Con la distinción a Máxima, una campesina peruana de 51 años, varios medios de comunicación le llaman “la heredera de Berta Cáceres”, por oponerse a la instalación de un consorcio minero en su comunidad, por donde pasa un rio y a raíz del asesinato de Berta el pasado 03 de marzo.

Una noche con fecha 20 de abril, Berta caminaba hacia la tribuna del Teatro Opera, en la ciudad de San Francisco, California para recibir este premio en reconocimiento a su lucha contra las trasnacionales hidroeléctricas y mineras, allí  pronunció aquella frase que hoy se reproduce en consignas, mantas y grafitis “despertemos humanidad, ya no hay tiempo”.

Ambas mujeres han sido marcadas por un contexto de falta de acceso a la justicia, hostigamiento y el estigma por parte de quienes impulsan los proyectos de extracción sin la consulta previa, garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A través de este trabajo, pretendemos visibilizar los procesos de lucha impulsados por ambas mujeres, que deja a un lado el hecho de ser una simple casualidad recibir un reconocimiento que para muchos es como “El nobel a la defensa del medio ambiente”.

Agua Zarca y Yanacocha

Su paso por el tiempo en defensa de la tierra y los recursos naturales les une. Ambas lideresas enfrentaban en sus comunidades al monstro de la trasnacional y de paso a un sistema de justicia que da la espalda a los pueblos originarios.

Para el caso,  Berta Cáceres desde el año 2006 comenzó a liderar una lucha contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Rio Gualcarque y que dejaría sin el vital líquido a varias comunidades de los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, entre ellas Rio Blanco. La hidroeléctrica se gestiona bajo el auspicio de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), y el apoyo financiero de instituciones bancarias de Centroamérica, Europa y Asia.

En tanto Acuña, en una acción quijotesca protege desde el año 2010 la comunidad de Tragadero Grande, en Cajamarca, Perú, la cual es propiedad de ella y su familia. Lo que en un inició pareció una simple amenaza, terminó de concretarse con la construcción en ese mismo año de una carretera que atravesó parte de su propiedad, con ello marcó el inicio de las operaciones del consorcio Yanacocha, de capital estadounidense y del país andino.

Yanacocha está integrado por la empresa Newmont Mining Corporation, de Estados Unidos, que posee la mayoría de las acciones (51.35%) y la peruana Minas Buenaventura, la que irrisoriamente y bajo la lógica neoliberal solo cuenta con el 43% de las mismas.

Tanto en las luchas de Cáceres  como las de Acuña, tuvo una fuerte presencia la mano derecha de la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial ,(BM).

Oposición que ha costado sangre

La situación de violencia en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el continente permanece en riesgo, especialmente para quienes defienden los derechos de los pueblos, sus territorios y sus recursos naturales.

En el caso de Honduras y de la lucha librada por Cáceres, en primera instancia costó la vida de Tomás García, miembro de la comunidad de Rio Blanco y del COPINH, quien fue asesinado en el año 2013 luego de haberse realizado una protesta pacífica frente al plantel de DESA.

Han existido diferentes acciones de violencia contra quienes se oponen a la construcción de estos proyectos sin la consulta a las comunidades, ataques con machete y demás armas por parte de empleados de esta empresa, amenazas de muerte que en el caso de Cáceres fueron concretadas con su asesinato hace 46 días.

Mientras que en el país sudamericano, la resistencia a la mina Yanacocha propició una serie de movilizaciones a nivel regional en el año 2012. La respuesta no se hizo esperar y tras un enfrentamiento propiciado por la Policía y el Ejército en una de las acciones de protesta dejó como resultado cinco muertos.

Impunidad absorbe la justicia en ambos países

En ambos casos  ha tenido que correr la sangre inoceMte de los pobladores de ambas comunidades, para que la justicia por lo menos se deje ver e intente actuar en su deber de garantizar los derechos de los pueblos.

En Perú, Máxima se ha enfrentado a diferentes obstáculos para preservar el cuido de su tierra y el rio. Ella posee, según declaraciones brindadas recientemente a la BBC Mundo, desde 1994 un título de propiedad que en la actualidad ha pretendido desconocer la justicia en aquel país.

Acuña en conjunto con su familia fueron acusadas de usurpación de tierras en el año 2014 y fueron condenadas a dos años de prisión, además de pagar cerca de 2 mil dólares por concepto de daños a la minera y abandonar inmediatamente Tragadero Grande.

La defensa apeló la decisión ante la Corte Superior de Cajamarca y en el mes de diciembre del año en mención la familia fue absuelta de la condena impuesta en su contra.

Honduras y su sistema de justicia ha sido ampliamente cuestionado por favorecer intereses de la clase dominante y ensañarse contra quienes exigen el respeto de sus derechos. En el caso de Berta Cáceres, no solo enfrentó el hostigamiento por parte de DESA, sino que fue criminalizada en su accionar al ser acusada en el año 2013  por el delito de portación ilegal de armas, lo que desató una orden de captura por parte de la justicia local en el departamento de Intibucá.

Aunque logró salir limpia y con dignidad de este caso, Cáceres denunció en reiteradas ocasiones hasta su asesinato diferente tipo de amenazas en su contra, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, mismas que no fueron cumplidas en su totalidad para garantizar su vida.

En la actualidad el sistema de justicia no muestra resultados claros en torno a dar con los responsables del crimen contra la Coordinadora de COPINH, por el contrario, han declarado en total secretividad su caso mientras la empresa de la que ella recibió un sin número de amenazas continúa impunemente posesionada el Rio Gualcarque.

Es así como en este y muchos párrafos más, se pueden unir los procesos de lucha que encabezan estas dos lideresas latinoamericanas. No existen fronteras, el legado de una tras su asesinato es defendido en el Perú por Máxima, quien desde su comunidad escucha lo que el rio le dice y hoy recoge la herencia dejada por Berta, la niña guardiana de los montes y los ríos.