Denuncia
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Monitoreo de compromisos internacionales (100)
Monitoreo de compromisos internacionales
Es el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos internacionales sobre libertad de expresión y en general sobre derechos humanos del Estado hondureño.
El Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes, de Tocoa Colón, y los abogados de los ocho defensores de Guapinol , exigieron al Estado de Honduras cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que hace un llamamiento al Estado de Honduras para que ponga en libertad a los ocho defensores de Guapinol presos y que informe a este Grupo sobre la puesta en marcha de acciones encaminadas a remediar la privación de la libertad la cual es considerada arbitraria después de analizar las circunstancias en que se ha dado el juicio contra ellos.
El Estado de Honduras recibirá 223 recomendaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, el 15 de marzo de 2021, surgidas del Examen Periódico Universal 2020, donde adoptará el compromiso de cumplirlas y alinearse a los estándares internacionales a los que tiene la responsabilidad y el deber de seguir garantizando a la sociedad.
Las comunidades garífunas aglutinadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, desde una perspectiva colectiva de derechos de asociación y reunión, le apuesta a la defensa territorial que ancestralmente les ha pertenecido con más de 200 años de cohabitarla y que mediante dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, se ha corroborado.
Frente al Ministerio Público de Tela en el departamento de Atlántida, la comunidad garífuna exigió este 18 de enero de 20121, les devuelvan a Albert Snider Centeno, Suami Aparicio Mejía, Misael Rochez Calix, Milton Joel Martínez y Junior Rafael Juárez, a quienes hombres fuertemente armados vestidos con uniformes policiales les secuestraron en julio de 2020.
Betty Vásquez, coordinadora general del Movimiento Ambientalista SantaBarbarense , explicó que la organización que nació desde las bases populares en defensa del ambiente ha tenido muchas limitaciones provenientes principalmente desde políticos y empresarios que han obstaculizado el derecho de asociación y reunión con la criminalización, hostigamiento, amenazas y agresiones.
El Estado tiene una respuesta de represión especialmente hacia las organizaciones civiles limitándoles los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión, denunció Adelina Vásquez, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo Humano de Honduras, CDH, este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
En Honduras, la calidad de la información pública pasa por la apatía de los titulares de las instituciones obligadas para acatar las disposiciones de la Ley de Transparencia y por la falta de severidad del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en hacerla cumplir.
Los periodistas César Obando Flores y Geovanny Sierra, son víctimas de las demoras en el Ministerio Público y en el Sistema Nacional de Protección, según denunciaron. Ambos manifestaron que los funcionarios de esos dos entes los esquivan, no responden sus llamadas y ni siquiera indagan qué les está pasando.
En las recomendaciones del 2010 y 2015, los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recomendaron a Hondura reforzara la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esa presión internacional y de las organizaciones de sociedad civil dio como resultado la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales, y Operadores de Justicia.
El Estado de Honduras deberá responder a una serie de preguntas en relación a los derechos humanos en el país, cuando sea evaluado el 11 de noviembre próximo por el Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal, EPU.
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El Estado hondureño llevará una enorme mora en cuanto a cumplimiento de recomendaciones del Examen Periódico Universal, EPU, del año 2015, entre ellas las relacionadas con la libertad de expresión y la protección de las personas que en el país ejercen el periodismo.
Aparentemente la justicia no le toca, ya ha pasado más de un mes que le ha negado información al comunicador social y aunque fue denunciada por los actos, no hay nada que le detenga, la impunidad es su mejor aliada. La pregunta obligada es quién protege a la funcionaria responsable?
La nueva herramienta informática en línea denominada SIMORE , para el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para las personas defensores de derechos humanos es de gran ayuda porque evidenciará arbitrarias medidas impuestas por el Estado frente al contexto de la pandemia del COVID-19, pero también está el escepticismo ante la falta de cumplimiento a las observaciones de este organismo, en Honduras.
El cotejamiento de la información sobre el Covid-19 en Honduras se dificulta porque solo existe una fuente oficial y hay falta de confianza en las autoridades por la inexistencia de transparencia y los cuestionables datos difundidos en los últimos días que han generado suspicacias.
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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.