La denuncia, presentada por la Mesa de los Derechos Humanos pide que el Ministerio Público investigue los delitos por lesiones, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, cometidos por los militares y policías, que actuaron en la represión contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el pasado lunes, 24 de junio.

Ese día un pelotón policías militares, ingresaron de forma irregular a la UNAH lanzando gases lacrimógenos y disparando con sus armas de fuego, para dejar a su paso a cuatro estudiantes heridos de bala; decenas de universitarios resultaron intoxicados por los efectos del gas y muchos dañados psicológicamente, corrían de un lado para otro, buscando protegerse de las balas.

Los cuatro heridos fueron internados de emergencia a un hospital público de la capital, en el que horas después a tres de ellos les dieron de alta y ahora se recuperan de las lesiones en sus casas de habitación, pero uno de ellos permanece internado porque una bala le perforó el glúteo y está teniendo fiebres muy altas pero su familia tendrá que comprar los medicamentos por falta de los mismos en ese centro asistencial.

Responsabilidad de mando

A juicio, de Ariel Díaz, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), en esa represión, los militares cometieron violaciones de los derechos humanos, en las que existe responsabilidad de mando por parte del secretario de seguridad Pacheco Tinoco y del jefe de la Policía Militar Aguilera.

Sostuvo Díaz, que todas las acciones han sido analizadas por la Mesa de los Derechos Humanos y que esa coalición le pide al Ministerio Público, investigar y castigar a los responsables, para que los hechos no se repitan.

Hasta hoy, la actuación del Ministerio Público no ha sido la más acertada, cuando se trata de altos funcionarios del Estado. Y a eso se suma, que el pasado martes, 25 de junio, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, justificó la violencia militar en la UNAH y acusó a los estudiantes de agredir a los militares con bombas molotov y otros artefactos.

El presidente Hernández tiene formación militar, y según él, en ese operativo donde la Policía Militar disparó con armas de guerra contra los estudiantes que estaban armados de piedras y palos, hubo “proporcionalidad de la fuerza”.

Los defensores de los derechos humanos son conscientes que la posición del presidente, podría entorpecer el proceso de investigación en el Ministerio Público, sin embargo, esperan que las autoridades actúen de conformidad con la independencia que les otorga la ley.

“Vamos a probar cuál es su función y si realmente vivimos en un Estado de Derecho, pero también recordemos que existen otros mecanismos internacionales para demandar por estos hechos al Estado propiamente”, indicó Díaz.

La denuncia contra el secretario de seguridad y el jefe de la Policía Militar, ocurre en un momento en que la Policía Nacional y la Policía Militar, están señaladas de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los asesinatos de al menos cuatro participantes en manifestaciones.

La mayoría de estos casos ocurrieron en la última semana, horas después de que el Consejo de Seguridad y Defensa, presidido por el Presidente de la República, ordenara un despliegue militar en todo el país, para intervenir las manifestaciones.

El último de estos crímenes, ocurrió el pasado 20 de junio, en Yarumela, La Paz, cuando un grupo de pobladores mantenían tomada la carretera y los miembros de la Policía Militar llegaron para desalojarlos violentamente.

En el operativo que de acuerdo a informaciones de los medios de comunicación era dirigido por teniente coronel Juan Bioney Maradiaga, un militar asesinó de un disparó en el pecho a Eblin Noel García Maradiaga, de 17 años.

Asimismo, en la noche del 19 de junio, en el desalojo de una protesta en la capital, elementos de la Policía Militar le infirieron un balazo en la cabeza a Luís Antonio Maldonado, de 29 años, quien de emergencia fue llevado al Hospital Escuela, donde falleció.

En esa misma noche, también se reportó el fallecimiento de Erick Francisco Peralta, de 38 años de edad. Él era conductor de un taxi y recibió un disparo en la cabeza cuando se dirigía para su casa, en la colonia El Pedregal de Comayagüela. En ese momento los militares disparaban sus armas para dispersar una manifestación pacífica, y una de las balas acabó con la vida de Peralta.

El 10 de abril, en Choluteca, la Policía Nacional realizaba el desalojo violento de una manifestación y un disparo atravesó la cabeza de Wilfredo de Jesús Moncada, de 17 años. Herido de gravedad el muchacho fue trasladado al Hospital Escuela, de Tegucigalpa y falleció cuando era ingresado a la emergencia.

La denuncia por los heridos en la UNAH

Después de describir los hechos de violencia militar y policial ocurridos en la UNAH, la Mesa de Derechos humanos estableció como medios de prueba algunas fotografías con heridas de las víctimas y un casquillo de proyectil recolectado en el lugar de los hechos.

La denuncia es legítima porque está amparada en el artículo 4.4 del decreto 34-2015 de la LEY DE PROTECCIÓN PARA LOS Y LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA que protege el derecho de personas defensoras a exigir y denunciar el cese de actos de violencia perpetrados por grupos o particulares, que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, destacó en la denuncia la Mesa de Derechos Humanos.

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