Cáceres fue asesinada en su casa en colonia El Líbano, en La Esperanza, Intibucá , el 02 de marzo de 2018, a pesar de contar con medidas de protección que el Estado de Honduras estaba obligado a cumplir. El crimen quiso ser presentado al inicio como pasional o de disputas internas dentro del COPINH, pero la presión internacional logro que se iniciara un proceso judicial. A la fecha solo ocho autores materiales están como imputados, pero faltan los autores intelectuales. La familia de Berta Cáceres acompañada por organizaciones nacionales e internacionales señalan que directivos de la empresa hidroeléctrica DESA, deben estar en el banquillo de los acusados.

El juicio se programó para iniciar el 17 de septiembre de 2018 y en conferencia de prensa las organizaciones que componen a la Coalición, dieron su respaldo para el acompañamiento, señalando que el Ministerio Público oculta una variedad de pruebas que podrían ser contundentes al momento de pronunciar el fallo.

Guilermo López Lone en representación de la Coalición Contra la Impunidad indicó que “estamos con mucha espectativa por el juicio que se va a realizar en la causa de Berta Cáceres, en contra de los autores materiales e intermedios, pero también con algunas preocupaciones, particularmente en una de ellas, donde no se ha podido tener acceso al expediente”.

Destacó que “el Ministerio Público se ha negado reiteradamente a que las víctimas y los apoderados legales pudieran tener acceso a las investigaciones y a los medios de prueba, en el sentido de que el Ministerio Público teniendo la posibilidad de recabar, preparar y presentar más medios de prueba, no lo ha hecho”.

Para López Lone “esas son algunas de las cuestiones que nosotros desde la Coalición Contra la Impunidad nos están marcando, en el sentido de que debemos estar presentes en este debate, en este juicio oral y público, para complementar esfuerzos y aportar a la causa de Berta Cáceres, para que estas personas, puedan ser debidamente juzgadas y sancionadas”.

Poderosos

Sobre los autores intelectuales donde se ha mencionado a empresarios banqueros como los Atala Zablah, López Lone afirmó que “más que declarar, el juicio pudiera dar elementos de carácter probatorio, procesal, para que posteriormente se puedan abrir nuevas acusaciones, en contra de personajes que están ligados a la junta directiva de DESA (Desarrollos Energéticos, S. A.), podrían estar otros personajes que son o tienen algún nivel de decisión o vinculados en alguna de las decisiones que trajeron como consecuencia la planificación y la muerte de Berta Cáceres”.

Este es el documento entregado en conferencia de prensa: 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD  ANTE EL JUICIO DE LA CAUSA BERTA CÁCERES

La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la causa Berta Cáceres, programada para el 10 de septiembre de este año, ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia  de la siguiente manera:

PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante   durante el desarrollo del juicio, en el  cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso.

SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.

TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aún contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry  Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA. 

QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.

SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato. 

SÉPTIMO: Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.

FINALMENTE: Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos. 

Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018