El Abogado Laureano Carbajal Rivas, apoderado legal por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, en varios casos de derechos humanos, fue enviado a prisión este día jueves 10 de agosto, al presidio de La Ceiba por un Juez con Jurisdicción Nacional.
Carbajal Rivas fue detenido en el marco de la "Operación Tormenta de Fuego VII", donde el gobierno argumenta el ataque frontal a la criminalidad en el país. Él fue exhibido de tal manera que fue presentado como un gran delincuente en un contexto de mucha violencia en Honduras y de aspiraciones reeleccionistas del actual presidente Juan Orlando Hernández.
Después de más de más de 30 horas de haber sido detenido en Tegucigalpa se realizó la Audiencia de Imputado por el delito de Falsificación de documentos privados. Primero fue llevado a San Pedro Sula y luego a La Ceiba, como en los tiempos de Carías, traslado por cordillera como le llamaban. Su captura fue a las 6 de la mañana del 09 de agosto y la Audiencia se desarrolló hasta las 2 p.m. del siguiente día 10 de agosto, argumentando que el juez tenía otra audiencia.
A pesar ser conmutable el supuesto delito y menor de cinco años de prisión, no se admitió la solicitud de medidas sustitutivas a la prisión.
El abogado Carbajal autenticó unos documentos en el año 2012 y de eso ha derivado su captura, con un desplazamiento inusual de decenas de policías que lo sacaron de su casa llevándoselo sin informar a la familia por qué lo capturaron y realizando un registro minucioso de su vivienda en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, este 09 de agosto de 2017.
El profesional del derecho representa a varias víctimas de violaciones a derechos humanos como apoderado legal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU. Entre ellas al periodista Jairo López, en una querella por haber denunciado pegues ilegales de agua; a la periodista Dunia Montoya, torturada por la policía en el 2015; a los Estudiantes de la UNAH Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, condenados a tres años por Usurpación contra la UNAH; así como apoderado legal en un juicio iniciado por las abogadas Kenia Oliva (que estuvo en ASOPODEHU) e Ivania Galeano, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde se demandó a la UNAH por violación a los derechos fundamentales de 6 estudiantes entre ellos los tres condenados.
En representanción de la ASOPODEHU presentó denuncias contra toda la Sala del Tribunal de Sentencia de Choluteca por extravío de Pruebas en el caso de Jairo López y por retardo de justicia afectando a la periodista Dunia Montoya.
En los últimos días ha dado declaraciones públicas antes y después de la sentencia contra los tres estudiantes Padilla, Cáceres y Ulloa, informando a los periodistas sobre los alcances de la sentencia.
Por las actuaciones de los operadores de justicia en este caso se visualiza una persecusión por su trabajo y más aún este jueves 10 de agosto cuando se presentó una constancia médica por la grave condición de salud que pasa en estos momentos por afectación de su próstata por lo que requiere un tratamiento constante.
La utilización de los falsos positivos al estilo Colombia ya no es una novedad en Honduras. No es el primer caso de este tipo con lo que se pretende desprestigiar la imagen de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Será hasta el próximo martes 15 de agosto que se llevará a cabo la Audiencia Inicial donde debería quedar en libertad, pero con todos los antecedentes de su captura el panorama se observa oscuro.
