El 08 de mayo de 2014 la CIDH instó para que el Estado implementara las medidas cautelares a favor de las y los miembros de las organizaciones campesinas, entre estas están; el Movimiento Campesino Recuperación del Aguán, MOCRA, el Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez, MCRGC, como también el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA.

En dicha petición de medidas cautelares se menciona que desde el año 2010 se registraron “asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras” asimismo la CIDH el 06 de marzo de 2014 solicitó información al Estado sobre la adopción de la resolución del otorgamiento de las medidas y este no respondió a la misma.  

En una entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com al dirigente campesino Yoni Rivas, éste expresó que en el 2014 el Estado nunca tomó responsabilidad para implementar las medidas a través del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad este ente era el encargado de otorgar dichas demandas de la CIDH, porque no existía el Mecanismo de Protección.

Rivas agregó que el incumplimiento que se ha venido dando desde la resolución, las medidas pasaron al Mecanismo de Protección el 09 de diciembre de 2016, después del asesinato de los beneficiarios José Ángel Flores, expresidente del MUCA y el líder campesino Silmer Dionisio George, en octubre del 2016, debido a este hecho se produjo una ampliación de medidas el 06 de diciembre de ese año.

No obstante, en este mismo contexto se produjo la muerte violenta de otro campesino beneficiario de las medidas, Julio Alemán, en enero de 2017, cuando se dirigía a una reunión con Nora Urbina, quien ese momento era la directora del Mecanismo.

Asimismo Yoni Rivas destacó que la ampliación de las medidas otorgadas por la CIDH contempla establecer medidas cautelares a otro grupo de personas donde se incluyen los núcleos familiares de las y los líderes de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA y defensores del medio ambiente.

“El Estado hondureño no ha cumplido con dar protección a las personas beneficiarias ni investigado las causas que dieron origen a la medida cautelar para que no se vuelvan a repetir los hechos”, según lo expresado por el líder campesino.

Pero los argumentos del Estado para no brindar la protección efectiva van desde falta de presupuesto hasta pretextos de la Policía Nacional para acudir de forma pronta cuando sucede un incidente grave y debe actuar de manera urgente.

Los enlaces policiales no responden a las llamadas y la línea de emergencia en muchos casos está silenciada, es decir nadie la contesta, eso ha ocasionado el desplazamiento forzado de muchos beneficiarios a falta de la protección tal como lo mandó la CIDH.