En noviembre de 2018 fueron declarados culpables del crimen por dicho tribunal, Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar). Asimismo, Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez. Y Oscar Aroldo Torres Velásquez, por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra Castro quien al momento del hecho violento estaba en la casa de Cáceres, en residencial El Líbano, en La Esperanza, Intibucá.

La justicia hondureña no ha alcanzado a los autores intelectuales, que son altos ejecutivos de DESA, señalados por la familia de la defensora de derechos humanos asesinada. A pesar de la parte acusadora privada solicitó un proceso penal contra ellos, el Estado de Honduras ha cerrado hasta ahora la posibilidad de enjuiciarlos.

La presión internacional desde la ejecución del crimen no ha dejado de insistir que debe aplicarse la justicia, eso ha permitido que se procesaran por lo menos a los autores materiales.

Sentenciados con manos de seda

Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Oscar Aroldo Torres Velásquez y Henry Javier Hernández Rodríguez, fueron condenados a 34 años de prisión por el crimen y a 16 por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro.

No obstante los ejecutores vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez y el gerente de Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, recibieron una pena de 30 años de prisión, y se les absolvió de tentativa de asesinato contra el ambientalista mexicano, lo que deja claro que la justicia los trató con manos de seda, después de más de tres años del horrendo crimen y cuyo juicio ha sufrido muchas irregularidades que evitan que los familiares de Cáceres y el COPINH, se les respete el derecho a la verdad.

La apoderada legal de Sergio Rodríguez insistió para que él estuviera presente en la sala y proponía se cambiara la fecha para otra ocasión, pero el tribunal declaró el recurso sin lugar.

Berta y Salvador Zúniga Castro, hijos de Berta Cáceres, defensores y defensoras de derechos humanos y observadores internacionales se hicieron presentes a escuchar la lectura de la sentencia.

Afuera una manifestación de integrantes del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, pedía castigo para los autores intelectuales del crimen, con las consignas “faltan los Atala”, refiriéndose a altos ejecutivos de la empresa DESA

En este video la hija e hijo de Berta Cáceres explican por qué consideran que al Estado de Honduras le hace falta aplicar una justicia imparcial y expedita: