El Juez de Sentencia Franklin  Marvin Arauz Santos, emitió un voto disidente sobre la resolución del Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón  que dictaminó este 16 de febrero de 2022, desconocer la resolución de la Sala de lo Constitucional,  de la Corte Suprema de Justicia que mediante la resolución en dos amparos declaró nulo el proceso penal contra los defensores de Guapinol. El juez en mención ordenó  librar los oficios a los directores de los centros penales de Olanchito y La Ceiba, para la inmediata libertad de los procesados Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Paniel Márquez Márquez, José Abelino Cedillo Cantarero, Kelvin Rromero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo y Orbin Nahún Hernández.

La falta de objetividad del Ministerio Público y el Poder Judicial, por medio del contubernio con la empresa minera Inversiones Los Pinares, podría tener como consecuencia una condena más de 10 años pretendida por el ente acusador para los ocho defensores del Río Guapinol que están encarcelados hacer más de dos años por oponerse a las operaciones mineras de dicha compañía. La sentencia será pronunciada este 09 de febrero de 2022.

Honduras pasa por uno de los peores momentos en materia de derechos humanos. La protesta social es uno de los derechos más reprimidos. Las personas que demandan derechos son llevadas a la cárcel , amenazadas o perseguidas. 

Un dron que vigilaba los movimientos de una protesta pacífica en Tegucigalpa,  frente a una empresa de pollos, fue el preámbulo de múltiples ataques físicos, verbales , sicológicos y después una captura violenta de fuerzas policiales  contra las personas que integran la Alternativa de Reinvindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH, el pasado 29 de marzo de este año.

Tres militares de la 101 Brigada Militar, están enjuiciados en los Juzgados de lo Penal de Choluteca, por torturar al joven Alexander Pérez, cuando venía de jugar futbol el 18 de diciembre de 2017. Los uniformados estaban reprimiendo una manifestación pacífica en el marco de las elecciones de noviembre de ese año, pero el muchacho no pudo escapar y lo torturaron.

La Mesa de Derechos Humanos en Honduras demanda que el Ministerio Público y el Poder Judicial pongan fin al uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Organización, Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), quienes deben comparecer a Audiencia Inicial este 13 de abril de 2021, en franca desigualdad ante la empresa avícola El Cortijo que contamina el Río Choluteca,  pero que es tratada con guantes de seda por la justicia y no es castigada por sus acciones contra el medio ambiente por el Estado de Honduras que utiliza la criminalización para sepultar la protesta pacífica en el país.

Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Víctor Hernández, María Teresa Valladares, y Fernando Hernández, de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH y pobladores de Tegucigalpa, permanecieron detenidos desde el 29 de marzo de 2021 bajo los cargos de desplazamiento forzado. Un juez les dejó con medidas sustitutivas a la prisión y esperan la Audiencia Inicial para el 13 de abril próximo.

Un exagerado despliegue militar que se mantiene hasta ahora,  y represión contra la población para propiciar reelección de un alcalde que apoya a hidroeléctrica Progelsa, denunciaron personas defensoras de derechos humanos del sector,  quienes temen un desenlace fatal por esta arbitrariedad.

La empresa en mención sin la consulta previa a la población se ha empecinado en apoderarse del  Río Petacón que es una fuente de agua para proveer de este líquido a toda la comunidad. Para lograr esta acción que conlleva el lucro , cuenta con agentes estatales como fiscales y policías que han promovido juicios ante los tribunales de justicia, una forma de criminalización para detener la resistencia a perder el río.

Los procesos judiciales  impulsados  desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, repercuten en la vida privada y profesional, según Cesario Padilla y Moisés Cáceres, ex líderes estudiantiles que vivieron los peores años de persecución al mando de la ex rectora Julieta Castellanos. Ellos enfrentan una sentencia de tres años actualmente por ejercer el derecho a la protesta social.