Al identificarse como defensora de derechos humanos la requirieron inmediatamente alegando que pendía una orden de captura en su contra por el delito de usurpación de tierras, que consta en el expediente número 119-14 trasladándola a un espacio aparte.

Ella informó que fue judicializada en el año 2014 por el mismo caso y que obtuvo sobreseimiento definitivo por el Juzgado de Trujillo, a pesar de la resolución el hostigamiento sigue latente desde hace dos años.

Antecedentes

La defensora sufrió un atentado el 29 de noviembre del 2015, en esa fecha  viajaba a bordo de una motocicleta con su compañero de hogar Rigoberto Durán, también defensor de derechos humanos del Bajo Aguán, cuando personas desconocidas a bordo de un automóvil de color  blanco los persiguió y los envistió.

Lemus salió con golpes de gravedad que la dejaron por  50  días en una silla de ruedas y después utilizando muletas para poder movilizarse.

En esa ocasión declaró que “no es nada fácil lo que está pasando, sin embargo dicha situación me vuelve más fuerte,  me voy a levantar de esta silla de ruedas y seguiré haciendo mi trabajo de defensa de derechos humanos que es un derecho que me corresponde como ciudadana y lo haré con más compromiso porque así como yo, hay muchos que nos quieren acallar, porque no callamos las injusticias en este país”.

Siento una impotencia terrible

En su cuenta de Facebook la defensora exteriorizó su impotencia diciendo que “Me siento triste, porque mi familia ya está harta del dolor provocado por el Estado, sé que tienen razón de sentir impotencia pues las denuncias que he interpuesto ante los órganos estatales por persecución, amenazas y atentados a mi integridad física nunca ingresaron al sistema judicial y en dos ocasiones han desaparecido las denuncias”. 

Consideró que“eso es grave y de alguna forma se nos manda un mensaje, porque no hay voluntad política, ni judicial para resolver los casos de los y las defensoras, siento una impotencia terrible, pues no soy la única defensora en riesgo”.

Recordó que “es aquí donde se confirma lo que pasa a nivel nacional con nuestros casos. Global Witnness no miente en su informe recién socializad  que en Honduras no se garantiza ni se respeta el derecho a defender derechos, a los activistas de derechos humanos, de la vida y de los territorios” finalizó.