La Misión de Observación Causa Berta Cáceres, es una agrupación de organizaciones internacionales y nacionales,  conformada por personas expertas en derechos que vigilan el cumplimiento del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, de las víctimas por el asesinato de la defensora Indígena Lenca y las causas relacionadas con su lucha.

López indicó que el juicio ha sido bastante largo y accidentado por las dilaciones e interrupciones de la defensa de castillo que ha dificultado la continuidad de la audiencia que debería de hacerse en una unidad de acto para los jueces, pero no ha sido posible también por problemas de citación a testigos y peritos.

La profesional del derecho agregó que en el juicio oral y público se han develado pruebas contundentes que vinculan a David Castillo con en el asesinato de Berta Cáceres, así como la estructura criminal que estaba involucrada para la planificación y coordinación con otros coautores, ésto demostró un panorama más amplio de autores y factores que contribuyeron desde el contexto nacional y la lucha del pueblo indígena.

Una de las expectativas en el sistema judicial es que se emita una sentencia conforme a derecho, ya distintos entes jurídicos, abogados y abogadas establecieron las contundencias en las pruebas realizadas por el Ministerio Público y se espera la imparcialidad del tribunal, dijo la abogada.

“No mataron a cualquier mujer, mataron a una de las lideresas sociales de nuestro país, y eso implica una ofensa muy concreta contra aquellas personas que luchan y denuncian la corrupción y criminalidad instalada del Estado, expresó Haydee López.

Berta Cáceres era una lideresa social y política que en su accionar y existencia misma concentraba muchas formas de resistencias anti patriarcales, de género, contras las élites económicas, desigualdad y principalmente contra la discriminación debido a que en Honduras todavía se cree que los pueblos indígenas son pertenecientes al Estado, negando su propia autonomía.

Dijo  la defensora que  Berta Cáceres y su familia se enfrentaron a un sin número de agresiones y persecución por parte de la empresa y del  Estado desde el 2010 cuando se concesionó el río para el proyecto hidroeléctrico.

Describió que para los defensores del territorio y ambiente en Honduras después de haberse expuesto la forma de operar  de esta estructura de poder la situación de persecución se puede arreciar con una defensiva que imponga más candados judiciales, pues ya se conoce cómo actúan las empresas por encima de las comunidades sembrando terror y violencia.

Sin embargo en la población se ha generado una conciencia más amplia sobre la forma que operan las estructuras de poder y por eso habría la posibilidad de poner más atención en la integridad de las personas  defensores ante esa política de despojo del Estado que los beneficia económicamente apoyando a las empresas y sectores privados con los proyectos extractivistas.

Finalmente recalcó que la justicia para Berta Cáceres no acaba con un fallo condenatorio contra David Castillo sino que tiene que ver con todo el esclarecimiento de todos los hechos criminales que salieron a la luz con las prácticas probatorias en el juicio,  que fueron ilícitos que vincularon a nuevos autores.

Entonces la búsqueda de justicia es más amplia, se debe luchar contra la ilegalidad y corrupción de este tipo de proyectos en las comunidades que no son consultados sino instalados con maniobras de amenazas y violencia que marcan un hito de lo que se conocía.

David Castillo, miembro directivo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA y exmilitar de inteligencia,  fue arrestado como supuesto coautor en la coordinación y planificación del crimen contra Cáceres .

Según el perito Harald Waxenecker el motivo podría ser por obstaculizar la instalación del proyecto en el Río Gualcarque.

Pasado más de un mes de inicio del juicio oral y público, éste continúa. Este 15 de junio dio su declaración Berta Zúniga Cáceres, hija de la víctima y actualmente la Coordinadora General del COPINH, quien dio detalles de los años previos al crimen, los cuales se identificaron cómo un tiempo de acoso, vigilancia y amenazas permanentes contra Berta Cáceres, de pleno conocimiento de las autoridades que permitieron y facilitaron la actuación de los responsables materiales e intelectuales en el asesinato el 02 de marzo de 2016.