Koritza Ortéz, coordinadora del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ y parte del equipo de defensa de la familia de Berta Cáceres;  Dorian Gómez, miembra del COPINH e indígena lenca de la comunidad de Río Blanco y Ramón Matute, indígena Tolupán de la Tribu de San Francisco Locomapa, conversaron obre el tema este 14 de mayo de 2021.

Ortéz explicó que el juicio de David Castillo,  que inicio el 06 de abril de este año, es muy importante porque significa que el 02 de marzo del 2016, día en que asesinaron a Berta Cáceres, es solo la culminación de una serie de ataques, vigilancia y persecución que se realizó en contra de ella para detener su liderazgo y lucha como una forma de neutralizarla.

Indicó que el proceso del sistema extractivista conlleva en primer lugar la corrupción en las concesiones otorgadas por las instituciones estatales con vicios desde el origen, sin consulta previa, libre e informada y se les niega a los pueblos el acceso a la información sobre el expediente implicando un impedimento a la justicia.

También puntualizó la vinculación de los poderes económicos de las empresas con la Secretaría de Seguridad. El ministro  de esa dependencia, Julián Pacheco,  fue mencionado en el caso de David Castillo, “un ejemplo de cómo los policías y militares son puestos para reprimir y agredir a los defensores que dentro de los territorios realizan la protección de sus recursos”.

Se suma a ello que al mismo tiempo realizan procesos de criminalización en algunos casos acuerpados por el Ministerio Público y miembros de los tribunales, mientras la Secretaría de Derechos Humanos y ahora el Mecanismo de Protección,  mantienen  ineficiencia en brindar medidas de protección porque no dan respuestas oportunas que salvaguarde la integridad, destacó la abogada.

Según dijo,  el caso de David Castillo está en juicio porque la familia y la población lo impulsaron, pero en el mismo la defensa critica los procedimientos realizados por el Ministerio que trató de establecer en el juicio que Berta Cácerestenía una relación de amistad con el imputado, un argumento que carece de legitimación considerando que las Naciones Unidas han destacado que el 58 por ciento de las mujeres son asesinadas por conocidos,  vecinos, familiares, amigos, por ende personas cercanas.

En el caso del pueblo Tolupán  que posee un título indígena comunitario ancestral desde 1864,  que los hace dueños legítimos  de siete  caballerías de territorio en San Francisco Locomapa, les otorga ellos la posibilidad de tomar sus propias decisiones.

Ramón Matute, indígena tolupán de la Tribu de San Francisco Locomapa detalló que el origen del conflicto para ellos fue el irrespeto al título ancestral porque de ahí se permitió que se impusieran planes operativos y de salvamento sobre el bosque Tolupán violentando  los derechos  de la Tribu.

Según Matute eso conllevó a que hoy la Tribu esté dividida en dos partes, que hubiera tres procesos de criminalización, al menos 10 asesinatos y que el 10 de mayo del 2021 se desatara una ola de violencia contra el Campamento por la Dignidad, que tiene como objetivo luchar para  sus recursos “no sean robados por el empresario Wilder Domínguez dueño de la maderera INMARE”.

Asimismo detalló que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos CONADEH, llegó un día después,  el 11 de mayo diciendo que tratarían de solucionar el conflicto interno, algo que no es así porque son personas externas a la Tribu las que ejercen la violencia y el despojo de sus territorios y recursos naturales.

Dorian Gómez, miembra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, señalo que en la lucha de Río Blanco tuvo su mayor impacto durante el 2013 al 2014, en el que fueron acompañados por Berta Cáceres, siendo testigos de cómo la policía nacional y militar, instituciones del medio ambiente y etnias estuvieron al acecho de los líderes.

La defensora de Río Blanco expresó que esa es la razón por la cual no tienen ninguna duda que en el asesinato contra Berta Cáceres no son solo los que dispararon, sino que ahí está David Castillo, la familia Atala  y los bancos nacionales e internacionales que saben el proceso de violencia con el  que se instalan los proyectos en Honduras.

Finalmente los defensores y defensoras concluyeron que la única forma de sobrevivir es la organización popular para seguir resistiendo y luchando contra las dificultades en las que sí se obtienen logros porque no pueden esperar nada del gobierno.