Rodríguez es uno de los ocho imputados por el asesinato de Cáceres, el 02 de marzo de 2016. Fue arrestado en Tegucigalpa el 2 de mayo de 2016. La data telefónica lo identifica como la persona que monitoreaba las actividades de Berta Cáceres y otros miembros de COPINH, a través de una red de informantes pagados por DESA. Coordinaba campañas para desprestigiar y perseguir legalmente a las personas opositoras al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Efectuó varias amenazas en contra de Berta Cáceres y miembros del COPINH, de acuerdo a lo que ha denunciado esta organización a través de su página de Facebook donde está informando sobre los acontecimientos de la audiencia de proposición de pruebas.

Además de Rodríguez están como imputados Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor del Ejército), los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, capturados por la ATIC en el marco de la Operación “Jaguar” entre mayo de 2016 y febrero de 2017.

No quieren que se investigue a DESA

La abogada Celeste Cerrato quien junto a Jahir López son del equipo de la defensa de los involurcados, adujo que "el juzgamiento no es contra DESA, aquí quien está sentado es Sergio Rodríguez, así que deben juzgarse solo las personas que están sometidas al proceso".

Los abogados acusadores privados que representan a la familia de Berta Cáceres propusieron que se llamara como testigo a Atala Midence. El tribunal preguntó a los fiscales si esta información es cierta a lo que respondieron que “haciendo uso al derecho de reserva de la información y la secretividad en las investigaciones, no podemos pronunciarnos sobre posibles investigaciones a Daniel Atala, porque no estamos autorizados para hablar sobre investigaciones de autoría intelectual en el caso”, informó el COPINH, al finalizar este sábado parte de la audiencia de proposición de pruebas la que continuará el lunes 03 de septiembre de 208.

Otra de las pruebas solicitadas por los abogados acusadores es el análisis de los aparatos con información sobre Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Rodríguez, se decomisaron en los allanamientos a la hidroeléctrica DESA.

Para el abogado Omar Menjívar, quien integra el equipo de profesionales del derecho que representan a la familia de Berta Cáceres, el Ministerio Público ha sido hermético durante todo el proceso al no informarles de la evidencia que ha ido recabando, “ha soltado algunas cosas por presión, pero aún no ha entregado las ultimas pericias que ha recolectado y que lo sigue haciendo, proceso que debió concluir unos 30 días antes del juicio oral y público”.

El lunes 03 de septiembre de 2018 la parte acusadora hará las objeciones a las pruebas de la defensa de los imputados. La audiencia de proposición de pruebas continuó este sábado. Han sido largas jornadas hasta de más de 12 horas diarias.

Según una nota de prensa publicada en el sitio web del Ministerio Público “La acción promovida ante los Tribunales de la República por el delito de Asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa contra un Testigo Protegido, está sustentada jurídicamente y ha sido dirigida contra los presuntos responsables de su autoría; siendo testigos de ellos diversas organizaciones de derechos humanos que han participado como veedores en las distintas audiencias del proceso penal”.

El COPINH denunció en las últimas horas que en la Corte Suprema de Justicia donde se desarrolla el juicio, los guardias de seguridad han impedido que miembros de esta organización puedan permanecer en las audiencias a pesar de que son públicas y no se le debe limitar a nadie el acceso, y los que logran entrar son sujetos a minuciosos registros.

Recurso de abogados acusadores para que se graben audiencias

El 27 de agosto los abogados Rodil Vásquez y Victor Fernández presentaron un Recurso de Reposición ante la resolución del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, de denegar la solicitud que se graben las audiencias de proposición de pruebas y el juicio oral y público con fecha 10 de agosto de 2018. Además que las mismas se transmitan en tiempo real para que puedan ser vistas por el público dado que se trata de un crimen de alto impacto y que es de interés nacional e internacional.

Los sutentos jurídicos de los profesionales del derecho se apoyan en la jurisprudencia internacional y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.5 donde se señala la publicidad en el sistema penal acusatorio es vital para la democracia.

El tribunal denegó la petición argumentando que el artículo 17 de la Ley de Transparencia admitía la reserva de la información porque el daño que se producirá será mayor al interés público.

En este caso el Estado de Honduras a través de sus diferentes instituciones ha tenido como norma obstaculizar el derecho a la información que tiene la familia de Berta Cáceres y sus apoderados legales al declarar en secretividad el expediente y no permitir que se puedan conocer las actuaciones del Ministerio Público, lo que violenta el debido Proceso.

Vea el recurso presentado aquí en este link