Eso ocurrió en menos de 24 horas  que se produjera el secuestro del padre de otro estudiante de la UNAH también con proceso penal,  que obviamos su nombre por situación de seguridad. Su papá fue mantenido privado de su libertad y el día de ayer 14 de noviembre fue dejado en una estación de buses. Estas acciones son propias de el paramilitarismo que impera en Honduras y que es usado para deslindar la responsabilidad estatal de las graves violaciones a los derechos humanos.

El clima de represión en el marco del proceso electoral ha dejado varias muertes de miembros de la comunidad LGTBI.

En el mismo se suman las acciones violentas contra estudiantes de la UNAH , con la utilización de diferentes estrategias de ataque. Se trata del uso de operaciones encubiertas dirigidas contra los sectores opuestos al estado de cosas en Honduras, en especial contra la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, actrual mandatario del país que va por otro período saltando la Constitución de la República pues no está permitido a ningún presidente reelegirse en su puesto.

Abrí la puerta somos policías

Eran las 7:50  de la noche  del 14 de noviembre  , cuando Nancy García se disponía a descansar después de su día de trabajo.

Pero la tranquilidad se disipó en segundo, escuchó tocar violentamente las dos puertas de su vivienda, afuera gritaban que eran policías que abriera la puerta, hasta que la obligaron a hacerlo después de amenazas.

“Yo no quería abrir  pero siguieron insistiendo, me dio mucho temor”,  pero  ella estaba segura que si no abría la puerta podían derribarla y matarla. En Honduras los abusos policiales no son castigados a pesar que hay innumerables denuncias , y en este tipo de acciones encuabiertas es menos posible encontrar justicia.

“Cuando abrí la puerta una mujer me estaña apuntando y habían dos hombres más bien armados, un vehículo gris Hilux de paila afuera y un encapuchado que vigilaba, uno de los dos hombres sin capucha tenía dos pistolas”.

La  mujer vestía una camisa gris y azul con chumpa negra y  jeans, cabello negro liso , otro hombre con camisa gris, el otro andaba con una camisa cuadriculada en rojo con un pantalón beige , cuando abrí la puerta entraron de un solo , mi mente quedó en blanco, no sabía qué  hacer, pero aún así les pedí la orden de allanamiento, explicó Nancy unos minutos después de esta acción represiva.

Al  insistirles sobre la orden de allanamiento les respondieron que no tenían pues era una denuncia al 911 de que habían dos hombre allí en su casa.

“Empezaron a revisar, a decir que dnde estaban los hombres, un hombre blanco me dijo que dónde estaba mi marido, mi amante, empezó a darle vuelve a toda la casa entró a mi cuarto, al de mi mamá  y empezó a revisar las gavetas del mueble de la sala”, agregó la afectada .

“La mujer me pidió la identidad, allí reaccioné en este momento y salí a ver afuera , allí fue donde vi el carro y el encapuchado, después la mujer salió con mi identidad supongo a tomarle foto y regresó adentro de la casa, luego estaba mandando mis datos a alguien , me devolvió la identidad y dijo, no, no es aquí  y se fueron”, relató Nancy.

La operación terror duró de 10 a 15 minutos y la casa quedó toda revuelta. La joven fue apoyada por compañeros estudiantes en el lugar.

El 31 de agosto de este año una operación parecida se llevó a cabo por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, a Mirtha Gutiérrez, vocera del MEU, aduciendo que buscaban evidencias de un crimen que había ocurrido en mayor de este año, pero la acción fue considerada como otra acción represiva contra el movimiento estudiantil en la UNAH.

Quién es Nancy García

Nancy García es una de los miles estudiantes que defienden la educación pública en Honduras en la UNAH, luchan por la representación estudiantil en el gobierno universitario la cual ha sido violentada y demandan cese de la criminalización por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de la protesta.

Es parte de los 19 estudiantes que se tomaron el edificio administrativo de la UNAH el 24 de mayo de este año en demanda del cierre del juicio contra sus compañeros Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres que en ese momento estaban sometidos a un juicio oral y público acusados desde julio de 2015 por la UNAH y el Ministerio Público de Usurpación, al final fueron condenados a tres años de prisión.

García y los otros 18 fueron  sometidos dentro del edificio administrativo esa noche del 24 de mayo a graves violaciones a derechos humanos por guardias de seguridad y policías. Todos fueron amenazadas con ser asesinados, les lanzaron gases lacrimógenos y los tuvieron bajo tortura sicológica, pero la presencia de periodistas como Rony Huete y defensores de derechos humanos les salvó de perder la vida en un balcón donde estaban sometidos con armas apuntándoles a sus cabezas.

Todos los afectados fueron también expulsados a través de un proceso administrativo carente de legalidad e imparcialidad, por una comisión nombrada por la rectora Julieta Castellanos. Aunque se presentó un Recurso de Amparo por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODEH , el mismo está en las gavetas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  y los y las jóvenes no pueden asistir a clases ni en la UNAH ni en otra universidad del país, tampoco salir de la nación para poder hacerlo, o sea tienen un país por cárcel al igual que los tres condenados.

Mecanismo de Protección negó ingresar su caso meses atrás

Nancy García ha sido objeto de vigilancia constante de su casa, lo que le obligó a ir a pedir ser acogida por el Mecanismo de Protección, pero fue denegada su solicitud hace unos dos  meses, según explicó a pasosdeanimalgrande.com, para ella  no hubo una explicación congruente del por qué no fue aceptada. Unos días después de la solicitud fue informada por el Comité por la Libre Expresión, C-Libre, que fue la organización que ingresó su caso a dicho ente de protección, que la misma no fue admitida.

Se espera que con estos hechos se reconsidere su caso y el Estado a través del Mecanismo de Protección por fin la proteja pues podría ser el preámbulo de acciones que pongan en más peligro su vida.

Además la Fiscalía de Derechos Humanos debería investigar de oficio de forma imparcial y rápida estos hechos, con la misma rapidez en que el Ministerio Público actúa para procesar a estudiantes sin tener pruebas contundentes pero apoyado en un sistema de justicia que se colude con la ilegalidad de las autoridades universitarias, mientras más de 80 denuncias están cubiertas de polvo en las gavetas de ese ente acusador sin que se muevan ni un centímetro.