La Policía Militar y el ejército utilizaron fuerza letal para contener manifestaciones en el marco de las elecciones de 2017 en Honduras, señala el iforme denominado “Responsabilidad por las Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas en las Elecciones de 2017 en Honduras: Avances Y Desafíos”, donde destaca la deteriorada situación del país en materia de derechos humanos y  el papel nefasto del Ministerio Público para llevar a los responsables ante la justicia.

María Soledad Pazo, representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH), fue quien presentó dicho informe en un evento público realizado en Tegucigalpa, Honduras, este 22 de enero de 2020.

“Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía”, describe el documento.

Según la OACNUDH son 16 víctimas e involucran a 22 presuntos autores miembros de las fuerzas de seguridad y defensa de Honduras.Los incidentes ocurrieron en ocho departamentos entre el 01 de diciembre del 2017 y el 22 de enero del 2018, que resultaron en 20 cargos penales: cinco delitos contra la “vida e integridad física”, seis por crímenes contra la “libertad y seguridad” y nueve sobre la administración pública.

María Soledad Pazo, expresó que “hay deudas en el combate contra la impunidad, el Ministerio Publico redunda que no han podido avanzar como todos y todas quisiéramos, el derecho a la verdad es el derecho de todos los hondureños y las reparaciones a familiares deben ir más a que no se repitan estas conductas tomando medidas administrativas en las fuerzas de seguridad, para que no sean utilizas en manifestaciones”.

También evidencia cómo se comporta la cadena de mando; cuáles son las brechas que permitan que esos tipos de violaciones se repitan; la responsabilidad que tiene el comandante con sus subordinados y que llegan a conocer los casos de violencias que éstos ejercen, y prefieren no hacer nada.

“Hemos notado un esfuerzo de fiscales que encontraron barreras significativas en su labor y esta es la colaboración de las fuerzas armadas, lo que no tenemos a dos años son sentencias condenatorias sino dos casos, un niño de 15 años en Agua Blanca, El Progreso, Yoro y otro en Villanueva, departamento de Cortés, por un policía militar y un sargento”, Añadió María Soledad Pazo.

Los patrones de violencia que Naciones Unidas identificó son patrones de comportamiento desde la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y defensa así como las brechas o fallas en los marcos legales y operativos que permitieron que ocurrieran.

La OACNUDH recomienda al Estado de Honduras la independencia de las instituciones judiciales, restringir el uso de las Fuerzas Armadas de Honduras en las funciones del orden público y reformar la legislación sobre el uso de la fuerza.

Así como reconocer el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y participar en procesos penales; también el derecho al acceso de información a familiares, y periódicamente informar a la población en general sobre avances y desafíos de la investigación.

El informe publicado en una rueda de prensa señala que “El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar agraves violaciones a los derechos humanos”.

También remarca que “sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego”.

Lea el informe completo en este link

Miles de personas se manifestaron este viernes 12 de enero de 2018 por enésima vez contra el fraude electoral, en las vísperas de la toma de posesión del actual presidente Juan Orlando Hernández, que pese a que se declarara ganador de los comicios electorales muy cuestionados por la observación internacional, está dispuesto a quedarse en el cargo a fuerza de bayonetas.

“…En medio de alarmantes niveles de represión, el 22 de diciembre, Canadá reconoció la confirmación de Juan Orlando Hernández como presidente y afirmó que alienta la protección de los derechos humanos y el diálogo político. Tal declaración demuestra una falta total de preocupación genuina por los derechos humanos dado que 34 civiles han sido asesinados, más de 200 arrestados y cientos heridos por la policía militar bajo la administración de la misma persona que ahora es declarada presidente….”, señalaron un grupo de académicos , miembros de sociedad civil y estudiantes de Canadá en una misiva enviada al Primer Ministro Justin Trudeau y al Ministro de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al Estado de Honduras a respetar y garantizar los derechos humanos de la población y de los sectores que reclaman el respeto a la voluntad popular en el contexto de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017. La Comisión Interamericana solicita la anuencia del Estado de Honduras para enviar una misión urgente al país a fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el actual contexto", señala en un comunicado emitido este  22 de diciembre de 2017 por dicho organismo .

La Unión Europea y los gobiernos de sus Estados miembro tienen que mostrar urgentemente una postura clara, para impedir más derramamiento de sangre y así respetar la voluntad de la población en Honduras, señalaron organizaciones y grupos de sociedad civil alemanes en un comunicado público urgente emitido este 19 de diciembre de 2017.