Los últimos dos gobiernos de Honduras han otorgado 537 licencias para explotación minera y 252 para generación de energía. La aprobación de estos proyectos irrespetan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  en donde se especifica que se deben proteger las tierras indígenas.

Por eso, 29 organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos, se unieron para lanzar la campaña “Defensoras de la Madre Tierra”, con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de sus territorios.

La ola de criminalización para las defensoras de la tierra se acrecentó a partir del golpe de Estado del 2009, tiempo en que se aceleró el otorgamiento de licencias a empresas nacionales, transnacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y generación de energía renovable sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.

En la voz de Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), “los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres de las comunidades garífunas”.

Por su parte, Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra,  “la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones”.

Ponemos los muertos

Una de las voceras de la campaña es Jazmín López que a su vez forma parte de la Comisión de Género de la Vía Campesina, recordó que las mujeres a través de los años se han reunido para elaborar propuestas, plasmar sus necesidades y dárselas a conocer a las y los encargados de aprobar leyes que beneficien a este sector.

Aseguró que en Honduras se criminaliza la defensa de la tierra, pero no la explotación de los recursos agrarios, es decir, los y las campesinas que siembran la tierra son llevadas a las autoridades porque las grandes transnacionales lo único que hace es acaparar, la tierra, el agua y todos nuestros recursos, nos dejan las tierras desoladas, desempleo y  migración.

Además estas compañías violentan sus derechos humanos llamándoles “usurpadoras”, lo cual  no es coherente que las acusen de tomar tierras “cuando somos hondureñas, nacimos aquí, nos han visto crecer en nuestros territorios y comunidades, rodeadas de los ríos, los árboles y los pájaros”.

Solo el departamento de Intibucá tiene 17 licencias para construir proyectos hidroeléctricos, la distribución de riquezas no es equitativa, “para los que defendemos los territorios nos toca poner los muertos, los presos y las presas, pero las empresas se llevan nuestros territorios”, dijo López.

Es por ello que las organizaciones de la campaña le exigen al gobierno la anulación inmediata de la Empresa DESA y que se respeten los convenios como el 169 de la OIT.

Lágrimas de madre

Durante el evento proyectaron un documental de la vida de la defensora lenca Berta Cáceres, asesinada el 02 de marzo del año en curso.

Durante el tiempo que pasaban sus imágenes, sus discursos y testimonios, doña Austraberta Flores, llevaba a su cara la pañoleta amarilla que portaba para secar las lágrimas que salían de sus ojos, a seis meses del asesinato de su hija Berta. En los cabellos de la anciana se visibiliza el paso de los años.

Doña Austraberta remembró que sus manos han traído al mundo más de 4 mil  lencas pues ella es de profesión partera y  le tocó resguardar la vida sobre la muerte.

Recordó que Berta, su hija ,“desde niña me asistió”, su voz se fue apagando, encogió sus hombros, mientras su nieta Marcela sostenía su cintura mirando al suelo, la mujer de canas grises, guardó silencio transmitiendo a las y los presentes el dolor de madre que salió de los más profundo de su corazón.

Respiró hondo y continuó con su disertación, narró como la indomable Berta la acompañaba en cada parto,calentaba el agua, le alcanzaba las jeringas y las pinzas, “éramos madre e hija, pero sobre todo amigas que recorrimos comunidades y aldeas carentes de clínicas y doctores, recibíamos la vida bajo la luz de una candela”.

Describió que en el nacimiento de una niña o niño lenca reconocen el marginamiento y la discriminación, lo que significa negarles desde pequeños los derechos humanos a una persona o grupo que su particularmente pertenece a una étnia, “sufren una segregación que deliberadamente crean las condiciones para despojarlos de sus derechos fundamentales”.

“Los territorios están más amenazados que nunca y las fuerzas públicas de seguridad están en la práctica bajo la tutela privada y que el sistema político se presta a darle un rostro legal”,  expresó.

A continuación los diputados Jury Sabas  de la Comisión de Derechos Humanos) y Yadira Bendaña, de la Comisión de Género del Congreso Nacional respectivamente, recibieron de mano de la madre de Berta Cáceres “una petición especial, que exige se derogue el contrato de concesión para las operaciones de la empresa DESA en el occidente del país, en el proyecto de “Agua Zarca”.  

Al evento asistieron algunas figuras políticas como Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación, (LIBRE), el diputado Rasel Tomé de LIBRE, el candidato del Partido Anticorrupción, (PAC),  Salvador Nasralla y la diputada por el Partido Innovación y Unidad  - Social Demócrata, (PINU-SD), Doris Gutiérrez.

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