Reportaje de Radio Progreso

El canadiense Patrick Forseth es dueño de la Sociedad Mercantil “Carivida”,  junto a Randy Jorgensen conocido como “el Rey del Porno”, quienes han sido denunciados por apoderarse ilegalmente de las tierras garífunas ubicadas en la bahía de Trujillo según la Ofraneh.

En 2008, la comunidad  Guadalupe interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía de las Etnias por la venta ilegal de tierras dentro del perímetro de su título comunitario pero pese a estas denuncias, el juez Fredy Cenen Caballero Núñez, del Juzgado de Trujillo,  acreditó legítima propiedad del terreno comunitario a la Sociedad Mercantil Carivida, de Patrick Forseth. 

En Honduras existen enormes presiones territoriales sobre la costa garífuna, siendo la bahía de Trujillo en Colón y Tela en Atlántida, las más apetecidas por empresarios extranjeros, que con la ayuda de empresarios y políticos hondureños se están apoderando de las playas y humedales para la construcción de emporios turísticos. 

Campo Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista, Carivida y Banana Coast, son algunas de las empresas canadienses denunciadas por la OFRANEH por adquisición de tierras de forma indebida ante la negligencia de las autoridades encargadas de investigarlas y aplicar justicia.  

En 2016 en esa misma comunidad de Guadalupe fue detenida la dirigente garífuna Medaline Martina David Fernández por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de Carivida. El Juzgado de Letras de la ciudad de Trujillo emitió un sobreseimiento definitivo a favor de la dirigente garífuna, pero en mayo de 2017 por el mismo delito fue detenido César Geovany Bernández, comunicador social de Ofraneh y corresponsal de Radio Progreso. 

“Hay una mafia canadiense que se ha apoderado de nuestra tierra”, dice César Bernárdez, luego de recibir medidas sustitutivas a la prisión y de conocer que debe presentarse a la audiencia inicial programada para el 14 de junio de 2017 en Trujillo. César es la voz de las comunidades garífunas que a través de las radios de Ofraneh y Radio Progreso ha venido denunciando la situación de despojo que viven producto de la implementación del modelo extractivista.   

“La venta ilegal de tierras en las comunidades ha sido provocada por la municipalidad de Santa Fe y avalada por el Instituto de la Propiedad” señala el comunicador argumentando que el gobierno y empresarios canadienses buscar diluir los títulos comunitarios para instalar complejos turísticos. 

El terreno adquirido por la empresa “Carivida” formó parte de un proyecto de ecoturismo manejado por las mujeres garífunas de Guadalupe, con el financiamiento de PNUD y AECID, pero este se vio afectado por la ola de violencia que provocó la instalación de una represa hidroeléctrica sobre el río Betulia, describe César Bernárdez.  “Ese proyecto hidroeléctrico tampoco se nos consultó y solo muerte y desgracia nos ha traído” agrega César. 

Miriam Miranda coordinadora de la Ofraneh ha dicho públicamente que todas las comunidades garífunas están amenazadas con desaparecer,  producto de la implementación de las ciudades modelo que acarrea la explotación minera, instalación de represas hidroeléctricas y mega proyectos turísticos, con el visto bueno del gobierno pasando por encima de la vida y dignidad de las comunidades. 

Un Estado Hondureño racista y violador de derechos humanos 

“Santa Fe es un paraíso terrenal y lo vamos a defender con la vida” asegura César, quien al momento de ser detenido por la policía de La Ceiba en Atlántida, fue víctima de racismo y violencia por el hecho de ser garífuna. “Todos los negros son delincuentes”, “Negro tenías que ser” y “Negro apestoso”, son las frases que la policía dijo a Cesar mientras permanecía esposado y detrás de las bartolinas pagando por ser defensor de la madre tierra. 

La Ofraneh, organización que aglutina las comunidades garífunas en las costas hondureñas, ha librado una lucha dentro y fuera del país en defensa de sus territorios ancestrales. 

En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sentenció al Estado de Honduras por violación a varios derechos a las comunidades garífunas El Triunfo de La Cruz en el municipio de Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón. 

Hasta el momento se ha formado una Comisión Interinstitucional para el “Cumplimiento de las Sentencias de las Comunidades Garífunas”, donde se ha hecho un plan de trabajo y reglamento interno para darle cumplimiento a la sentencia. 

La Comisión es una instancia de diálogo y concertación donde se coordinan acciones dirigidas al acatamiento de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), dictadas el 8 de octubre de 2015, en beneficio de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, por haber encontrado al Estado de Honduras responsable en la violación al derecho de la propiedad colectiva.

A pesar de la criminalización  y las amenazas, César ha participado en todas esas reuniones para informar y animar a las comunidades garífunas a través de las radios de la Ofraneh y Radio Progreso. Sabe muy bien que la lucha por defender su territorio es difícil y que las inversiones de extranjeros canadienses son parte de la implementación de las famosas “Ciudades Modelo”. 

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