Este caso muestra un claro patrón por parte de las instituciones estatales -desde el Ministerio Público al Sistema Penitenciario y al Poder Judicial- de castigar a quienes se atreven a hablar para proteger sus comunidades, sus vidas y los bienes comunes. En agosto de 2019, los reconocidos defensores se presentaron de forma voluntaria ante la justicia hondureña para aclarar su situación legal, que se deriva de los actos que supuestamente ocurrieron cuando la compañía minera Inversiones Los Pinares y su seguridad privada trataron de desalojar ilegalmente un campamento local establecido para proteger las cuencas de agua locales.   Como resultado del intento de desalojo, testigos oculares vieron cuando un joven fue baleado por la seguridad de la empresa – hecho no investigado por las autoridades correspondientes, denunciaron.

Comunicado del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

La vida de los defensores de Guapinol y Sector San Pedro está en peligro por la negligencia del Poder Judicial.

Hoy, en el momento de excepcionalidad que enfrenta el país, el equipo legal de los ocho defensores de Guapinol y Sector San Pedro, encarcelados ilegalmente desde hace más de seis meses, presentó un recurso de exhibición personal a Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para poder garantizar el derecho a la salud y a la vida de los defensores que luchan por los derechos de la humanidad.

En medio de la pandemia mundial, nunca ha estado más clara la importancia de defender el agua y los bienes comunes y públicos que nos sostienen.   A pesar de la lucha pacífica para proteger el agua que nace en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y que abastece docenas de miles de personas en la región del Aguán, el Estado hondureño ha respondido criminalizando y castigando a los defensores del agua y promoviendo un proyecto minero ilegal que no tiene el consentimiento de la población local afectada.

Por tres semanas, la Corte de Apelaciones ha guardado un silencio irresponsable ante comunicaciones que se les han presentado para lograr la liberación inmediata de los defensores del agua, incluyendo una nueva solicitud de audiencia de revisión de medidas con el objetivo de revocar la prisión preventiva ilegal, y una manifestación pidiendo una pronta resolución a apelaciones pendientes. En ambos casos, la Corte de Apelaciones tenía la responsabilidad de resolver mucho antes de que la actual crisis sanitaria comenzara y ahora, por no responder, la situación de los defensores es aún más vulnerable. Como resultado de esta negligencia, los defensores están en una situación de mayor riesgo dentro del Centro Penal de Olanchito, por lo que responsabilizamos al Poder Judicial de su bienestar. Es urgente que puedan gozar de una medida sustitutiva, y hasta la fecha la Corte de Apelaciones no ha cumplido con la debida diligencia y la priorización del trámite para garantizar su liberación inmediata.

Este caso muestra un claro patrón por parte de las instituciones estatales -desde el Ministerio Público al Sistema Penitenciario y al Poder Judicial- de castigar a quienes se atreven a hablar para proteger sus comunidades, sus vidas y los bienes comunes. En agosto de 2019, los reconocidos defensores se presentaron de forma voluntaria ante la justicia hondureña para aclarar su situación legal, que se deriva de los actos que supuestamente ocurrieron cuando la compañía minera Inversiones Los Pinares y su seguridad privada trataron de desalojar ilegalmente un campamento local establecido para proteger las cuencas de agua locales.   Como resultado del intento de desalojo, testigos oculares vieron cuando un joven fue baleado por la seguridad de la empresa – hecho no investigado por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia de la audiencia inicial en agosto y septiembre de 2019, Lisseth Vallecillo, jueza que no tiene jurisdicción para conocer el caso, dictó auto formal de procesamiento por delitos que no requieren la medida cautelar de prisión preventiva. Aun así, a solicitud del Ministerio Publico y la empresa minera, la juez Vallecillo dictó auto de prisión preventiva, sin argumentación sólida que determine la proporcionalidad de la privación de libertad, en contra del marco normativo, que establece que esta medida debería ser la excepción y no la norma. Además, a pesar de que no hay peligro de fuga ni de que se destruyan pruebas, se han rechazado las solicitudes de sustitución de la prisión preventiva y al mismo tiempo, el Poder Judicial no ha resuelto los diferentes recursos contra la juez por sus acciones arbitrarias.

En el contexto de esta crisis sanitaria, el Poder Judicial es doblemente responsable de lo que pueda suceder a los defensores en relación con su vida y salud. Teniendo en cuenta que el Estado tiene la máxima responsabilidad sobre las personas que están bajo su custodia, en el caso de Guapinol, todavía es mayor porque están en prisión preventiva debido a la inutilidad de los recursos presentados ante las autoridades judiciales. Instamos al Poder Judicial a rectificar sus acciones de poner indebidamente en peligro la vida de los defensores de Guapinol y Sector San Pedro y a liberarlos ya.

Tocoa, Colón, 19 de marzo, 2020

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

¡Es hora de liberarlos ya!