Los enjuiciados de Fraude en el Gualcarque son unos 16 funcionarios, entre ellos Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda, acusados por  delitos de fraude, abuso de autoridad, usurpación de funciones violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado. La audiencia de imputado se realizó el 13 de marzo de 2019 y un juez dictó medidas sustitutivas a la prisión. 

El 04 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. 

El 28 de septiembre de 2020, el COPINH denunció a través de un comunicado público que la organización y  la comunidad de Río Blanco fueron  excluidos “de manera ilegal y arbitraria del caso Fraude sobre el Gualcarque por parte de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, negando el derecho de participar a las víctimas directas de los crímenes cometidos para instaurar el proyecto Agua Zarca..”

 Estado da marcha atrás

 A casi un año después de que la Corte de Apelaciones en material de Corrupción cometiera esa ilegalidad, la Sala de lo Constitucional resolvió que las víctimas participaran en todo el proceso, razón por la cual el COPINH emitió el siguiente comunicado: