En el país existen mil 270 casos positivos, ciento 22 recuperados y 93 personas fallecidas, según el sitio web del Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial covid19honduras.org.

La preocupación de la población hondureña por la situación que se atraviesa es palpable, por esta razón sectores como la comunidad LGBTI, el colectivo de trabajadoras domésticas remuneradas, defensores de presos políticos y organizaciones de derechos humanos, han interpuestos Recursos de Amparo para que se tomen en cuenta a estas poblaciones vulnerables. 

El director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, en una entrevista a pasosdeanimalgrande.com manifestó que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN y la Fundación para la Salvaguardia del Medio Ambiente en el Democrático Desarrollo Socioeconómico y de las Instituciones, FUNDAMBIENTE, presentaron un Recurso de Amparo contra la Presidencia de la  República, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER,  la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, por no salvaguardar y atender las necesidades y los derechos de las y los niños que sobreviven en situación de calle. 

Ruelas explicó que el amparo tiene como finalidad que el Estado pueda dar servicios de protección, refugio, prevención y atención a los y las niñas que no tienen casa donde quedarse, que pernoctan y sobreviven buscando comida en las calles de las principales ciudades del país. 

También mencionó que todavía no se ha dado respuesta a la acción interpuesta y lo que es peor es que no ven estrategias por parte del Estado de Honduras para dar atención a la niñez expuesta al contagio del virus del COVID-19, sumado a esto las otras carencias de alimentación, de abrigo, afecto, respeto y protección. 

El director de Casa Alianza dijo que esperan que el Estado hondureño se dé cuenta que no todas las personas tienen hogar y que los sectores vulnerables necesitan que se gire la mirada, su voluntad y sus recursos técnicos y financieros para dar respuesta a las necesidades de estos grupos. 

Por otro lado la abogada Kenia oliva, quien da acompañamiento a la Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas,  dijo que el amparo está basado en el derecho a la salud y a la vida de las mujeres que se dedican a las labores del hogar a cambio de un pago, ya que por un lado se han quedado desprotegidas por parte de sus empleadores  y por otro  el gobierno ha creado protocolos de bioseguridad para todos los trabajadores  menos para ellas. 

La abogada Oliva manifestó que espera la notificación esta semana sobre la resolución del recurso interpuesto porque según versiones la Sala de la Constitucional de la CSJ no trabajó la semana  anterior. 

De igual modo la abogada del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI -SOMOS CDC, Andrea Rodríguez, informó que el día 06 de abril organizaciones y grupos de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex de Honduras, mediante oficio 01-2020 COVID 19-LGTBI, solicitaron al ingeniero Gabriel Alfredo Rubí Paredes, que representa a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO, de manera urgente, el auxilio humanitario en el marco de la operación Honduras Solidaria.

Pero como respuesta obtuvieron que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS, es la institución que el Presidente Juan Orlando Hernández ha determinado atender y priorizar en la entrega de alimento solidario para la población adulto mayor y personas con capacidades especiales. 

Por lo que el día 22 de abril del 2020 se interpuso un amparo colectivo a favor de las poblaciones vulnerables de Honduras, especialmente de la población LGTBI, para que se mantenga y proteja el derecho a la igualdad, la alimentación, la salud y el derecho a la vida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en contra del Poder Ejecutivo a través de su titular Juan Orlando Hernández Alvarado, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y del Sistema Nacional de Salud y la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. 

La abogada declaró a este medio digital que la acción de amparo se interpone ante  la exclusión y marginamiento de la población LGTBI, de los beneficios de la ayuda humanitaria del gobierno en la emergencia nacional y en el marco de la operación Honduras Solidaria, que suministra alimentos, el kit de higiene a través del saco solidario a las poblaciones vulnerable y sectores de la mediana y la pequeña empresa, así como bonos solidarios que ayuden a mitigar gastos básicos, tal es el caso del pago de alquileres, agua potable, energía eléctrica, otros servicios públicos, así como transporte, ante una eventual emergencia, para ser distribuidos entre las personas de la población LGTBI. 

También dijo que la acción interpuesta es por la situación de falta de equipo médico y de bioseguridad en el sistema de salud en el contexto de la actual pandemia nacional y global del COVID-19.

Con respecto a la exposición al contagio en la que se coloca a la población, señalaron las condiciones inadecuadas de los centros hospitalarios para la atención de los pacientes afectados y La carencia de insumos y medidas de bioseguridad para las y los profesionales de la salud encargados de atender la actual pandemia. 

Cabe mencionar que dicha omisión implica que el Gobierno de la República no ha adoptado las medidas necesarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y contención del virus del COVID-19, expresó. 

La apoderada legal también comunicó que la acción de amparo se admitió mediante auto de fecha 23 de abril de 2020, con orden de ingreso No. 0801-2020-00001-ECO2, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso, siendo ese el único que estaba recibiendo escritos, mediante notificación electrónica declaró la falta de competencia de dicho juzgado para conocer de la presente acción de Amparo y por ende ordenó la remisión inmediata de la acción del recurso a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, a la fecha se ha tratado de contactar a la Corte para conocer la resolución de la acción sin embargo no se ha tenido efectiva comunicación, según lo explicó Rodríguez,

Por otra parte el apoderado legal de los defensores del ambiente de Guapinol, Edy Tabora, declaró que es urgente que la Sala de lo Constitucional resuelva el recurso de hábeas Corpus, presentado el 19 de marzo en favor de los ocho ambientalistas de las comunidades de San Pedro y Guapinol, del municipio de Tocoa, Colón, para que ellos recobren su libertad, por el peligro de contagio y porque son los responsables del sostenimiento de sus familias y ya llevan varios meses privados de libertad.