Mientras en la “Casa de la Justicia” se entonaban cantos religiosos en una misa dirigida por el padre de la parroquia del “Perpetuo Socorro”, los golpes en el pecho y la colocación de una cruz de cenizas en la frente del presidente Rolando Argueta, como inicio de la cuaresma en la religión católica, custodiados por la Policía Nacional Policía Militar del Orden Público, PMOP.

Terminado el servicio, se escuchó que la movilización se acercaba a la CSJ, los guardias de seguridad empezaron a sacar unas gruesas cadenas con candados para cerrar los portones.

Se hicieron presentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, siete pueblos originarios (Lenca, Maya, Chortí, Garífuna, Misquito, Tolupán y Pech), para presentar el Recurso de Inconstitucionalidad  con el fin antes indicado.

El apoderado legal Víctor Fernández explicó que mediante dos decretos se convirtió en Ley una concesión para el proyecto de Agua Zarca que es beneficiario de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, (DESA), que según la investigación fue desde el cual se generó “el crimen contra la compañera Berta”.

En el recurso plantearon que hay una serie de antecedentes que deslegitiman dicho proyecto e implica la violación de tratados internacionales de los cuales Honduras es parte.

La especificidad de los convenios que definen los derechos de los  pueblos indígenas y que a través del procedimiento administrativo fueron desconocidos por el Estado a través de sus instituciones estatales como por ejemplo la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente,(SERNA), las corporaciones municipales y en última instancia el Congreso Nacional, informó el profesional del derecho.

Mencionó que la Relatora de las Naciones Unidas en su visita en el 2015 estableció en su informe que éste y muchos de los proyectos en Honduras, los pusieron en vigencia por acciones legislativas, por lo que queda en evidencia una vez más el uso de las acciones legislativas para perjudicar a las poblaciones, ya que no las consultaron, lo que fortalece el recurso interpuesto y le permite a la Corte Suprema de Justicia salvaguardar primero a los pueblos indígenas que es parte de su responsabilidad y en segundo lugar salvaguardar los intereses generales de la población.

“Es este el momento en que instancias de los poderes Legislativo y Ejecutivo  olvidaron los compromisos internacionales que tiene el gobierno y el Estado de Honduras, por eso le corresponde a la Corte legislar por medio de sus sentencias en sentido negativo, esto es, dejar sin valor y efecto los decretos impugnados”, indicó Fernández.

Hablan Indígenas

En la foto de izquierda a derecha: Miriam Miranda-OFRANEH, RamónMatute-Tolupanes, Martin Gómez-lencas, Marlen Zelaya-misquitos,

Maurely Quiator-Pech y  AntonioRamírez Arias, Maya-Chortí

Garífunas

Con las reformas del Código Penal este gobierno demostró que se está instaurando una dictadura en el país, porque “no es posible que defendamos los bienes comunes, no puede ser que nos van a meter en un saco a todos en nombre del combate al terrorismo”, señaló Mirian Miranda, Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH).

Agregó que es una dedicatoria para “criminalizar a todos los movimientos sociales, es irreal, solo este país está haciendo una Ley antiterrorista para quién, por qué” indagó la lideresa.

Al tiempo que señaló “aquí todo mundo sabe quiénes son los grupos criminales y ellos están tranquilos, hay una cacería total contra la juventud, eso no debe estar pasando” .

Aprovechó el momento para hacerle un llamado a todo el pueblo hondureño, ya que lo que sucede hoy “les va a afectar a los hijos de nuestros hijos”.

“Ya pasó un año del asesinato de Berta, no hay respuesta a sus reclamos y “DESA debe salir del territorio hondureño, ese proyecto de muerte debe clausurarse, así como todos los que se están aprobando para asesinar a nuestros pueblos” apuntó Miranda.

Tolupanes

El representante del pueblo Tolupán ,Ramón Matute, manifestó que como etnia están apoyando el recurso interpuesto por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), alzando la voz, exigiendo justicia y la captura de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, igualmente para los líderes que han sido asesinados dentro de sus pueblos y que se encuentran en total impunidad.

Mencionó el crimen del Tolupan José Santos Sevilla  el pasado 07 de febrero de este año, “a él lo mataron por defender su tierra y sus bosques, por lo que le exijo al Estado que haga justicia”.

Denunció la criminalización estatal, las muertes desde las empresas extractivas, de explotación maderera, según Matute van más de 100 Tolupanes muertos incluyendo a dos líderes de la Federación de Tribus Indígenas Xicaques.

Lencas

Por su parte el lenca Martin Gómez Vásquez indicó que a veces las muertes que tienen su raíz en la lucha por los proyectos “son tantas que no los podemos contar”.

Haciendo memoria que el Convenio 169 se firmó en el año de 1995, pero que la ola de represión recrudeció después del golpe de Estado del 2009, Gómez enlistó el hostigamiento, tortura, asesinatos, discriminación, abuso de poder por parte del gobierno, como resultado del incumplimiento de los tratados internacionales.

Es el motivo por el cual se han unido para presentar el Recurso de Inconstitucionalidad, y que se acelere la investigación en el asesinato de Berta Cáceres, “porque eso ha quedado estancado, sin la presentación de los autores intelectuales no ha caído ninguno y los queremos ver ya en la cárcel porque tienen que pagar”, interpeló el indígena.

Misquitos

Lo que orilló a Marlen Zelaya originaria de la Mosquitia, de la comunidad de Aguas a unirse a la exigencia de justicia fue el asesinato de Juana Jackson, su hermana y su sobrino aun en el vientre materno, hecho acaecido el 11 de mayo del 2012, a manos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y elementos del ejército hondureño.

Jackson dejó dos pequeño niños huérfanos, por eso Zelaya está aun a la espera de justicia por esos crímenes, “aquí estoy para dar una lucha, para buscar justicia”, manifestó.

Pech

“En nuestro pueblo han sido asesinados varios líderes por la defensa de nuestros territorios y ahora están entrando los proyectos hidroeléctricos sin consulta” ,declaró  Maurely Quiator originaria de los Pechs de Olancho.

Es por eso que se ven en la necesidad de unirse y en la actividad que amerita, acompañar al pueblo Lenca en sus denuncias, porque “nosotros también vamos a poner algunas acciones en contra de estas empresas”.

Razonó que uno de los adelantos de las mujeres Pechs es que desde hace un tiempo comenzaron a conocer sus derechos, “estamos en ese avance para poder sacar nuestras voces ante la sociedad de este país”.

Maya Chortí

“Nosotros estamos acompañando el proceso de los hermanos porque somos un mismo pueblo, los indígenas debemos estar unidos”, aseveró Antonio Ramírez Arias.

El motivo de su comitiva es porque avizoran que “lo que hoy ellos están enfrentando también tenemos la misma problemática en el pueblo Maya, debido a que está en lista de espera para iniciarse y proyectos mineros, pero otros como Copan I, Copan II, en el proceso de ser explotados”, notificó  Ramírez.

Algo en común con los otros pueblos hermanos es la persecución y hostigamiento para las y los líderes, comparó el líder indígena.