1861
[5] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-ana-mirian-romero#case-update-id-3110