El juicio inició el 13 de marzo pasado y un juez en materia de corrupción decidió que los implicados en el caso Fraude en el Gualcarque se defenderían en libertad, no salir del país y firmar el libro en el juzgado donde se ventila la causa, son las únicas medidas impuestas. Los delitos por los que se les juzga son Abuso de Autoridad, Violación a los Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documentos Públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas en perjuicio del Estado de Honduras.
Los acusados por la MACCIH son 16 personas, entre los que figuran el ex gerente de la ENEE Roberto Martínez Lozano, David Castillo, ex gerente de la DESA y acusado de participar en el crimen de Berta Cáceres y Roberto Cardona, ex ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA.
A ellos se les sindica de otorgar fraudulentamente de la concesión del Río Gualcarque a la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A , para que establecieran la hidroeléctrica en Río Blanco, en Intibucá, una zona lenca que es territorio ancestral de los indígenas. Por la defensa del río fue asesinada la coordinadora del COPINH, Berta Cáceres, el 02 de marzo de 2016. Por este crimen solo están en prisión los supuestos autores materiales, no así los responsables intelectuales.
La decisión del juez en materia penal en este caso coincide con las medidas otorgadas a los implicados en el caso Pandora y Arca abierta, paradójicamente las decisiones de los jueces del sistema de justicia cuando se trata de defensores de derechos humanos es enviarlos a la cárcel en la Audiencia de Imputado y después dependiendo de las directrices desde el Poder Judicial y Casa de Gobierno, a veces quedan en libertad con medidas más duras que los corruptos, según lo han denunciado organizaciones de derechos humanos.
Abogado de ex gerente de DESA ataca a defensores de derechos humanos
El abogado Juan Carlos Sánchez, quien es el apoderado legal de David Castillo, ex gerente de DESA, abrió fuego contra los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que observan el desarrollo de las audiencias en el caso de Fraude en el Gualcarque.
Dijo a través de una radioemisora este martes 26 de marzo que los defensores de derechos humanos usan un chaleco que puede ser verde, café y de otros colores para llegar a presionar a los jueces e inmiscuirse en sus decisiones, al criticar que el juez del caso aceptó al COPIH como parte en el juicio.
Dentro de la sala también se han escuchado las expresiones racistas y de odio contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPINH, que solicitó participar en el juicio también como víctima del impacto que ha tenido el otorgamiento del permiso para explotar el Río Gualcarque, a pesar que es un territorio ancestral de los indígenas lencas de la zona.
Alerta por ataques a los lencas
La Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras emitió una alerta donde señala que “Juzgado Anticorrupción expulsa a miembros y miembras del Copinh de la sala donde se realiza la audiencia contra 16 exfuncionarios acusados de corrupción por la Concesión del Río Gualcarque, violentando de esta manera el derecho de las víctimas a estar presentes durante el proceso”.
Agrega que “ a dos días de esta audiencia miembras y miembros del Copinh han estado expuestos a comentarios racistas por parte de los abogados defensores que van desde la negación de la existencia del pueblo indígena Lenca hasta la criminalización y estigmatización por la defensa de la vida que hace más de 25 años realiza el COPINH”.
Asimismo señaló que “Denunciamos una vez más las agresiones racistas que nuevamente se hacen en contra del Copinh intentando descalificar la lucha por la justicia para el pueblo Lenca y para Berta Cáceres”.
Este miércoles 27 de marzo de 2019 continúa el juicio y se espera que haya una sentencia condenatoria contra los responsables, según lo ha manifestado el COPINH a través de redes sociales.
