La acción se concretará a eso de las 11 de la mañana de este jueves  cuando lleguen organizaciones integradas en la Mesa de Derechos Humanos  para probar otra vez al sistema de justicia hondureño que está vestido de una coraza de impunidad y no parece interesado en mover ni un músculo.

A pesar que la denuncia contra altos oficiales de policía fue presentada desde hace más de un mes no hay aún acciones contundentes contra los responsables, en cambio los procesos judiciales contra defensores de derechos humanos que fueron acusados de encubrimiento y atentado contra la seguridad interior del Estado de Honduras, no tardaron ni horas para que se libraran  requerimientos fiscales.

Al final de la Audiencia Inicial, el 27 de septiembre anterior,  quedó probado que el Ministerio Público actuó con ligereza y no utilizó su imparcialidad sino que criminalizó la labor de los derechos humanos en Honduras.

Ha circulado que de haber alguna acción por los hechos del 08 de septiembre la “justicia” cerraría sus ojos y no actuaría contra altos mandos policiales para protegerlos a pesar de que hay evidencias claras de su participación en las violaciones a los derechos humanos de los cuatro defensores de derechos humanos y de los ocho  estudiantes a quienes protegían los primeros para que no fueran capturados ielegalmente, eso degeneró en represión policial y saña contra los y las defensoras.

El 08 de septiembre los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos; María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Ariel Díaz, de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos, Hedme Castro de ACI-Participa y ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras , UNAH, fueron torturados y capturados por la policía.

La Fiscal me dijo que los sacara a como diera lugar

El oficial Félix Adrián Colindres Hernández de la Policía Nacional Preventiva dijo ante el juez en la Audiencia Inicial que “me comuniqué con la Fiscal María de los Ángeles Barahona y me dijo que los arrestáramos de cualquier manera, que  abriéramos el bus a como diera lugar, sabíamos que debíamos ejercer la fuerza y yo era la persona que debía abrir la puerta”, señaló el funcionario policial que trató a toda costa de librarse de la responsabilidad de haber incurrido en graves delitos a los derechos humanos en esa fecha.

Mientras que el oficial Leonel Sauceda entró en una serie de contradicciones para deslindarse de su responsabilidad en estos hechos lavándose las manos como pilatos.

La Mesa de Derechos Humanos conformada a raíz de la captura y torturas contra los cuatro defensores de derechos humanos, denunció el 12 de septiembre pasado a los oficiales Leonel Sauceda, al Comisionado de apellido Colindres, al Subcomisionado de apellido Aguilar y otros miembros de la Policía Nacional, por los delitos de tortura, lesiones y detención ilegal.

En la línea de responsabilidad por estos hechos que vulneraron la integridad física de las víctimas y además la labor del ejercicio de la defensa de los derechos humanos, faltaba la Fiscal que de acuerdo al oficial Colindres fue quien le dio la orden de actuar.

El año pasado se presentó otra denuncia contra fiscales del Ministerio Público y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, por vigilar y dar seguimiento a los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y otros, saltándose sus atribuciones, pero hasta la fecha la denuncia está engavetada por este ente acusador.

Se espera que con esta denuncia tanto contra altos oficiales como hacia la fiscal mencionada, por fin se castigue a quienes abusando de su poder hacen y deshacen desde sus cargos para obstacuizar la defensa de los derechos humanos en Honduras.

La acción contra los defensores de derechos humanos deja un mal precedente para los defensores y defensoras de derechos humanos en el país quienes están en grave  riesgo y al dejarse pasar estas arbitrariedades otros funcionarios harían lo mismo.

El Estado de Honduras ha sido denunciado ante instancias internacionales por estas acciones, por obstruir la labor de derechos humanos y no permitir la entrada de una jueza ejecutora y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU  para los Derechos Humanos en Honduras, el 08 de septiembre y así  evitar una tragedia.

La Mesa de Derechos Humanos está constituida por diversas organizaciones de derechos humanos y redes de instituciones que se han juntado para actuar en bloque en la defensa de los derechos fundamentales de  la ciudadanía en uno de los países del globo terráqueo más peligrosos para defender los derechos humanos.