El 21 de enero recién pasado, haciendo uso del derecho ciudadano, contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, personal de este medio de comunicación digital, le solicitó a la Fiscalía General estadísticas relacionadas con el número de casos que han ingresado a la FEPRODDEHH en los últimos cinco meses. De septiembre del 2018 a enero del 2019.

Asimismo se le solicitó, estadísticas de los casos que ha investigado y de los que ha emitido requerimiento fiscal. El número de sentencias que ha logrado en los tribunales de justicia y el presupuesto que ha destinado para las operaciones de la FEPRODDEHH.

Y también se pidió información relacionada con el número de fiscales que han sido asignados a la FEPRODDEHH, instancia recién creada por las presiones internacionales que recibió el gobierno, derivadas de la enorme cantidad de amenazas, agresiones y asesinatos registrados en la última década, contra defensores de derechos humanos y periodistas.      

El artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena a todas las instituciones obligadas, resolver la solicitud de información pública, en el término de diez días. “En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo”, señala la Ley.

Para el cumplimiento de su deber, la Ley indica que las Instituciones deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico que les permitan la sistematización de la información, por lo que el cambio de personal no debería ser argumento válido para retraso en la entrega de información pública, pero en la Fiscalía así lo justifican, debido a que en esa dependencia solo mantienen a una persona.

“Notificarle la prórroga de 10 días más que dice en el Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la misma forma me disculpo por parte del Ministerio Público por el atraso de su información, en vista que se realizó un cambio en el personal operativo de la Oficina de Acceso a la Información Pública”, dice un correo electrónico del oficial de información pública de la Fiscalía para este medio de comunicación.

La Fiscalía General del Estado es una entidad muy cuestionada por su bajo rendimiento en la investigación y judicialización de los crímenes que registra este país, señalado internacionalmente de ser uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y para la defensa de los derechos humanos. La situación provoca mayor demanda de solicitudes de información, pero es difícil para una sola persona darles atención a todas las peticiones que llegan.

A lo anterior se suma que el Fiscal General, Oscar Chinchilla, también les ha prohibido a los fiscales de las distintas fiscalías especiales y a la Unidad de Comunicaciones, dar información específica de casos e incluso estadísticas, como las que pasosdeanimalgrande.com está solicitando.

Lavarse la cara

En mayo de 2015 Honduras se sometió al Examen Periódico Universal, (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), donde surgieron 152 recomendaciones para diferentes áreas, incluida la libertad de expresión.

Diversos países del mundo le pidieron al Estado de Honduras aplicar medidas y ponerles fin a los asesinatos, las amenazas y el hostigamiento contra los periodistas y defensores de los derechos humanos, recomendando investigar y condenar a los responsables de estos delitos.

Por esa razón, el 14 de marzo de 2018, la Fiscalía General de la República fundó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH), una entidad que hasta ahora no da muestras de avances en la investigación y judicialización de los crímenes.

En su momento levantó expectativas, pero luego, sus autoridades anunciaron que no se encargarían de investigar y judicializar la enorme cantidad de casos que se mantienen archivados en la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, donde duermen el sueño de los justos los expedientes de 75 periodistas asesinados.

El periodista y defensor de los derechos humanos, Andrés Molina, en declaraciones para este medio digital, dijo que la FEPRODDEHH fue creada por el Fiscal General únicamente para lavar la cara del gobierno.

El pasado 28 de enero de este año, el periodista Jairo López rindió una segunda denuncia a este ente, la primera fue el 15 de octubre de 2018, pero al preguntar por la primera denuncia la fiscal encargada en ese momento señaló que desconocía las actuaciones del 2018, lo que evidencia o una descoordinación o ninguna acción con respecto a esta grave situación que enfrenta el comunicador social.

De seguir de esa forma esta entidad, sencillamente queda demostrado que su creación viene a tragar presupuesto sin ningún resultado a favor de los beneficiarios de la Ley de Protección. Al entrar a esa dependencia se puede observar a más de 10 personas empleadas lo que en relación a los resultados denota un pésimo rendimiento.