En una denuncia difundida en redes sociales por la diputada Doris Gutiérrez, se señala que el Poder Ejecutivo puede hacer compras directas sin licitación a cualquier empresa o persona, sin que haya un control de calidad de las vacunas que se comprarán supuestamente en los próximos meses.

El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, explicó que antes de la pandemia el Colegio Médico de Honduras, CMH,  y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, habrían alertado al gobierno que el sistema de salud no estaba preparado para presentar la atención debida porque estaba fragmentado, débil y con limitada capacidad de respuesta y gestión.

También agregó que en un informe de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, destacó que aunque había un incremento en la inversión en la salud pública,  se  observó una baja cobertura e insuficiencia de recursos económicos , humanos e  infraestructura inadecuada para garantizar el derecho a la salud.

Se suma la debilitación de las instituciones de lucha contra corrupción e impunidad, justo la pandemia se presentó para que los y las corruptas se beneficiaran desde el poder público, movilizando una importante cantidad de recursos financieros para realizar procesos de contrataciones más expeditas sin cumplir con los parámetros de transparencia, integridad y rendición  de cuentas, con el objetivo de desviar y robar los fondos, detalló Mejía.

El entrevistado es una persona con vasta experiencia en derechos humanos, leyes y ha participa en foros y universidades internacionales con sus conocimientos. Él describe que no se puede confiar en que se compren las vacunas en el marco dela  transparencia, si Honduras cuenta con el índice de corrupción más que en el 2019.

El 70 por ciento de la población se opuso a la cancelación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH y que el 68 por ciento considera que las instituciones del Estado son incapaces de luchar contra la corrupción sin el apoyo de una instancia internacional.

Reformas de las leyes en materia de salud pública

Doris Gutiérrez, diputada por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU-SD, explicó públicamente que en el Congreso Nacional se aprobó una serie de reformas a la Ley Especial de Vacunas Covid-19, donde se autoriza de manera irrestricta el uso de los fondos del Estado, con compras  directas sin mayores controles de transparencia y únicamente limitándolo a un supuesto control del Tribunal Superior de Cuentas TSC “cuyos antecedentes son de sobra conocida por todos nosotros”.

Según la diputada, no se establece una garantía en cuanto al precio y calidad de las vacunas porque las compras se pueden hacer tanto a la empresas farmacéuticas como a compañías jurídicas que no producen dichos productos,  simplemente con un certificado de la Agencia Reguladora Sanitaria ARSA, .

Otro aspecto más grave en el decreto es que definitivamente se eliminó el artículo que establecía el Consejo Consultivo de Expertos para dar la orientación técnica y científica de la adquisición. También el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, certifiquen las vacunas.

Esa preocupación se suma a la reforma del 10 de febrero de este año  en la Ley de la Agencia de Regulación Sanitaria,(ARSA), que pasa a estar bajo la tutela del Poder Ejecutivo para el manejo y desarrollo de los productos y servicios en el sector de la salud.

El diputado Luis Redondo, del Partido Innovación y Unidad PINU, denunció públicamente que las reformas a la Ley de ARSA son inconstitucionales porque otorgan al presidente de Honduras toda la potestad de decisión del sector de la salud.

Redondo detalló que en primer lugar la reforma establece que el Poder Ejecutivo nombra los tres comisionados del ARSA, los faculta para otorgar autorizaciones y sanciones, fiscalizará los permisos y servicios de interés sanitario, así como licencias a los establecimientos.

Suyapa Figueroa, presidenta del CMH, detalló a pasosdeanimalgrande.com que las negociaciones iniciaron desde mediados del 2019 y ahora el gobierno debía hacer fila con muchos países donde ya no tiene acceso a un acuerdo oportuno para las compras de la vacuna que aseguran la vida de muchos ciudadanos.

También agregó que la regulación del Congreso Nacional a la ARSA tiene que ver con el sistema de privatización que ha liderado el presidente porque primero separaron la institución de la Secretaría de Salud y ahora pasa a estar bajo el control del Poder Ejecutivo.

Lo anterior representa un peligro para la población ya que esta agencia es la que regula los permisos sanitarios, “el régimen está echando manos para asegurar la extorción a cambio de una autorización de operación, la magnitud de atribuciones de la ARSA, le otorga funciones por encima de un Comité de Ética con lo cual pueden autorizar o prohibir distintos medicamentos validándolos con estudios dudosos que pueden afectar a las personas”, describió Figueroa.