El 16 de marzo de 2020 mediante el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 el gobierno de Juan Orlando Hernández se suspendieron varias garantías constitucionales entre ellas el derecho a la circulación y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, entre otros, pero el mismo incluye excepciones para algunos sectores, pero no para las personas defensoras de derechos humanos.

Los defensores y defensoras de derechos humanos han reclamado por esta trampa que en el fondo tiene que ver con no dejarles salir para que no puedan verificar in situ violaciones a los derechos humanos contra comunidades enteras.

La situación fue planteada ante el Consejo Nacional  de Protección donde se adujo que por el peligro de contagio no se podían dar salvoconductos a los defensoras y defensoras de derechos humanos.

Se sumó a ese burdo argumento el Congreso Nacional en su primera sesión virtual, el pasado 30 de abril de este año, que rechazó de tajo la moción del  diputado Samir Molina, para que se incluyera a las organizaciones no gubernamentales de Derechos humanos en las excepciones del decreto de suspensión de garantías, en el aspecto de libre circulación.

El argumento fue que deben evitar más contagios y el ente reconocido internacional es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), que es representante oficial.

Lo mismo se quiso esgrimir en las represiones contra manifestantes que protestaban contra el fraude electoral de noviembre de 2017 que llevó al poder a Juan orlando Hernández, cuando se pretendió retener al defensor de derechos humanos, Kevhin Ramos, que en ese momento , en diciembre de 2017, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, trataba de evitar que la policía golpeara a varios jóvenes, “se me dijo que solo el CONADEH podía ejercer la labor de derechos humanos y que nosotros no valíamos ni mier….”, dijo en una denuncia pública.

Diferentes organizaciones de derechos humanos  han manifestado públicamente sobre la necesidad vigilar la integridad física de la población que protesta en las calles por falta de alimentos  en el contexto de confinamiento, donde la mayoría de las personas no tienen inero para subsistir y es reprimida por la policía preventiva y militar. 

Amnistía Internacional recalcó en un comunicado público que los defensores y defensoras de los derechos humanos son todas aquellas personas que hacen valer los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales,  y que se esfuerzan por conseguir que tales derechos se apliquen y amplíen. 

Su función está reconocida en la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de la ONU  en marzo de 1998.

Dicha Declaración reconoce que el derecho de toda persona a defender los derechos humanos es fundamental para que se respeten y protejan derechos fundamentales.

Por lo mismo señaló que los Estados deben garantizar que todas las medidas que restrinjan el derecho a defender los derechos humanos incluidas las que imponen limitaciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica son proporcionadas y estrictamente necesarias para la protección de la salud pública.

Asimismo esta organización internacional recalcó  que los defensores y defensoras de los derechos humanos controlan el uso indebido del poder de los agentes no estatales. 

Por ejemplo, alzan la voz contra los abusos de las empresas y las corporaciones, en especial cuando incumplen las normas laborales y de derechos humanos en sus respuestas a la pandemia, desvían el impacto económico hacia los trabajadores y trabajadoras o no prestan protección adecuada contra el contagio a la población trabajadora en situación de riesgo.

Finalmente expuo que para salvar el mayor número de personas y medios de sustento para hacer frente a la pandemia del Covid-19, se debe reconocer y proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que puedan realizar su esencial labor y mitigar así los peores efectos de la crisis y garantizar que nadie se queda atrás.