Las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH),  es con el fin de adoptar medidas urgentes ante la ola de requerimientos fiscales, amenazas y el peligro que corren con la utilización del sistema jurídico del país por parte de las autoridades universitarias.

En la actualidad los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, están condenados por Usurpación en la UNAH. Eso desencadenó protestas estudiantiles, dando como resultado nuevos requerimientos fiscales y detenciones contra 26 estudiantes  y un periodista .

De esos 26 estudiantes, 19 son acusados de daños agravados y privación injusta de libertad contra guardias de seguridad de la universidad nacional en una toma del edificio administrativo el 24 de mayo de este año; seis de ellos siempre en la ciudad universitaria de la capital fueron capturados el 16 de junio recién pasado, están acusados Usurpación y también privación injusta de la libertad contra empleados del edificio de Química y Farmacia.

Asimismo en el Centro Universitario del Valle de Sula, UNAH-VS, en el Norte del país, fue capturado Daniel Morales, el mismo 16 de junio, cuando unos  100 elementos policiales irrumpieron en ese centro educativo , cuando estudiantes hacían una acción de protesta por la condena contra sus tres compañeros. Todos ya pasaron por la Audiencia de Imputado y tienen medidas sustitutivas a la prisión. El año 2016, unos 75 tenían procesos penales los cuales fueron cerrados como resultado de los acuerdos entre las autoridades de la UNAH y el MEU.

Estudiantes esperan cese de medidas penales en su contra

Según los cálculos de los estudiantes aglutinados en el MEU, el hecho de solicitar medidas cautelares ante la CIDH obligará al Estado de Honduras a cesar de inmediato los procesos penales que se han incoado y la prohibición de implementar nuevos en contra las y los miembros del MEU, lo que violenta su derecho a la protesta.

Esta solicitud la basan en lo que expresa el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que : “Todos los ciudadanos gozaran de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; vitar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Resaltaron la participación de la OACNUDH en el diálogo que se entabló en el 2016, como testigo de honor de la suscripción del acuerdo que se dio en fecha 20 de julio de ese año, en donde se plasmó la interrupción a la criminalización de la protesta estudiantil, la conformación de un gobierno estudiantil electo de manera democrática, el balance presupuestario para ajustarlo a las necesidades de la población universitaria y la revisión al contrato con la Empresa de Seguridad Privada del Aguán, ESPA.

El MEU considera a Julieta Castellanos como la máxima representante del gobierno central que incumplió la mayoría de los puntos acordados y que es una persona con la que no se puede dialogar, por eso pide la participación directa de las y los estudiantes para la elección de un nuevo rector o rectora de la UNAH.

Pretenden para solventar esta nueva crisis la reinstalación  de la Mesa Mediadora, que está integrada por actores nacionales e internacionales  que han dedicado su vida a la promoción y protección de los derechos humanos .

Entre los nuevos puntos de demanda están la renuncia irrevocable de Julieta Castellanos, los vicerrectores Ayax Irías y  Belinda Flores,  y de todos los decanos de las distintas unidades académicas; en segundo lugar el cese de los procesos penales contra estudiantes que ejercen el legítimo derecho a la protesta, así como  la terminación inmediata de todas las posibles sanciones administrativas que ha iniciado la UNAH.

De igual manera, una investigación expedita por parte del Ministerio Público con el objeto de corroborar las conductas y acciones que ha ejercido Julieta Castellanos, estas se pueden configurar dentro de los tipos penales de Abuso de Autoridad y  violación a los derechos humanos.

Además, que se inicie una investigación contra los fiscales que libraron los requerimientos y los jueces que iniciaron los juicios dictando medidas restrictivas de la libertad y condenado universitarios por protestar, prosiguió el MEU.

El movimiento estudiantil  ha analizado que no es coincidencia que la represión sea más violenta cuando se acerca el periodo de la elección de las nuevas autoridades universitarias y que es una treta para callar las voces y dar una apariencia de falsa calma para promover sus intenciones continuistas.

Este miércoles 21 de junio se convocará a una movilización interna para entregar a las autoridades universitarias una propuesta de diálogo con el objetivo de  terminar con la crisis universitaria.

Lea el documento entregado por el MEU a OACNUD AQUÍ