Con 71 periodistas asesinados, el 95% en la impunidad y el 43% ocurrieron en el gobierno de Juan Orlando Hernández, Honduras se ubica mundialmente entre los países más riesgosos para el ejercicio del periodismo. Sin embargo, las autoridades no solo se niegan a investigar los crímenes sino hasta a informarle a la población sobre el estado de los casos.
Con el ánimo de conocer el avance de la justicia en materia de derechos humanos para los periodistas, defensores y operadores de justicia, pasosdeanimalgrande.com visitó las oficinas de FEPRODDEHH, pero la información no fue posible debido a que el Fiscal General, Oscar Chinchilla, la mantiene bajo reserva, según el argumento recibido.
“Ni estadísticas le puedo dar, voy a llamar al Abogado Gerry”, dijo amablemente una empleada de la dependencia, de quien omitimos su nombre para para evitarle problemas. Gerry Yassar Valladares, es el nombre del fiscal especial.
Minutos más tarde ella dijo a pasosdeanimalgrande.com que no era posible y que la información debíamos solicitarla en la oficina de Relaciones Públicas, porque según le habían informado, en esa unidad la tenían.
Pero no es así y el medio de comunicación fue remitido a otra dependencia donde para obtener estadística se debe agotar de un trámite legal.
Relaciones Públicas solo entregó un legajo conteniendo información de lo que debería de ser la FEPRODDEHH y la justificación de su creación, muy diferente a los casos que mantiene pendientes de resolver.
La idea de Pasosdeanimalgrande.com era obtener la información de los casos que ha recibido desde su fundación en marzo del 2018 a la fecha, los ya investigados y con requerimiento fiscal y el número de sentencias emitidas en los tribunales de justicia, si las hubiere.
Finalmente desde Relaciones Públicas enviaron al medio a la oficina de acceso a la información pública, una dependencia donde se debe agotar el tramite legal con término de 10 días hábiles y con las posibilidades de prórroga y de no obtener completa la información solicitada.
La FEPRODDEHH fue creada a través del acuerdo FGR 002-2018 del 14 de marzo de 2018, por la Fiscalía General de la República. Dos meses después, el 29 de mayo, nombraron a dos fiscales como encargados de la nueva entidad, Gerry Yassar Valladares y Melissa Medina.
Esta es la Fiscalía Especial responsable de garantizar, reconocer y proteger a las personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad. Y además la encargada de investigar y enjuiciar a los que atenten contra ellos.
Teóricamente cuenta con dos secciones de enjuiciamiento. Una para procesar a los servidores y funcionarios públicos y la otra de para las personas particulares que provoquen delitos en perjuicio de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Sin embargo, sus resultados hasta hoy son nulos.
La pregunta es, no hay nada de trabajo realizado o por qué motivos se esconde la información?, la población tiene derecho a saber qué está haciendo esta fiscalía, en especial a los beneficiarios de la Ley de Protección.