El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH denunció este 07 de abril de 2020 que "las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país" refiriéndose a los involucrados en el crimen contra Berta Cáceres.

Hace cuatro años, en la madrugada fue asesinada Berta Cáceres, la coordinadora del Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honudras, COPINH. La mataron dentro de su casa, con toda la impunidad que les dio el sistema estatal, que se trató de lavar las manos para deslindar su responsabilidad del crimen. En las primeras horas el Ministerio Público quiso colocarlo como un asesinato pasional, pero los criminales dejaron con vida a Gustavo Castro, un defensor mexicano, quien reveló la verdad de lo sucedido, se llevó a cabo un crimen político contra una de las personas más comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas.

La Misión de Observación del proceso judicial de Berta Cáceres, resaltó en su informe "na deuda histórica de la justicia", que el Estado no ha hecho esfuerzos notables para dar con los culpables intelectuales que planearon el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres, entre los que se encuentran miembros de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, contra la cual luchaba la líder indígena Lenca.

Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), acompañadas de otras organizaciones de derechos humanos, se presentaron en el Ministerio Público en la capital , para entregar más de mil firmas nacionales e internacionales que demandan enjuiciamiento de los autores intelectuales en el crimen de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y coordinadora del COPINH, en marzo de 2016.