Se trata de 15 organizaciones nacionales e internacionales que detallaron en el foro presentó el foro internacional “acceso a la justicia, verdad y garantías judiciales en la causa Berta Cáceres”, conformada por expertos en derecho nacional e internacional, integrados desde el 2018 para dar seguimiento al proceso judicial de las ocho personas detenidas por el caso del asesinato contra Cáceres.

Joe Berra, uno de los expertos, agregó que los sistemas legales en vez de ser instrumentos son utilizados para ejercer la violencia y el gran reto para la sociedad hondureña es una justicia transicional porque debe pasar de la impunidad a cumplir con ideales. En este caso, el Tribunal debe de cumplir con la publicidad del juicio, aún con el panorama de la Covid-19, garantizando el derecho a la verdad, debe permitir también la presencia de observadores.

Las primeras irregularidades encontradas fueron en noviembre del 2017, donde el primer equipo de policías, entre ellos, Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales que supuestamente investigaban el caso, fueron acusados por el delito de presentación de pruebas falsas, también se encontró un arma en la casa de Mariano Días Chávez, un militar de alto rango de las Fuerzas Especiales que fue detenido y condenado a 30 años de prisión.

El testimonio de una agente que declaró que encontró una huella junto a la escena del crimen, pero el análisis desapareció. Agentes mantienen el discurso que esa prueba existía así como otros medios de prueba, luego el expediente original fue robado en un supuesto asalto, en ese momento por suerte había una copia en los juzgados.

Gonzalo Sáenz, quien integra la misión, explicó que en la etapa preliminar del caso la inadmisión de las pruebas por la acusación privada, fue más del 60 por ciento, un porcentaje raramente alto que llama la atención porque contribuía a la contradicción de los argumentos de la contraparte y propició a violentar estándares internacionales de justicia.

En la formalización del auto apertura a juicio oral y también se solicitó por segunda vez el expediente de investigación el cual fue negado, el juzgado de letras omitió la responsabilidad de solicitar al Ministerio Público el documento, lo que causó un efecto dominó de recursos que solo dilataron y prolongaron el caso.

En ese lapso de tiempo se presentaron cinco recursos de amparo, uno por la exclusión del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copinh, dos sobre la inadmisión de los medios de prueba, uno para la publicidad de las audiencias públicas, pero el tribunal excluyó a la organización como víctima y todavía no se sabe si el juicio será abierto al público.

Según los expertos estas irregularidades afectaron los estándares del debido proceso, principio de Contradicción, acceso a la justicia para las víctimas que conlleva una infracción del artículo 8 de la Convención interamericana. También la representación de las hijas de Berta Cáceres presentaron contexto del conflicto que se estaba viviendo en la zona en las comunidades, generado por la empresa DESA, así como las denuncias que se habían interpuesto.

María Luisa Acosta, integrante del grupo, demostró con un caso de Nicaragua que los Estados deben garantizar la no repetición, mediante mecanismos de protección y protocolos de investigación porque la defensa de los derechos humanos solo puede ejercerse libremente cuando no hay amenazas ni agresiones físicas, psíquicas o morales.

La misión mostrpó informes y hallazgos, pero también un grupo de expertos expuso que mediante una investigación encontraron que existía una jerarquía en la empresa, donde la familia Atala se ve vinculada, pero se desestimó el 60 por ciento de los medios de prueba que es una infracción al debido proceso porque se necesita tener la misma fuerza probatoria para que en el juicio exista un equilibrio y no una discriminación de las partes.

Asimismo Lura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres expresó que en la búsqueda de juicio y castigo solo se espera que no haya una repetición y que el caso no permanezca en la impunidad, “para eso las instituciones judiciales deben perseguir a los autores materiales, intermedios e intelectuales como los son la familia Atala, para que den una explicación al pueblo hondureño y a los indígenas Lencas”.

Finalmente la misión reiteró estar al pendiente de los avances del proceso contra David Castillo, el único ejecutivo de la empresa detenido y que desde el 2018 se ha prorrogado el juicio oral y público, en espera de una verdadera respuesta a la población hondureña.