La Fiscalía de Delitos Contra la Vida fue creada en agosto del año 2013. Allí funciona la Unidad de Crímenes de Alto Impacto la cual tiene a su cargo la investigación de asesinatos de alto impacto social.  Los bombos y platillos con que fue anunciada se disiparon en el tiempo y ni siquiera se puede tener acceso a la información sobre sus actuaciones pues al hacerlo sus funcionarios invocan que no es posible porque se pueden afectar las investigación de las cuales nadie sabe si en efecto se están realizando.

Lo anterior la convierte únicamente en un recipiente donde van a parar todos los casos que quedarán en la impunidad, demostrando con ello que su nacimiento fue solamente para lavar la cara sucia de la impunidad que ya no es una novedad en el plano internacional.

Por qué no funciona la Fiscalía de Delitos contra la Vida

Mejía se refiere a este tema al ser consultada por pasosdeanimalgrande.com sobre las actuaciones de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida en el caso del periodista Nery Geremías Orellana, director de Radio Joconguera, en Candelaria, Departamento de Lempira y corresponsal de Radio Progreso,  asesinado el de julio de 2012 cuando se conducía en su motocicleta.

Orellana era un comunicador social acucioso y denunciaba constantemente actos de corrupción en la zona donde estaban vinculados militantes del Partido Nacional de Honduras.

Ni registro de expediente

Aunque el crimen se llevó a cabo hace  cinco años y las investigaciones ya debieran haber provocado la captura de los responsables, lo cierto es que el expediente se perdió, solo se sabe que llegaron desde la Fiscalía de Delitos Contra la Vida a Gracias, Lempira, donde estaba el documento, nunca más volvieron a tener noticias de él.

La Abogada Mejía expresó que hay complicidad y negligencia por parte del Estado de Honduras en el caso, “nos dijeron en la Fiscalía de Gracias que esta Unidad había traído el expediente, y cuando venimos a Tegucigalpa a pedir copia  no sabían de qué hablábamos”.

La profesional del derecho dijo que con el crimen de Orellana se sembró el terror en la zona y las personas que trabajaban junto al comunicador debieron abandonar el lugar  por peligro a su vida, como es el caso del padre Amilcar Lara que su familia lo sacó de inmediato del sector por temor a que le pasara lo mismo.

Según datos del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH,  hay un 95 por ciento de impunidad en los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales en Honduras.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, destaca la CIDH.

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