Este foro se da en el contexto del desarrollo del juicio contra actores materiales en el asesinato e intento de matar a Gustavo Castro, un defensor de derechos humanos que se encontraba junto a Cáceres el 02 de marzo de 2016 , en que se cometió el hecho criminal.

A través de Skype participó Castro quien recordó los momentos en que se llevó a cabo el crimen, cuando los asesinados entraron por la cocina y simultáneamente les dispararon a ambos, y luego toda la trama de ilegalidades que llevaron a cabo para tratar de involucrar al COPINH , sin custodiar la escena del crimen porque ellos nunca pensaron que habría un sobreviviente del crimen.

Recordó cómo fue sometido a varios actos ilegales, entre ellos mantenerlo secuestrado porque no lo dejaban salir del país.

Víctor Fernández, uno de los abogados que integra el equipo de acusadores privados, señaló que el manejo separado que han hecho del juicio el cual está en varias oficinas del Ministerio Público sobre y el intento de asesinato de Gustavo Castro, debe interpretarse como parte de la sutil estrategia de impunidad para enjuiciar a unos imputados y garantizar la impunidad para los autores económicos del crimen.

Describió que se ha repartido el caso en las Fiscalías de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción, UEFECIC y la Fiscalía de Derechos Humanos, pero que al “pedacear” el caso es una manera de generar impunidad porque pretenden que en el supuesto caso que condenen los autores materiales, se olviden a los autores intelectuales.

Hizo un resumen de los puntos a manera de conclusión y criticó el hecho de haber expulsado a los abogados de las víctimas para llevar a cabo una farsa de juicio y negar la verdad integral, porque la mayoría de cosas no se están discutiendo en el juicio y se tendrá una sentencia reducida al 10 por ciento.

También denunció que ha habido una descarada violación de estándares internacionales y normas básicas del debido proceso, lo que adelanta la suerte que pueden correr los casos contra otros actores en el crimen que están en proceso.

Fernández dijo que hay mucha atención sobre este caso, la sala del tribunal de sentencia pasa llena de observadores internacionales pero eso le ha importado a la fiscalía y es un hecho nefasto de lo que puede pasar con las otras estructuras criminales involucradas.

El comportamiento institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial refleja el fracaso absoluto del sistema de justicia, dijo.

Pero manifestó que el apoyo que la cooperación internacional sigue dando a un sistema corrupto que viola los derechos humanos, a esos organismos les parece normal que las empresas paguen a los policías y militares, incluso se establecen cánones.

Otra de las conclusiones es la subyugación del sistema de justicia a la estructura criminal que ejecutó a Berta Cáceres, lo que configura un ambiente para que otros crímenes queden en la impunidad, en comunidades que luchan, como el asesinato de tolupanes y otros que no tienen tanta visibilidad.

Recordó que la estructura criminal desarrolló de manera sostenida una serie de crímenes contra el COPINH, el pueblo lenca y de toda la institucionalidad, jurídicamente la estructura criminal es responsable al menos de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato.

La causa de Berta Cáceres plantea el choque entre el modelo económico, cómo funcionan y se aglutinan las élites y la complicidad que hay entre ellas, así como una organización puede desenmascarar eso para confrontar el modelo.

Reflexionó que los pueblos, las comunidades están desafiados a establecer un modelo para el control real de sus territorios y de toda la institucionalidad del país debiendo plantear el enfoque integral de la lucha “y a quienes estamos enfrentando”.

No obstante dijo que hay pequeñas victorias, “está claro que esta estructura criminal no solo tenía el objetivo de matar a Bertita sino que querían hacerlo involucrando al COPIHN, querían matarlo porque en los últimos 20 años ha hecho resistencia frontal”.

Destacó que el hecho de no participar en este juicio porque es una farsa, lo que está de fondo es esconder todo eso, “es un espectáculo triste de la justicia, no participar en el juicio es una forma de decir no a una farsa y recuperar el espacio público”.

Carrera de Trabajo Social y Ciencias Sociales apoyaron con la logística del evento

Entretanto Berta Zúniga, Coordinadora General del COPINH, expresó que lo que decida ese tribunal, “tenemos la certeza absoluta que los enjuiciados son responsables del hecho, por ende es culpable la empresa y la estructura, lo sabíamos, no teníamos duda, es valioso reafirmar que teníamos razón “.

La también hija de Berta Cáceres advirtió que “hemos estado empeñados en no dejar este crimen en el silencio, vamos a seguir luchando por la justicia y no nos van a callar, aunque les moleste vamos a seguir hasta que toda esa estructura este desmantelada y esa concesión sea retirada del terreno. Nosotros sostenemos que ese juicio es una farsa, sabemos quiénes son los culpables y le toca al Estado llegar hasta esas estructuras”.

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