Amador añadió que el Estado le ha levantado una alerta migratoria falsa acusándole de formar parte de una red mexicana de trata de personas, por parte de algunos funcionarios gubernamentales.

Aseguró que en reiteradas veces ha sido detenido en los aeropuertos durante sus viajes, debido a esa alerta que ha emitido el Estado en su contra.

Asimismo alertó a diversas organizaciones sobre el hostigamiento y apología al odio en su contra en redes sociales, realizadas por quien se identifica en Facebook como Alberto Torres, quien según él es un abogado litigante del Partido Nacional.

Alberto Torres, escribió en su perfil social colocando una fotografía de Amador: “Conozca este es uno de los pendejos, (el deformado) que dice representar a los Derechos de Delincuentes que ya están en reuniones para que usted y yo pasemos una amarga Navidad”.

Lo cual incidió en comentarios groseros e inhumanos que conlleva agresiones verbales que perjudican a su persona y al mismo tiempo hacen llamados a conocer e identificarlo para que alguien pueda hacer algo a su integridad física.

Sin embargo, el defensor expresó que va a proceder judicialmente contra Alberto Torres, porque considera que son amenazas personales que pueden perjudicar gravemente su integridad.

Añadió que no es una cuestión momentánea sino que otros actores afines del mismo partido han hecho acusaciones y menciones similares, lo que podría constituirse en una campaña institucional desde el Partido de gobierno.

Durante una protesta en el 2018 en la que acompañó a un estudiante, fue detenido y agredido por la policía en una posta, mientras lo tenían esposado de manos y le causaron heridas con los toletes. Posteriormente se hizo la correspondiente denuncia contra el policía Daniel Torres, por las agresiones que hasta el 2020 se iniciará un juicio oral y público que ha sufrido un sinnúmero de retrasos.

Los Defensores de Derechos humanos en Honduras son el grupo que más solicitan protección al Estado en la labor que realizan e irónicamente son los agentes de la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público, PMOP y otros funcionarios públicos los que más violentan a estos sectores sociales.

Este 09 de Diciembre se conmemora el Día Internacional de las personas defensoras de derechos humanos, según la Resolución número Resolución 53/144 de su Asamblea General de la ONU el 09 de diciembre de 1998.

Desde el golpe de Estado de 2009 se han intensificado los ataques contra esta personas que hacen uso de su derecho de defender los derechos humanos.

En junio de 2018 una juez dejó en libertad definitiva a los altos oficiales de la Policía Preventiva juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez Palma, responsables de los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones, abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, en el caso de la represión contra los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro y Ariel Díaz y ocho estudiantes, de la UNAH.

Aunque se ha presentado un Recurso de Apelación por esta impunidad suscitada por la jueza Gabriela Cristina Gallo, pero ni la Corte de Apelaciones ni el Ministerio Público han accionado.

Los altos oficiales en mención fueron llevados a juicio después de una denuncia ante el Ministerio Público por la Mesa de Derechos Humanos, los retrasos para librar requerimiento fiscal no se hicieron esperar y ellos gozaron de todos los privilegios en la sala de la jueza que llevaba el caso. Portaban celulares con los cuales tomaban fotografía de los abogados y de los defensores y defensoras de derechos humanos que observaban el jucio, a vista y paciencia de la jueza que nunca se los decomisó.

Las denuncias por diferentes ataques contra personas defensoras de derechos humanos suman una impunidad del 96 por ciento aproximadamente, los expedientes están llenos de polvo en las gavetas del Ministerio Público, que ni siquiera camina a paso de tortuga, contra sucede cuando le toca acusar a mujeres y hombres que defienden los derechos fundamentales de los hondureños, allí hay prontitud y pruebas contaminadas o falsas.

En prisión se encuentran ocho defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol, para ellos este día de nada vale la resolución de la ONU ni la Ley de Protección, el Estado quiere sentar un precedente para que la comunidad de los defensores de derechos humanos no ejerza su labor.

En lo que va del 2019 cada semana se han reportado dos ataques a defensores de derechos humanos, y una de las formas más crueles para cerrarles el paso es el asesinato, tal como sucedió con la defensora Berta Cáceres, Coordinadora General del COPIN, asesinado el 02 de marzo de 2016, aunque siete personas guardan prisión la familia señala que falta enjuiciar a los autores materiales que son los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA.