Con esta publicación de este medio de comunicación de las autoridades de la UNAH se visualiza más focalización hacia los estudiantes antes mencionados al igual que ha pasado con Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa que enfrentan en la actualidad un juicio oral y público por un proceso de 2015. Estas mismas estrategias del uso del derecho penal para contener las protestas estudiantiles y sembrar el silencio, se estarían usando para ellos también.

La CIDH ha señalado que “el problema es que existen muchos delitos que se utilizan o podrían ser utilizados , para reprimir la protesta social, muchos de estos tipos penales, a su vez son de dudosa compatibilidad  con el sistema interamericano de derechos humanos, algunos son imprecisos, o no protegen bienes jurídicos relevantes o concretos, o tienen un ámbito de prohibición demasiado amplio. A esto hay que agregarle la propia naturaleza del sistema penal, que no opera ante todos los casos, sino que es selectivo… en algunos países queda en evidencia la discrecionalidad con que actúan los operadores jurídicos para perseguir las manifestaciones sociales”.

El trastoque

Junto a un pequeño texto, presenciauniversitaria que se encuentra en la dirección https://presencia.unah.edu.hn, coloca un video trastocado donde no aparecen por ningún lado unos 40 guardias de seguridad de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán, ESPA, que llegaron encapuchados, torturaron y golpearon a varios estudiantes.

En el 2016 agentes de la Dirección Policial de Investigación, DPI y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal junto a fiscales del Ministerio Público trastocaron otra escena donde colocaron  a los estudiantes Cesario Padilla, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Dayanara Castillo como que habían participado en las protestas cuando todos estuvieron fuera de las acciones de protesta.

La joven Dayanara Castillo se encontraba fuera del país y a pesar de eso colocaron la foto de otra estudiante con sus mismas características para hacerla parecer como que ella estuvo en la protesta y curiosamente había salido del país desde hacía un año porque fue secuestrada y torturada por policías en el marco de las protestas estudiantiles, donde además la guardia de seguridad se ensañaba contra ella cuando llegaba a la UNAH.

Ella debió regresar al país para resolver una orden de captura en su contra y desde su regreso a Honduras en agosto de 2016 fue objeto de una feroz persecución, un intento de asesinato al lanzarle un vehículo, seguimiento, amenazas a muerte vía celular, entre otras acciones de hostigamiento. A la par de eso su cuenta inexplicablemente fue cerrada y no pudo continuar estudiando en la UNAH.

Por esta acción varias organizaciones de derechos humanos interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público donde solicitaban una investigación contra fiscales, la ATIC y la DPI, la misma aún está engavetada.

En este link se puede observar el trastoque del video difundido de la toma del edificio administrativo de la UNAH el pasado 24 de mayo y donde ni rastros hay de la seguridad privada:

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