La recusación junto a cinco Recursos de Amparo, fue presentada por parte de los apoderados legales de la familia de Berta Cáceres, quienes consideran que el Tribunal de Sentencia ha sido demasiado débil ante la solicitud de las pruebas que mantiene sin entregar el Ministerio Público, luego de varias solicitudes de éste que ha desobedecido o no le ha tomado seriedad a las mismas.

Por qué de la Recusación 

El abogado Víctor Fernández, del MADJ, explicó que en el caso del asesinato de Berta Cáceres, “le precede una campaña sistemática, un entramado de actos que fue desarrollado por una estructura criminal que operó desde la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA)”.

Señaló que como parte acusadora tienen “antecedentes desde los primeros momentos que se ejecutó el crimen, de peticiones y órdenes judiciales que emplazaban al Ministerio Público para que en plazos específicos nos pusiera a disposición la información”.

Fernández destacó que “esas órdenes judiciales fueron desconocidas, desobedecidas en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público y en esta parte un día antes de que se iniciara el juicio el Ministerio Público no completó la entrega de la información que implica el ejercicio de un juicio con todas las condiciones de igualdad y respetuosa del principio del debido proceso”.

Para el representante legal de los familiares de Berta Cáceres, “un Tribunal o un proceso de administración de justicia que emite resoluciones pero no las hace cumplir y eso conduce a la indefensión, a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia, es un tribunal que no goza en perspectiva para las víctimas, de esa condición imparcialidad y de independencia que debe tener un tribunal”.

Fernández dijo que las víctimas han realizado una denuncia “en contra del Tribunal de Sentencia que está integrando la sala, en virtud de esa especie de complicidad con la que ha jugado el papel con el Ministerio Público”.

“Le pedimos en reiteradas ocasiones que el Tribunal emplazara al Ministerio Público para que oportunamente nos diera la información y así lo determinó, pero luego les dijimos a los jueces del Tribunal que en virtud de que el Ministerio Público no cumplía con esa responsabilidad instara un proceso coercitivo para que los fiscales responsables de esa acción y que atentan contra el acceso a la justicia, rindieran cuentas y fueran perseguidos penal y administrativamente”, explicó.

Agregó que en vista de que este tribunal no lo hizo se configura la convergencia de los distintos sectores institucionales del sistema de administración de justicia para proteger a toda la estructura criminal, que ejecutó el crimen de Berta Cáceres”, apuntó.

El integrante del MADJ destacó que “la empresa DESA ha sido reiteradamente señalada y vinculada con el crimen y el mismo Ministerio Público ha reconocido ese extremo, pero cuando le hemos peticionado al menos que cite como testigo a los propietarios de la empresa, el Tribunal de Sentencia ha rechazado la petición bajo el argumento que no consideró para aceptar a otros testigos que nosotros mismos propusimos, es decir, a la familia Atala, propietarios de la Empresa DESA, y rechaza su testimonio porque dice que van a declarar sobre hechos que no tienen que ver con lo que pasó el 02 de marzo”.

Sin embargo, señaló Fernández que “si nos aceptó a otros testigos que no tienen el perfil de los dueños de la empresa para que sean incorporados al proceso, encontramos una posición contradictoria e incoherente que pende desde la perspectiva de las víctimas, para generar una especie de protección, a este tipo de estructuras y a los funcionarios que participaron de todo el comportamiento sistemático, por lo menos en cuatro años, y que desencadenó finalmente con el asesinato de Berta Cáceres”.

Para Fernández está en curso una estructura criminal que se caracterizó por estigmatizar, satanizar, perseguir criminalmente al COPINH y hoy esa empresa criminal lo sigue haciendo a través de la contratación de un bufete que se encarga de difamar y de tergiversar todos los planteamientos en procura de justicia que venimos haciendo”.

Reiteró que lo inmediato es que el Tribunal de Sentencia se aparte del conocimiento de la causa y se nombre “un Tribunal imparcial , que se investigue y se resuelva el incidente de recusación, y que el proceso siga con un Tribunal que no tenga las características actuales”.

Fernández concluyó indicando que el recurso de recusación podría ser resuelto en los próximos tres días o quizás más, dependiendo de las realidades procesales por parte de las autoridades jerárquicas superiores del Tribunal de Sentencia.

Amparos

Sobre los cinco Recursos de Amparo presentados ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Berta Zúniga Cáceres, hija de la víctima dio a conocer que los mismos se originan a raíz del rechazo de varias peticiones hechas para mayor transparencia del juicio.

“El primer recurso de amparo es por la negación de la participación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,(COPINH),como parte del juicio, el segundo es por la negación de la transmisión a través de audio del proceso del juicio, un tercero y cuarto amparo tienen que ver con la inadmisibilidad de unas pruebas presentadas y un quinto amparo, interpuesto por el abogado Jair López, quien es defensor de Sergio Rodríguez y es para rechazar la aceptación de la representación de la acusación privada para mi hermano Salvador Zúniga Cáceres, ya que él tiene su propia acusación a través del abogado Omar Menjivar y el mismo no ha sido resuelto”, finalizó.

Argumentos

Los abogados de la familia de Berta Cáceres dieron a conocer en conferencia de prensa en las instalaciones de los Tribunales de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los argumentos de la recusación, a través de un comunicado, el cual transcribimos a continuación:

Comunicado

“El día de hoy nos hemos presentado los familiares de Berta Cáceres, los miembros y miembras de su organización el COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a plantear nuestra postura frente al inicio del primer juicio del vil asesinato del 02 de marzo de 2016.

Desde los saciados días de marzo de 2016 en los que sufrimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un acontecimiento fortuito, si no el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su ardua labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

A lo largo de dos años y medio de lucha, nos hemos enfocado en la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aún así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de su muerte, una estructura que persiste en la actualidad y que se muestra activa en los ataques contra el COPINH, con la incorporación del Bufette Amsterdan y Parker mediante su campaña de difamación y estigmatización contra el COPINH y la causa de Berta Cáceres.

Nosotras y nosotros hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa y de cualquier manera y hemos facilitado y hemos hecho más de lo que deberíamos, pero el Estado ha fallado en brindar las garantías de un debido proceso.

En estos hechos que el Tribunal de Sentencia que conoce el caso, ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas, incluso de los derechos de los implicados, demostrando una parcialidad punitiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.

Por tanto en este momento a través de nuestros representantes legales del Movimiento Amplio, hemos interpuesto una Acción de Recusación contra el Tribunal de Sentencia de la Sala Primera, lo que significa que rechazamos su accionar y actitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.

Asumimos la tarea de búsqueda de justicia, no solamente con el ánimo de encontrar justicia para el caso del crimen contra Berta Cáceres, sino entendiéndolo como la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reinvindicación de la justicia con la verdad, como la oportunidad de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de derecho. Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera.

Dado en Tegucigalpa, a los 17 días del mes de septiembre de 2018”.