El 28 de diciembre ocurrió el ataque contra garífunas por los uniformados que abrieron fuego contra civiles argumentando la lucha contra las drogas, tesis que no han podido sostener pero que el sistema de justicia se hace de la vista gorda para que no haya castigo contra los responsables.Fueron 10 militares y aunque se les dictó auto de formal procesamiento, están tranquilamente en un batallón.
La supuesta guerra contra las drogas impulsada por los Estado Unidos ha dejado miles de muertos, desaparecidos, heridos y millones de dólares gastados, policías y ejército infiltrados y toda la estructura institucional hondureña, pero se usa ese pretexto para sembrar el terror en poblaciones pobres, según lo han denunciado en varias ocasiones organizaciones de derechos humanos.
En una denuncia difundida por redes sociales la OFRANEH señala que en esa fecha fueron muertos dos garífunas y aunque uno de ellos estaba con vida, los militares lo dejaron morir al no atenderlo, sino que tuvieron que llamar a la policía para que lo trasladara, pero había pasado tiempo vital para salvar su vida y expiró pocas horas después.
Esta es la denuncia difundida por OFRANEH:
Estancada investigación sobre matanza de jóvenes Garífunas a manos de militares
Sambo Creek 27 de diciembre de 2016.- El 28 de diciembre del año pasado, militares atacaron a un grupo de Garífunas que se encontraban en horas de la madrugada en la barra de Iriona, departamento de Colón, teniendo como resultado de la agresión de los uniformados, las muerte de los jóvenes Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años ).
En Honduras existe una impunidad que cubre al 92% de los homicidios, y mucho más si existe la participación de los miembros de las fuerzas armadas, los que son aparentemente intocables. A un año de los hechos las investigaciones parece ser que estuvieran congeladas.
A continuación un análisis sobre expediente 252-15:
A finales del 2015, los jóvenes Garífunas Yosvin Palacio Lino (24) y Elvis Armando García (19) fueron asesinados por militares de la fuerza naval. Ambos eran originarios de San José de la Punta y residían en Iriona.
El 27 de diciembre, a eso de las 5 de la mañana, un grupo de personas que viajaba de la comunidad Garífuna de Sangrelaya hacia la ciudad de Tocoa se quedó en la barra de Iriona para apoyar a otros cuyo vehículo se encontraba atascado en la arena. De repente los militares de la fuerza naval abrieron fuego, atacando a los Garífunas con ráfagas de balas sin ninguna provocación. Entre el grupo de Garífunas se encontraban menores de edad e incluso un bebé recién nacido.
Yosvin Palacio Lino falleció casi de inmediato como resultado de un disparo en el cuello, y Elvis Armando García quedó gravemente herido. Según relatan los testigos, cuando se acercaron los militares, el herido tirado en el suelo estaba pidiendo auxilio, pero en vez de atender al jóven, procedieron a registrar a las personas que se encontraban allí y también los vehículos, los cuales tenían impactos de bala. Dijeron que buscaban armas y drogas. No fueron los militares sino los Garífunas que pidieron auxilio externo para el herido. Lograron que se contactara a la policía, y fueron los policías que trasportaron al jóven herido al hospital, donde falleció el día siguiente.
Al recibir a las 6:30 de la mañana la notificación de lo sucedido, salieron desde el sector de Trujillo hacia el lugar de los hechos en un vehículo del Ministerio Público la fiscal de turno Yamileth Hernández Cáceres, el médico forense Oscar Ulloa, el investigador Oscar Alvarez, y un motorista del Ministerio Público.
En declaraciones iniciales a la prensa, la versión de las Fuerzas Armadas fue que los Garífunas atacaron con armas de fuego a los militares de la fuerza naval. Cuando salió a la luz que el Ministerio Público no encontró ninguna evidencia para respaldar esas declaraciones, las Fuerzas Armadas ya no insistieron con su versión de fuego cruzado.
En base a la investigación inicial de la policía, el Ministerio Público ordenó a la Dirección Nacional de Investigación Criminal que realizara la detención judicial de siete militares de la fuerza naval por suponerlos responsable del delito de asesinato en perjuicio de los dos jóvenes Garífunas. Tres militares más se entregaron. En total fueron detenidos de manera preventiva para efectos de investigación diez militares de la fuerza naval. Se les practicó pruebas y se les decomisaron sus armas de reglamento, pero no habían proyectiles en los fusiles.
Entre los acusados de homicidio están Cristian Joel Nañez Chirinos (24); Briand Jassman Hyde Velásquez (20), soldado naval; Angel David Lainez Barrera (20), soldado naval; José Luis Majano Escobar (23); Edim Jaasiel Martinez Castellanos (23), soldado; Keven Salvador Avila Guevara (20), soldado; Kelvin Isaac Castro Urbina (18), soldado; y Bryan Alfredo Jimenez Martinez, soldado naval.
También están acusados de homicidio el sargento II Luis Alexis Aguilera Zuniga y el teniente de fragata Rubén Dario Andino Rivera.
Todos son miembros activos del Segundo Batallón de Infantería de Marina
El 29 de diciembre, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal. A la vez, solicitó convalidación de la detención preventiva, la extracción de muestras de orina, y la prueba de absorción atómica. También solicitó peritaje de armas y balística, y que se ordenara la exhumación de Palacio Lino. Ese mismo día 29, el juez de letras seccional Víctor Manuel Meléndez Castro declaró con lugar la admisión del requerimiento fiscal, convalidó la detención preventiva y las pruebas realizadas, y ordenó que la exhumación se realizara el 26 de enero del 2016.
El 29 de diciembre también se realizó la audiencia de declaración de imputado, aunque los diez militares acusados hicieron uso de su derecho de no rendir declaración. El juez decretó detención preventiva a los diez imputados. En base a un decreto del 2013 que establece que militares con la medida de prisión preventiva deben ser recluidos en establecimientos militares, ordenó que se notificara al capitán Juan Antonio de Jesús Rivera, el encargado de la base naval de Puerto Castilla, para que los mantuviera en custodia en la base naval. Programó la audiencia inicial para el 2 de enero del 2016.
En la audiencia inicial, los abogados defensores privados de los militares rechazaron el requerimiento fiscal, pero en base a las pruebas, el juez decretó auto de formal procesamiento en contra de los diez acusados por el delito de homicidio simple, con la medida de prisión preventiva. Dictó sobreseimiento provisional por el delito de daños a la propiedad en perjuicio de los conductores de los vehículos que quedaron dañados por impactos de bala durante el ataque.
Siguieron los trámites investigativos y judiciales en enero, los cuales están documentados en el expediente 252-15. La exhumación de Yosvin Palacios Lino se llevó a cabo el 26 de enero en el cementerio de San José de la Punta.
El 17 de febrero del año en curso, el Ministerio Público solicitó autorización para practicar intervención telefónica en el proceso contra los militares. El 22 de febrero solicitó una prórroga de 60 días del término para la celebración de la audiencia preliminar. El juez de letras seccional resolvió admitir ambas solicitudes.
La OFRANEH exige una investigación fehaciente de los hechos ocurridos y la aplicación de justicia. Además que se reconsidere la supuesta e infructuosa guerra contra las drogas.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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Links de interés:
Vea video de la lucha garífuna: https://www.facebook.com/ofraneh.garifuna/videos/1227682123989296/
