Pérez fue miembro de la Empresa Asociativa Campesina “El Chile” desde su fundación en 2009 hasta el 2016, fecha en que fue testigo ocular del asesinato de José Ángel Flores, presidente de MUCA y Silmer Dionisio George, quien también fungía como líder del movimiento, ambos eran beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

De acuerdo a una fuente recibió varias amenazas y hostigamientos obligándolo a salir de la zona como represalia por declarar en contra de los responsables de los crímenes, y aunque era una figura clave para esclarecer estos actos violentos contra los líderes del Movimiento Campesino del Aguán, MUCA, el Estado no lo protegió y de allí el desenlace fatal contra su vida.

No tuvo otra alternativa que regresar a su casa en Quebradas de la Arena  en el año 2018 , pero producto del peligro que corría no se incorporó a la empresa campesina de la cual era parte, en cambio trabajaba la albañilería y hacía un tiempo tenía un local de venta de comida con su esposa . Fue la última vez que lo vieron con vida, en ese sitio, pues un día después lo acribillaron a balazos.

La fuente que pidió el anonimato por peligrar su vida, dijo que el 20 de septiembre de 2020 fue capturado  uno de los asesinos de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, eso podría constituir la razón de su crimen, quizá su declaración serviría en el juicio contra los responsables de matar a los dos dirigentes del MUCA.

La falta de protección del Estado de Honduras  tiene en peligro de llevar a la tumba a dos testigos más, uno de ellos fue citado a declarar sobre los hechos en el mes de abril, pero decidió no presentarse por temor a represalias.

Quebrada de Arena escenario de otro crimen y más hechos violentos 

 El 20 de enero de 2012 aproximadamente a las 6:30 de la mañana en la comunidad de Quebrada de Arena, fue acribillado Matías Valle, también dirigente de  MUCA. Desconocidos que se conducían en una motocicleta le infirieron varios balazos cuando la víctima esperaba un autobús para trasladarse a su casa en la Cooperativa La Confianza. Este crimen también se encuentra en la impunidad.

El 10 de octubre  de ese mismo año, a las 10:00 de la mañana,  fue heridos de gravedad Isabel Murillo, de la misma comunidad de Óscar Javier Pérez,  por guardias de seguridad del terrateniente  Miguel Facusse,  en la Finca El  Chile. Fue atacado a balazos cuando pastoreaba sus animales.

Organizaciones y defensores de derechos humanos de El Aguán han denunciado la presencia de grupos paramilitares armados creados para sembrar el terror en la zona y deslindar la responsabilidad estatal. Estos grupos son protegidos por la policía y el ejército y andan a sus anchas en la zona, a pesar de que las autoridades tienen conocimiento de su existencia se hacen de la vista gorda y de esa forma van terminando con la vida de los liderazgos que han permanecido a pesar de la violencia de muchos años.

Medidas cautelares que no cumple el Estado de Honduras

El 8 de mayo de 2014, la CIDH a través del registro MC 50/14 - Líderes y lideresas campesinas del Bajo Aguán, Honduras, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros identificados de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), en Honduras.

La solicitud de medidas cautelares alega que desde 2010 se vienen registrando asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras.

El 6 de marzo de 2014, la CIDH solicitó información al Estado. A la fecha de adopción de la resolución de otorgamiento de esta medida cautelar, el Estado no había respondido a la solicitud de información. De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros identificados de las organizaciones MOCRA, MCRGC, MUCA y MARCA; que se concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición, destaca en el  informe anual del año 2014  ese organismo internacional.

Las personas beneficiarias de esta medida,, que suman más de 100,  se quejan constantemente de la falta de una implementación adecuada y el riesgo que corren porque la misma es implementada por la Policía Nacional que ha sido denunciada por confabularse con terratenientes del sector, a pesar de ello, esta fuerza armada está asignada para llevar a cabo la protección,  la que nunca cumple tal como lo ha solicitado la CIDH. El Mecanismo Nacional de Protección esta a cargo de ésta, ante quien reportan la falta de una protección idónea, de acuerdo al riesgo.