Aunque la ciudad de Choluteca está en cuarentena y un toque de queda indefinido por el COVID-19, la policía no tuvo ningún obstáculo para ejecutar una orden de captura contra ella que ha sido una de las caras visibles de Bastión del Sur, organización que desde noviembre de 2017 en el marco del fraude electoral que llevó al poder al juan Orlando Hernández, mantenía manifestaciones constantes los miércoles y sábados.

Según han manifestado defensores de la zona, ésto era un obstáculo  para Mauricio Oliva porque si es que lograba  llegar al sector,  por lo menos se hacía acompañar de unos 300 elementos policiales, aún así su estancia no duraba mucho tiempo porque la protesta por su presencia provocada intensas manifestaciones.

Huete fue acusada por el Ministerio Público de tenencia ilegal de arma de fabricación casera(chimba) y almacenamiento de artefactos explosivos en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Además de ratificar el requerimiento fiscal el ente acusador solicitó prisión preventiva para la encausada. Los abogados Dilenia Herrera y Ely Portillo son sus representantes privados.

Al ser consultada por pasosdeanimalgrande.com en relación a la acusación y el sustento de la misma por parte del Ministerio Público, la abogada Dilenia Herrera manifestó que se desvirtuarán los cargos en la Audiencia Inicial y que fue un logro que el juez aceptara una caución de 30 mil lempiras y medidas sustitutivas a la prisión.

El juez impuso las medidas de firmar del libro del juzgado todos los martes de cada semana, no salir del país y no concurrir a manifestaciones tanto en Choluteca como en ninguna parte del territorio nacional, lo que deja visible la pretensión de violentarle su derecho a la protesta y dejar un mensaje a quienes quieran seguir protestando.

La profesional del derecho aseguró que el esposo de la defensora guarda prisión por los mismos delitos pero que logrará muy pronto su libertad.

Por su parte Johana Osorto, defensora de derechos humanos e integrante de la Red de Abogadas de la zona Sur, señaló que junto a otras organizaciones como la Acción Ecuménica de Derechos Humanos, acompañaron la audiencia para vigilar el debido proceso.

Destacó que se percibe que detrás del caso hay una persecución política del actual presidente del Congreso Nacional, quien ha desatado acciones contra las organizaciones de la zona Sur, de la disidencia política, de defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que cuentan quienes integran Bastión del Sur, con el propósito de desmantelar este último para no tener presión en su campaña política.

Osorto dijo que Oliva ha logrado en parte su propósito pues con la persecución contra Huete habían disminuido las movilizaciones y además la policía trataba de someter a la población y no lo lograba.

Contó que hubo una desarticulación de Bastión del Sur y Oliva cuenta con el alcalde Quintín Soriano como su aliado para lograrlo.

Osorto denunció que tienen información que  vienen más órdenes de captura y esta vez contra defensores de derechos humanos como José Gudiel y Nivia Vargas, debido a que “quieren poner un tranqulizante porque acá es una lucha fuerte contra los proyectos extractivistas, por lo que los defensores y defensoras juegan un papel muy importante al vigilar el respeto a los derechos humanos de las comunidades, por eso quieren silenciarnos impulsando acciones penales”.

Recordó que ella misma ha sido objeto de persecución penal donde el Ministerio Público y la policía le acusaron hace unos meses de proxenetismo para desprestigiar su labor en la defensa de los derechos humanos, pero al final logró un sobreseimiento con el apoyo de la Red de Abogadas de la zona Sur.

Esa acción del Estado de Honduras le obstaculizó su trabajo en la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión porque ella antes transmitía información a través de Facebook y era corresponsal de Radio Progreso y ha tenido que dejar esas actividades por todas las amenazas que enfrenta.

Denunció que aunque cuenta con medidas del Mecanismo de Protección las mismas no son efectivas, puso como ejemplo que la policía le tiene que implementar todos los días patrullajes afuera de su vivienda y hace más de un mes que no lo hace.

En cuanto a la Audiencia Inicial de Aleyda Huete, ésta se realizará el 31 de marzo próximo , donde los abogados defensores manifestaron están seguros que pueden desvirtuar la acusación del Ministerio Público.

Otros casos de persecución penal

En el año 2018 Carlos Galindo, quien participaba en las protestas, fue acusado de portación ilegal de armas de fuego y tenencia de explosivos de alta peligrosidad.

En ese mismo año Elvis Izaguirre, otro de los manifestantes, enfrentó los cargos de tenencia de arma artesanal (chimba) y tenencia de explosivos de alta peligrosidad, y ya tuvo un sobreseimiento definitivo con el poyo de la Red de Abogadas Defensoras de la Zona Sur.

Hace varias semanas el Ministerio Público sin haber citado al periodista Jairo López, publicó una acción penal contra él por delitos similares a los anteriores y libró rden de captura contra un policía que fue su escolta en enero de 2019 cuando el comunicador social fue capturado al cubrir una manifestación contra el presidente Juan Orlando Hernández, el 27 de enero de ese año, fue llevado preso y posteriormente dejado en libertad “por ahora”, con un expediente abierto.

El 22 de noviembre del 2019, López acusó al Fiscal Edson Godoy en la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. Él labora en la Unidad de Testigo Protegido del Ministerio Público. En la denuncia también incluyó al Subcomisionado Ponce Canales, subcomisionado Milton Obando, Subcomisionado Robert Núñez , actual jefe de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP), #6, en Choluteca, al Comisario Nahúm Andara, jefe de la DPI y el subinspector Kevin Gutiérrez, quien fue jefe de la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI), de Choluteca.

Interpuso la denuncia ante la Dirección Nacional de Supervisión del MP, por mal procedimiento en la devolución de un automóvil que no cuenta con acta de decomiso ni remisión y que tienen en su poder desde el 2019. Hasta ahora aunque hay irregularidades esta entidad acusadora no le ha devuelto su carro pero reinició acciones penales contra él.

López también ha acusado que detrás de esta persecución se encuentra la mano peluda del presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, quien a toda costa no lo quiere ver ni en pintura en Choluteca, tampoco que pueda reabrir su programa El Informador el cual fue cerrado porque Oliva y el Presidente Juan Orlando Hernández , según el periodista, amenazaron todos los medios de comunicación que no le dieran espacios aunque los pagara.

Esta es el acta de audiencia de imputado contra la defensora Aleyda Huete: