El lunes 27 de marzo, los familiares le entregaron a la MACCIH el informe que hoy colocaron  en manos del Ministerio Público.

“Seguimos en la búsqueda de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres Flores, porque únicamente están los que la ejecutaron, tenemos interés en que aparezcan los que los mandaron a matar”,  expresó su madre Austra Berta Flores.

Informó que harán la solicitud para que el Fiscal General les atienda y exponerle personalmente los resultados de las investigaciones, ya que ha pasado el tiempo y aun este asesinato está en la impunidad”.

Los parientes de Cáceres continúan solicitando que se instale una Comisión Especial y así “poder probar la verdad”.

Por el momento Doña Austra Berta y su familia esperan que los documentos entregados este martes 28 de marzo “sean tomados en serio, porque para empezar las funciones la Empresa de Desarrollos Energéticos violentó el derecho de las comunidades indígenas de la consulta previa, libre e informada”.

Estado ignoró detalles

En el informe hay una sección con el título “Diez verdades incontrovertibles sobre el asesinato de Berta Cáceres”, entre los puntos se encuentra la denuncia que hiciera en vida de los 49 proyectos hidroeléctricos transgrediendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo Salvador Zúniga.

En segundo lugar establece las irregularidades en las que se ejecuta el proyecto de Agua Zarca, recordando que es el Congreso Nacional es el único que tiene potestad de extender la potencia, le aprobaron por 14 Mega Watts, sin embargo, la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) se atribuyó la función de ampliarlo a 21 Mega Watts y lo hicieron directamente con DESA.

El abuso es más grande “porque lo mandaron a publicar en el Diario Oficial La Gaceta”, también la contratación de aguas que le corresponde al Legislativo para DESA era de 20 años, pero SERNA sin consultar amplió  el aprovechamiento de las aguas a 50 años, “es absolutamente ilegal”,  indicó el dirigente indígena.

No se hicieron los estudios de impacto ambiental, ecológico y cultural e incluyendo el estudio hidrológico que dura un periodo de cuatro años, esto es, la observancia de cuatro inviernos y cuatro veranos para ver los picos en la baja del rio, y para DESA lo realizaron en seis meses.

La socialización que presentaron fue extemporánea, “no hubo consulta previa, libre e informada”, según la Relatora de la ONU “la consulta es posterior” a la construcción del proyecto, por lo cual, “este proyecto esta coludido con la corrupción y tráfico de influencias de los hechos entorno al “crimen de la compañera Berta Cáceres”, aseguró Zúniga.

“Fue un crimen motivado por los miles de millones de dinero que iban a percibir y que con la lucha de Berta no avanzaban estos proyectos, entonces llegaron al extremo de asesinarla, las hipótesis establecen que fueron estos empresarios los que llegaron a la decisión de pagar para matarla”, interpeló.

Respecto a la demanda que DESA entabló contra Suyapa Martínez directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEMH) dada por nula pero que este lunes se supo que la empresa apeló la decisión de la jueza, Zúniga manifestó que “a la compañera Suyapa Martínez la tratan de presionar para callarla y el pueblo hondureño debe cuidar y exigir medidas para proteger su vida”.

Ya que es una estrategia de DESA para criminalizar a las personas defensoras, “se trata de sembrar un precedente para que la gente baje el perfil del reclamo de justicia, no solo por Berta sino por todos los ambientalistas”, argumentó.

Añadió que es necesario “denunciar las redes de corrupción que generan los asesinatos como lo fue el de Janeth Kawas, Carlos Luna, Carlos Escaleras, Carlos Flores, entre otros.

Fiscalía de las etnias

La Fiscal de las Etnias Jany del Cid fue designada para que se reuniera con la familia de Berta Cáceres, paradójicamente, esta unidad no conoce de manera oficial del asunto, porque se le asignó a la Fiscalía Delitos Contra la Vida, reveló que existe la posibilidad de que sea nombrada como una especie de enlace entre el MP y los parientes.

Mencionaron un punto de las recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas que fue “el fortalecimiento de la Fiscalía de las Etnias”, por el hecho de que cuentan con deficiencias en recursos financieros y humanos, para realizar la tarea que se les ha encomendado.

Un reto a enfrentar es que para diciembre de este año esperan evacuar todos los casos relacionados a los 49 proyectos hidroeléctricos, algunos ya en funcionamiento y otros en proceso; a pesar de que para este trabajo solamente cuentan con cuatro fiscales a nivel nacional.

Pero es de notar que en la gran mayoría de las dependencias del MP desconocen el convenio 169, por ende en los territorios se les aplican de manera general los requerimientos fiscales a los pueblos indígenas.

En tanto que es complicada la labor de esta Fiscalía, ya que en el hilo de los involucrados en los proyectos millonarios están inmiscuidos políticos, militares y grandes empresarios.

Ejemplificando que David Castillo, uno de los encausados por el crimen,  laboraba en dos lugares a la vez, en DESA y en el Estado Mayor Conjunto del Ejército de Honduras, tiene una empresa que se dedica a vender equipo de oficina “sobrevalorado”, pasando a ser parte de la Junta Directiva de la hidroeléctrica; se trajo a colación que en las denuncias de las amenazas que recibió Berta Cáceres expresando que “Me va a mandar a matar David Castillo”.

En una publicación de TheGuardian el martes 28 de febrero de este año señala que el proyecto está a cargo de Desarrollos Energéticos SA, (DESA), que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales.

El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un ex oficial de inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es ex ministro de Justicia. DESA contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015. Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte vinculadas a su campaña contra la represa, incluyendo a varios de los empleados de DESA.

Entre los políticos mencionados que de alguna manera amenazaron a la defensora Cáceres están el ex alcalde de Intibucá Martiniano Meza quien se encuentra buscando un proceso abreviado haciendo uso de componendas políticas con Elder Vásquez y el vice alcalde de Santa BárbaraRaúl Pineda, este vertió amenazas e insultos en contra de la lenca, según denuncia de los familiares.

Otro elementos fue el retiro del caso del Fiscal Jair López, es un reconocido profesional del derecho perteneciente al bufete Cuéllar-Gálvez-Cerrato-López y Asociados, del cual es socio el fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar. Actualmente López lleva importantes casos de empresas y gente poderosa en Honduras, entre los que destacan la defensa de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), por una denuncia que hizo en su momento el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

En un principio las licencias ambientales las firmaban los funcionarios Darío Cardona y Marco Jonathan Laínez, pero últimamente las está concediendo el Ministro José Antonio Galdámez, quien deberá comparecer para dar explicaciones del impacto de algunos proyectos que llevan estampada su firma.

Antecedentes de DESA

El 29 de junio del 2010, un año después de la Constitución de la Empresa, el Ejecutor Especial de la Sociedad Francisco Ayes Callejas, exhibió el Acta de la Asamblea General de accionistas.

La directiva quedó conformada por Jorge Fabián Corea Lobo (Presidente), Roberto Pacheco Reyes (Secretario), Carolina Castillo Argueta (Representante Legal), Roberto David Castillo Mejía (Desarrollador Gerente), Fernando Alvarado (Financiamiento Estructurador) y Francisco Rivas (Ingeniero Electricista).

Sus socios actuales son “Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. PEMSA” representada por Gerardo Carrasco Escobar. Esta empresa colocó un presupuesto de 16 millones 650 mil lempiras; al grupo de inversiones “Las Jacarandas S.A. de C.V, representada por José Eduardo Atala Zablah quien pagó 33 millones 350 mil lempiras para un total de 50 mil acciones con valor de 50 millones de lempiras.

Acerca de David Castillo con formación en inteligencia militar, quien había sido reparado civilmente por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por dos hechos; el primero por percibir doble salario (la ENEE y adscrito a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras) y por vender (2007-2008) equipo de oficina sobrevalorado a las Fuerzas Armadas a través de una empresa de su propiedad (DIGICOM).

El contrato de operación para generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica entre la SERNA y DESA en resolución administrativa No. 1661-2009 emitida el 14 de diciembre del 2009 y la suscripción del contrato el 22 de enero del 2010 bajo la administración del representante de facto Roberto Micheletti.

Su licencia ambiental se le otorgó mediante la resolución administrativa N0. 0919-2011 de fecha 24 de marzo del 2011; licencia ambiental categoría 2 extendida por la SERNA el 25 de marzo de 2011, conforme al contrato de operación contempla un periodo de 50 años.

Se le extendió un acuerdo de apoyo emitido por la Procuraduría General de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de diciembre del 2010 de 14,458 MW y el Estado se constituye como aval de la Empresa Nacional de EnergíaEléctrica (ENEE).

El Estado de Honduras a través de sus funcionarios (Gerente y Junta Directiva de la ENEE, el Procurador General de la Republica, el representante del ejecutivo,la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional  y Pleno de Diputados) formalizó en todas sus fases un compromiso económico con DESA sin que esta cumpliera con el requisito de licencia ambiental.

Mientras que la modificación del contrato de operación suscrita entre el Vice Ministro de SERNA y la apoderada legal de DESA el 17 de enero del 2012, fue publicada en el diario La Gaceta No. 32,729 de fecha 24 de enero del 2012; esta no paso por la aprobación del Legislativo siguiendo la línea legal de un dictamen, el que aumentó a 21.7 MW.

La tasa interna de retorno en el contrato a 20 años con 14 mil 458 MW es de 2.74 millones de dólares anuales, y con 21.7 MW es de 4.48 millones de dólares anuales.

Estatus de las tierras

El 10 de octubre del 2011, la SERNA solicitó al Instituto Nacional Agrario (INA), determinar por petición y Acta de Compromiso suscrita con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el estatus de propiedad de los terrenos donde ubican el proyecto de generación.

Por su parte, el informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de fecha 21 de julio del 2016 cita: En 2011, DESA comienza a adquirir tierras en la región de Rio Blanco, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, supuestamente de propiedad privada y municipal, para la construcción de la represa.

Sin embargo, las tierras eran parte del territorio ancestral de comunidades lencas de Rio Blanco, que incluyen las comunidades de La Tejera, El Barreal, Valle de Ángeles, La Unión, San Bartolomé, El Naranjo, San Pedro y San Antonio.

Crónicas de Actos violentos

Continúa el informe asegurando que el asesinato de Berta Cáceres no fue el único que se cometió alrededor del proyecto “Agua Zarca” dentro del territorio lenca.

En primer lugar remembra el asesinato del dirigente lenca Tomar García, miembro de la Comunidad de la Tejera, mientras participaba en una protesta contra el gobierno, Kevin Saravia de las Fuerzas Armadas le disparó, lo condenaron en el 2015.

El 24 de mayo del 2013, Berta Cáceres fue acusada por el delito de posesión ilegal de armas de fuego en perjuicio de la Seguridad interior del Estado.

Para el 26 de enero del 2014, Cáceres fue capturada por miembros de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), quienes le mostraron una orden de captura poniéndola en libertad horas después.

Berta Cáceres y Tomas Gómez fueron acusadas por un Fiscal del Ministerio Público de la Esperanza, Intibucá por los delitos de usurpación de tierras, coacción y causar daños por más de tres millones de dólares a DESA, sobreseimiento definitivo el 09 de enero del 2014.

Por el crimen contra  Berta Cáceres guardan prisión los autores materiales Douglas Geovany Bustillo (teniente retirado trabajó en la seguridad de DESA), Mariano DíazChávez (instructor de la Policía Militar del Orden Público “PMOP”, mayor activo de las FFAA, dado de baja deshonrosa el 10 de junio del 2016), Edilson Atilio Duarte Meza (capitán retirado del ejército), Sergio RamónRodríguez (gerente social, ambiental y de comunicaciones de DESA), Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Emerson Eusebio Duarte, Henry Javier Hernández (ex militar) y Oscar Arnoldo Torres Velásquez.

El 29 de septiembre del 2016, la magistrada de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán,María Luisa Ramos, sufrió un supuesto asalto a  su vehículo, nadie se puede explicar por qué llevaba el expediente de la investigación del crimen contra Berta Cáceres. Por su parte el ex director de Fiscales del MP y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia calificó el hecho como “intrascendente” y hasta la fecha no han emitido ningún informe.

El 10 de octubre del 2016 la magistrada ponente del caso de apelación, María Luisa Ramos, dictó la sentencia confirmando el auto de formal procedimiento en contra de los imputados detenidos como autores materiales de Berta Cáceres.

Relatora especial ONU

La declaración final misión a Honduras de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, la cual finalizó el 10 de noviembre del 2015 señala que un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales.

Incluso en los casos en que los pueblos indígenas tienen tierras tituladas, se ven amenazados por reclamaciones de terceras partes que se superponen sobre las tierras indígenas por proyectos de desarrollo en los sectores extractivo y energético, ciudades modelo, turismo y áreas protegidas.

“He escuchado preocupantes alegaciones sobre autoridades locales y otras implicadas en la venta ilegal de tierras y en otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la Relatora.

Los pueblos indígenas expresaron también su preocupación sobre los proyectos de desarrollo de recursos naturales, como represas hidroeléctricas, que han sido aprobados a través de legislación nacional no consultada previamente con ellos, como en el caso de la represa de Agua Zarca.

Miembros de la comunidad Lenca que se han opuesto a la construcción de la represa, por motivo de los impactos a sus medios de vida y cultura, informaron sobre graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas e intimidación, señala el informe de la Relatora.

Lamentablemente esta no es una situación aislada y se me ha informado de abusos similares a los derechos humanos en el contexto de otros proyectos hidroeléctricos que afectan al pueblo Lenca, de concesiones madereras y mineras que afectan al pueblo Tolupán o proyectos de turismo e infraestructuras en tierras garífunas, destaca el documento.

Lea en más detalle el informe de la Relatora para Pueblos Indígenas Aquí.