El asesinato de Cáceres ocurrió el 02 de marzo de 2016 cuando ella se encontraba en su casa en Residencial El Líbano, en La Esperanza, Intibucá, hasta donde llegaron varios hombres armados a matarla. En la actualidad ocho imputados guardan prisión y están vinculados con las Fuerzas Armadas, la empresa hidroeléctrica y otros actores individuales que supuestamente fueron los gatilleros. Aun no hay un juicio en contra de los autores intelectuales.

Pese a tener referencias del alto grado de impunidad que se manifiesta en los tribunales de justicia a favor de los violadores de derechos humanos , la delegación observará todo el proceso del juicio que inicia el próximo 17 de septiembre y al finalizar el mismo, darán a conocer sus conclusiones.

Los representantes de las organizaciones internacionales puntearon sus puntos de vista sobre el proceso penal a través de un comunicado, donde muestran sus preocupaciones y esperan reunirse con diferentes sectores para obtener una mayor perspectiva en el desarrollo del juicio.

Delegación

Joseph Berra de la delegación internacional y representante del Instituto La Promesa de los Derechos Humanos, señaló que “el Tribunal de Sentencia ha ordenado a la Fiscalía del Ministerio Público, entregar la información del caso pedido por las partes, tanto la parte defensora como de la acusación privada y esto es importante porque no solo asegura la transparencia en el juicio, sino también el acceso en igualdad de las partes a la justicia”.

Afirmó que “este caso ha llamado la atención internacional y esto significa una oportunidad y una posibilidad a la justicia integral , para garantizar eso debe haber igualdad de las partes en el proceso y respetar el derecho a la verdad como parte de esta justicia transicional, donde el acceso a la información es básica para eso”.

Sobre qué se puede esperar de la institucionalidad hondureña en cuanto al contexto político que se vive en el país, Berra expresó que “todo eso lo vamos a estar analizando, sabemos que eso no es como cualquier otro juicio, esto tiene lugar en un contexto bastante complejo, como lo hemos mencionado, lo citamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay un problema de impunidad estructural, pero por el momento tenemos una perspectiva abierta, para observar el proceso, tomar todos los elementos que podamos y después hacer nuestro análisis”.

Describió que el grupo de organizaciones internacionales que observará el juicio se especializan en derechos humanos, le han dado seguimiento al proceso y siendo un caso que ha sonado a nivel internacional, las organizaciones fuera de Honduras se mantienen a la espera de ver si se cumple la justicia en el país.

“Nuestra misión está velando por el cumplimiento de los estándares internacionales, aunque no hemos formulado un juicio sobre el proceso, pero sí hay unas preocupaciones al entrar a la etapa de juicio oral y público que esperamos sean resueltas, sobre todo el acceso a la información y la capacidad de las partes en participar en igualdad”, destacó.

Justicia

Por su parte Olivia Zúniga Cáceres, hija de la víctima, espera que en el juicio se haga justicia y se castigue a los culpables.“Hemos tenido la esperanza que en este país habrá justicia para Berta Cáceres, sin embargo, la realidad es otra y se ha demostrado que el sistema judicial de nuestro país no está procurando la justicia para Berta Cáceres y lo que está haciendo es procurar la impunidad para los grupos económicos que hay detrás de este asesinato y proteger a toda costa a la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA) y por eso nosotros estamos en la responsabilidad de señalar esto como familia”.

Zúniga Cáceres dijo que si ellos no denuncian las inconsistencias del proceso, “como COPINH, como familia y pueblo lenca, quién más lo va hace, el señalar a los autores intelectuales de este asesinato?”.

Como evidencia destacó que “el Tribunal de Sentencia rechazó que los hermanos Atala Zablah y el señor Miguel Atala Midence, testificaran en el proceso judicial que se está llevando con estos primeros ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres y por el intento de asesinato de Gustavo Castro”.

Ante el reclamo de justicia de la familia Zúniga-Cáceres, indicó que “nos sentimos acompañados por la comunidad internacional quien va a estar observando todo este proceso, rindiendo informes a nivel internacional, realizando acciones para procurar la justicia para Berta y ante el cerco mediático que se ha impuesto en este país, ellos van a estar informando, tanto a nivel nacional como internacional”, concluyó.

A continuación el comunicado de prensa leído por los representantes de las organizaciones que observarán el juicio:

Honduras: Organizaciones conforman Misión de expertos para observar el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres

Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 12 de septiembre de 2018.- 

Diecisiete organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca,  y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen  de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.

“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al  Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.           

Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente. 

A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres, fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.

"En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales", agregaron las organizaciones que conforman la Misión. 

Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales, fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.

En este sentido, las organizaciones que forman la Misión de Observación hacen un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.

Canadá: Geneviève Morency, Abogados Sin Fronteras Canadá.

Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional

Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats

Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA

Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation

Estados Unidos: Joseph Berra, The Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law

Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild

Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos 

Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos

Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch

Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad

Honduras: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)

Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH)

Mundial: La Comisión Internacional de Juristas

Nicaragua: El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas

Regional: Francisca Stuardo, CEJIL

Afirmando el fundamento en el derecho fundamental a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos  a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: "[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables ".