Según Global Witness en 2015 en Latinoamérica hubo 122 asesinatos, en Honduras sumaron ocho y en Guatemala 10; lo que convierte a estos dos países en los más peligrosos del mundo para defender derechos.

En comparación con el  2014 que se registró  un total de 116 defensores y defensoras muertos , 88 de ellos los mataron en Latinoamérica, 12 en Honduras y cinco en Guatemala.

Los ataques más comunes en ambas naciones son las amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios.

“Defendemos la tierra con nuestra sangre” que es el título del informe, el cual exploró el aumento de la estigmatización, las amenazas, los ataques y la falta de justicia que enfrentan las comunidades que luchan por proteger el medio ambiente frente a los proyectos a gran escala de concesiones mineras, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica.

Ejes a considerar

Mencionaron tres ejes que facilitan la vulnerabilidad de las y los defensores; el primero es la pobreza; en donde más de la mitad de la población hondureña se encuentra en una paupérrima situación, esto es el 62.8por ciento, mientras en Guatemala un 59.3 por ciento vive por debajo del umbral de la miseria, con menos de un dólar al día, según cifras del Banco Mundial.

Considerando que la mayoría de las personas pertenecientes a esta clase social son indígenas o campesinas, cuyas vidas dependen del acceso a la tierra y a otros recursos naturales.

El segundo factor es la justicia en los homicidios. En Honduras en el 2013 no se declaró a nadie responsable del 80 por ciento de los asesinatos de defensores,de acuerdo a una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); igualmente pasó en Guatemala.

Como último elemento la tasa de homicidios es una de  las más altas del mundo, destacó  la Naciones Unidas que señala un 58,5 por cada 100 mil habitantes en el 2015 y en Guatemala 30 por cada cien mil habitantes.

Zona peligrosa

Por su parte, Ericka Guevara directora para las Américas de Amnistía Internacional lamentó que el continente esté atravesando por una grave regresión en materia de derechos humanos, ya que todos los países enfrentan situaciones que ponen en riesgo la defensa de los derechos más fundamentales.

“Son las y los defensores que día a día ponen en riesgo sus vidas, sus familias y sus comunidades, que defienden con dignidad e integridad los derechos de todas y todos”, continuó.

Dando lugar que el ejercicio de los derechos humanos en las Américas se ha convertido en el ejercicio más peligroso, “precisamente porque esa defensa no solo atenta contra los intereses políticos, de una minoría sino contra los grandes intereses económicos de una mini minoría que tomando el tajo de las grandes mayorías terminan abusando y violentando los derechos humanos de todas y todos”, indicó Guevara.

De ahí que las y los defensores del territorio y medio ambiente no quedan exentos de los ataques de los mismos Estados haciendo uso del sistema de justicia que emprenden para acallar las voces críticas que estén defendiendo los derechos humanos.

De manera que no solo se ha convertido América Latina en una región peligrosa para defender derechos, sino que se ha transformado en la que los Estados violentan de manera desproporcional a las comunidades de defensoras y defensores, las que han sido marginalizadas y puestas en riesgo dada la labor que realizan.

Ya que los Estados debilitados por falta de confianza de la institucionalidad ha permitido que a través de las leyes y la firma de tratados de libre comercio y otro tipo de políticas neoliberales que puedan utilizar las instituciones que permiten los abusos a los derechos humanos.

Desarrollo con sangre

Por su parte, Martin Gómez el sub coordinador de MILPAH narró que en sus regiones lencas han venido sufriendo una crisis en cuanto a las amenazas personales, seguridad alimentaria, educativa, de salud, en todos los niveles.

Al incrementarse la venta de sus bienes comunes principalmente el territorio, el agua, el bosque, los minerales, el espectro radioeléctrico y la tierra, “esto viene a violentar el derecho indígena”, exteriorizó el defensor.

Es por eso que en MILPAH han tomado como doctrina la defensa de sus recursos naturales, porque para ellos y ellas es sagrado, por lo tanto es de su propiedad “así que el gobierno hondureño tiene que entender que todo lo que ha vendido, no es de él y todo lo que existe en nuestro país, nuestra oposición va a estar”, dijo Gómez.

Hizo mención del convenio 169 en los artículos 13 al 19, donde se refiere a la propiedad de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas; “de esa forma hemos querido decirle a las empresas tanto nacionales como internacionales, los banco internacionales que financian este tipo de proyectos, la intervención militarista y armamentista como si estuviéramos en guerra, todo esto violenta el derecho indígena y la paz de cada hondureño”.

Decirles que “esa palabra desarrollo que ellos nos presentan en las comunidades que va integrada con sangre, asesinatos, represión, encarcelamiento, criminalización, desaparición forzada, desalojos y venta de los territorios, no es bueno”, enlistó el lenca.

Prosiguió que no puede haber desarrollo mientras siga muriendo la gente en las comunidades, niños, ancianos, mujeres y hombres, hasta los animales por la contaminación de ambiente provocado por los grandes capitales de las empresas.

Solamente en el departamento de La Paz han ocurrido nueve asesinatos, cinco de ellos en el mes de diciembre del 2015, en su mayoría en total impunidad, por lo que pidieron al gobierno que sea transparente en la impartición de justicia.

 “No puede haber justicia si el gobierno aprueba decretos para criminalizar a nuestros pueblos, como no han podido desaparecernos con los fusiles están buscando otras formas de eliminarnos”,  finalizó Gómez.

Caso Honduras

El informe constató que el golpe de Estado del 2009 reforzó la hostilidad del ambiente para la defensa de los derechos humanos, la mayoría de las comunidades y movimientos sociales tienen entre sus miembros personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH; pese a esto siguen recibiendo ataques y amenazas a lo largo de los años. Fue el caso de Berta Cáceres, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, (COPINH), asesinada el 2 de marzo del presente año.

Aseguró que el Estado ha fallado en implementar medidas de protección efectivas para defensoras, no ha abierto canales de comunicación para que las beneficiarias puedan sugerir medidas de acuerdo a su forma organizativa, su ámbito de trabajo rural y comunitario y necesidades específicas para salvaguardar sus vidas.

Amnistía Internacional calificó positivamente la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, al mismo tiempo, tiene el reto de promover discusiones incluyentes de los diferentes sectores de la Sociedad Civil sobre los mecanismos y medidas de protección para las defensoras.

Instó a Honduras a adoptar medidas dirigidas a afrontar las causas estructurales de la violencia contra defensoras y defensores, además, de crear un ambiente favorable para defender los derechos humanos, esto pasa por el reconocimiento desde los más altos niveles a la labor que realizan.

La observancia de la impunidad que existe en el país frente a los ataques que sufren las defensoras se ha impuesto como regla general, la falta de investigación exhaustiva e imparcial que permita encarcelar a los perpetradores y autores intelectuales, lo cual envía un mensaje negativo de tolerancia de esta violencia por parte de las autoridades del Estado y debe poner punto final a la libertinaje.

Honduras ataques mortíferos

El recuento de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos como el asesinato de Berta Cáceres en su casa, fue el resultado de una serie de ataques mortíferos dirigidos contra su organización.

Esto empezó en el año 2013, con campañas de desprestigio, recibió varias amenazas de muerte, las que denunció públicamente por medios de comunicación, pero que ninguna autoridad se decidió a investigar, no le dieron la protección, pese a que la CIDH la había pedido.

Igualmente los ataques, acoso y amenazas contra los miembros del COPINH y del Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras,(MILPAH), las que se intensificaron después del asesinato de Cáceres.

Trece días después de la muerte de la lideresa indígena, el 15 de marzo,  otro miembro del COPINH de nombre Nelson García fue asesinado a tiros cuando regresaba a su casa y la investigación del hecho no ha arrojado ningún resultado.

Y el 06 de julio se encontró el cuerpo sin vida de la activista Lesbia Urquía en un vertedero de la ciudad de Marcala, departamento de La Paz. Una semana más tarde a Martín Gómez Vásquez siempre de  MILPAH, lo apedrearon cuando salía de la comunidad de Azacualpa, quien testimonió que los atacantes eran miembros de una familia que se atribuye una porción de tierras ancestrales del pueblo lenca.

No obstante, los abogados que llevan el caso del esclarecimiento del asesinato de Cáceres son víctimas de ataques e intimidación, el 13 de julio del presente año la Oficina de VíctorFernández representante y defensor, la asaltaron, extrañamente los ladrones solo se llevaron información referente al caso de Cáceres.

Otro hecho sucedió el 02 de mayo de este año, cuando le dispararon al periodista Félix Molina quien viajaba en un taxi por la capital del país, tras haber publicado un artículo sobre el caso de Berta.

Amnistía internacional consideró que las medidas cautelares deben seguir siendo un instrumento de exigencia de protección desde la Sociedad Civil hacia las autoridades del Estado, aceptando que hay varias falencias, no es suficientes que las y los defensores las tengan, sino tener en cuenta las causas estructurales, el reconocimiento de una labor legitima que realizan y que acabar con la impunidad es fundamental.

En términos de información cuando iniciaron la investigación en diferentes departamentos, se reunieron con autoridades y la única que no se pudieron reunir fue con el representante del ejecutivo Juan Orlando Hernández; posteriormente pidieron información al Ministerio de Defensa, al Instituto Nacional Agrario (INA), solo este último respondió a sus preguntas, los demás los ignoraron.

Además que intentaron por muchas vías reunirse con la fiscalía pero no fue posible “estamos un poco decepcionadas porque es parte importante el tema de acceso a la justicia para los defensores y las defensoras” concluyó