Los defensores son Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, a quienes una jueza de jurisdicción nacional los dejó en prisión en la audiencia inicial realizada el 31 de agosto y 01de septiembre de 2019, que es estuvo llena de pruebas viciadas del Ministerio Público.

 

Lo anterior es parte de tratos crueles inhumanos y degradantes que están penalizados,  contemplados en la Convención contra la Tortura, siendo una responsabilidad estatal prevenirla y sancionar a los funcionarios que la practiquen. 

 

Desde la llegada de Juan Orlando a la presidencia de la República el poder militar se ha fortalecido y las cárceles están manejadas por militares que exacerban las violaciones a derechos humanos cuando se trata de la oposición política o de personas que defienden los derechos fundamentales de los hondureños.

 

CONADEH dice estar investigando

 

A través de un comunicado el Comisionado Nacional  de los derechos Humanos, CONADEH,  dijo que estaba investigando del por qué habían sido trasladados a esa cárcel y no como lo indicó la jueza que los llevaran a una prisión en Olanchito, Yoro.

 

Además señala su titular Roberto Herrera Cáceres en el documento que esa institución no ha recibido ninguna comunicación posterior de la jueza donde se revoque la resolución y se cambie de cárcel.

 

En el comunicado reitera que solicitó desde finales del año pasado protección a favor de los defensores del Comité pro Defensa de lis Bienes Comunes y Públicos y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, ante el Mecanismo de Protección para que procediera de inmediato a brindarles medidas de seguridad.

 

Pero eso no se ha concretado aún, además organizaciones de derechos humanos ante el Consejo de Protección han exigido que la Fiscalía de Protección asuma su responsabilidad ante las amenazas de que son víctimas y la persecución de que son objeto las personas que defienden sus recursos naturales y el medio ambiente de los daños que está ocasionando la minera Inversiones Los Pinares en la comunidad de Guapinol.

 

Esta fiscalía se mantiene imperceptible y no está cumpliendo con lis objetivos para lo cual fue creada de acuerdo a la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia.

 

Es tal la aquiescencia del Estado a través del Ministerio Público que sin ninguna investigación que individualizara responsabilidades, les acusó a los imputados que están en La Tolva  de incendio agravado y retención injusta de la libertad contra un testigo que se contradijo en sus declaraciones .

 

Los objetivos de los fiscales es hacer ver a los defensores de Guapinol como una estructura criminal sobre  cual en febrero presentaron un dubujo donde  colocaron  31 miembros y en la audiencia contra los siete defensores manifestaron que tenía 51 miembros, con las caras visibles de ka lucha.

 

El Consejo Nacional de Protección constituido por instituciones estatales, gremios y organizaciones de derechos humanos emitió un comunicado el 02 de septiembre donde reconoce que las personas que integran el Comité pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos son defensores de derechos humanos.

 

No obstante en  los tratos crueles inhumanos y degradantes de que están siendo víctima los siete defensores de Guapinol se evidencia el poder que tiene la minera en toda la institucionalidad hondureña. 

 

Asimismo se ha entronizado una campaña de desprestigio contra las personas más visibles que luchan por el Río Guapinol, para desprestigiar la labor de defensa de los territorios, el medio ambiente y los derechos humanos en general.