El asesinato de  Cáceres Flores continúa en la impunidad, aunque un Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE, realizó hallazgos en el 2017 sobre las evidencias del caso y la Misión de Apoyo internacional han brindado recomendaciones.

El COPINH hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos  para que haya una pronta respuesta de justicia y al pueblo hondureño piden mantener la fuerza por la soberanía para que quienes defienden la vida y los territorios no sean asesinados.

Antecedentes de un crimen

El 02 de marzo del 2018 se le dio captura a Roberto David Castillo presunto co-autor en el crimen, él se identificaba como amigo de Cáceres y a la vez pagaba los servicios de seguimiento, actualmente se encuentra en prisión preventiva y se estableció la  fecha de juicio oral y público para el 6 de abril del 2021, después de innumerables retrasos y acciones de la defensa para obstaculizar su avance.

En noviembre del 2018, Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Oscar Aroldo Torres Velásquez y Henry Javier Hernández Rodríguez, fueron condenados a 34 años de prisión por el crimen y a 16 por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, Emerson Eusebio Duarte Meza, fue declarado inocente por falta de pruebas.

No obstante los ejecutores vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras FFAA, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez y el gerente de Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, recibieron una pena de 30 años de prisión, y se les absolvió de tentativa de asesinato contra el ambientalista mexicano, Gustavo Castro, quien estaba en el momento del crimen y quedó vivo de milagro.

Uno de los testigos claves en el caso por suponerlo un sicario contratado para el asesinato,  fue Olvin Gustavo García Mejía, encontrado muerto 04 de julio del 2019, en la comunidad de San Bartolo, en la zona norte del Intibucá.

Hallazgos de GAIPE

El informe del Grupo Internacional de Personas Expertas Asesor GAIPE, evidenció en el 2017 las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca.

La estrategia tenía por objetivo controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social, campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.

La Secretaría de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol, por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca y por el otro omitió que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Cáceres.

La planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato inició en el mes de noviembre de 2015 y durante los meses de enero y febrero 2016, algunos de los imputados y personas no identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza, lugar de residencia de Berta Isabel Cáceres Flores y donde funcionan las oficinas y sede del COPINH, coincidiendo con las movilizaciones en oposición del proyecto Agua Zarca, finalmente el 05 y 06 de febrero de 2016, se desplegó un operativo para cometer el crimen.

El informe expuso que la compra de energía y concesión otorgada a DESA, sobre territorio Lenca, se efectuaron sin haber realizado la consulta previa, la alianza de la empresa con las fuerzas de seguridad se sustentó en el relacionamiento de los directivos y socios con las más altas autoridades de gobierno, lo cual les permitió no solamente coordinar sino subordinar a los agentes de las fuerzas de seguridad en operativos de control y represión en contra de personas de la comunidad e integrantes del COPINH.

Retos en el Caso Berta Cáceres

El Ministerio público todavía mantiene en secretividad la información de las computadoras y aparatos electrónicos decomisados a los ejecutivos de la empresa DESA, de donde solo se obtuvo la documentación de los mensajes de texto que demostraron el plan contra la defensora y el COPINH.

Este ente  había negado al representante legal de la familia Cáceres el acceso al expediente y decretó la secretividad en reiteradas ocasiones, violentando la obligación del Estado de garantizar el derecho de las víctimas o sus familiares de participar en todas las etapas de los procesos judiciales, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tribunal de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, solo aceptó un 85 por ciento  de las pruebas contra David Castillo, aunque durante las primeras etapas se denunció una permisividad en la dilación del proceso por parte del sistema judicial.

El 13 de febrero de este año,  la Misión de Observación del proceso judicial de Berta Cáceres, resaltó en su informe "una deuda histórica de la justicia", que el Estado no ha hecho esfuerzos notables para dar con los culpables intelectuales que planearon el asesinato de la defensora indígena , entre los que se encuentran miembros de la Empresa DESA, contra la cual luchaba la líderesa indígena Lenca.

La misión destacó que encontraron una impunidad estructural en relación a los crímenes, ataques y homicidios contra defensores y defensoras del ambiente y territorio en Honduras, además la intención de omitir la autoría intelectual del crimen de Berta Cáceres y vacíos legales que requieren  reformas legales y que la jurisprudencia abra las puertas para que se reconozca la acusación privada, en este caso la presentada por la familia de Cáceres y la del COPINH.

Las organizaciones agregaron que las primeras irregularidades encontradas fueron en noviembre del 2017, donde el primer equipo de policías, entre ellos, Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales,  que supuestamente investigaban el caso, fueron acusados por el delito de presentación de pruebas falsas, también se encontró un arma en la casa de Mariano Díaz Chávez, un militar de alto rango de las Fuerzas Especiales que fue detenido y condenado a 30 años de prisión.

El testimonio de una agente que declaró que encontró una huella junto a la escena del crimen, pero el análisis desapareció. Agentes mantienen el discurso que esa prueba existía, así como otros medios de prueba, luego el expediente original fue robado en un supuesto asalto, en ese momento por suerte había una copia en los juzgados.

Gonzalo Sáenz, quien integra la misión, explicó que en la etapa preliminar del caso la inadmisión de las pruebas por la acusación privada, fue más del 60 por ciento, un porcentaje raramente alto que llama la atención porque contribuía a la contradicción de los argumentos de la contraparte y propició a violentar estándares internacionales de justicia.

Otro de los retos es lograr que el sistema de justicia enjuicie a los autores intelectuales, hasta ahora según el abogado Victor Fernández, uno de los apoderados legales en el caso, se ha reiterado que cite a Daniel Atala, pero el Ministerio Público ni siquiera lo ha considerado. 

Igualmente se sume a estos retos la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA, la cual se mantiene en la zona, a pesar que se ha acusado a través de la investigación Fraude en el Gualcarque a varios funcionarios que participaron en acciones ilícitas para otorgar el permiso para que se mantenga esta compañía que tiene una oposición total de las comunidades.

Comunicado COPINH:

Conferencia de prensa del COPINH a cinco años del crimen Aquí 

Vea conmemoración de 5to aniversario de Berta Cáceres por el COPINH en La Esperanza, Intibucá Aquí