Criticó que es una Junta Nominadora intolerante y con un claro objetivo de defender lo que los grupos de poder ya han designado, además de la amenaza constante por parte de uno de sus miembros de tachar como “injerencia” las opiniones de grupos de juristas internacionales, sabiendo que no son vinculantes, pero que dejan luces para un efectivo desarrollo del proceso.

Pasosdeanimalgrande.com. conversó con Cálix, aquí la entrevista:

PASOS DE ANIMAL GRANDE (PAG): Hasta el momento ¿Cuáles son los resultados que ofrece la Junta Nominadora en esta etapa del proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia?

Álvaro Calix (AC): Yo creo que no son tan distintos a los ofrecidos en el periodo de elección pasado. Posiblemente lo que ha habido ahora es la conformación de una estrategia de parte del status quo para asegurarse de que no hubiese portillos en donde pudieran perder un control importante en la corte. Han hecho estrategias para tener un control importante, lo que significa la sociedad civil, con la captación de las iglesias sobre todo, las piezas claves que se tienen en instituciones como el Comisionado de Derechos Humanos y las relaciones con el empresariado desde el COHEP.

Utilizaron estrategias previas con mayor énfasis que en la elección pasada para asegurarse de que la Junta proponente estuviera controlada por el sector de gobierno, con una representación del Partido Nacional. En el pasado la correlación de fuerzas estaba más equilibrada, ahora lo que se le concede a otro partido, el Liberal por ejemplo u otro, son migajas, lo que se le conocía como el 8/7 ya no es tan vigente y si se da es por una concesión de los nacionalistas a cambio de otras cosas.

 (PAG): En cuanto a los sectores que participan, ¿existirá una participación real o total de todos los sectores dentro de la Junta Nominadora?

(AC): Este tipo de mecanismos de representación nos recuerdan el concepto de la democracia corporativista. Es aquí en donde sectores como los sindicatos, las empresas u otros, tienen capacidad de decisión, en este caso es de nominación pero las bases políticas son las mismas y es aquí en donde uno debe preguntarse sobre los siete sectores proponentes ¿quiénes son? ¿a quiénes representan? ¿quiénes los controlan?.

Uno podría esperar de dos sectores al menos una aspiración de cambio, me refiero a la sociedad civil y las centrales obreras, sin  embargo el gobierno ha hecho un trabajo de mucho ahínco de chantajear y controlar a los dirigentes obreros y este les corresponde otorgándoles impunidad cuando son cuestionados, una muestra de ello es el presentar propuestas de candidatos a magistrados realmente pusilánimes a favor incluso del propio status quo.

En la sociedad civil es un tema más complejo, si bien es cierto que aquí participan sectores con una línea más crítica, sobre todo por la participación de un sector de la iglesia , entonces los dos espacios en donde uno puede esperar una posibilidad de contrapeso es nula.

En el caso de la empresa privada vamos a esperar un condicionamiento de poner a personas que representen a sus intereses. En el caso del Colegio de Abogados es la cuna del control más reaccionario en el país,  igual que en las universidades por la composición que significan. El Comisionado de Derechos Humanos que es una pieza que mas allá de la importancia que pueda tener para el gobierno, es una institución que suma al control en el proceso,  y en el caso de la Corte Suprema de Justicia pues es la esencia de quienes llegan a ser magistrados y jueces con mayor importancia vinculados a un partido político tradicional (Nacional o Liberal), se prestan a cierto tipo de componendas y si  las hacen directamente se callan.

PAG: En el caso de la Sociedad Civil, ¿qué papel juega la captación de la Confraternidad Evangélica de los espacios para integrar la junta nominadora?

AC: La iglesia Evangélica tiene una facilidad para generar unidades o iglesias que la verticalidad que ofrece la iglesia Católica, lo que le permite adaptarse a cantidad y calidad, lo que se requiere para servir al status quo y esto implica que estas unidades de iglesia fueran beneficiadas con la autorización para participar como sociedad civil, pero no solo es eso, también están las influencias cualitativas de los pastores que bendicen los últimos gobiernos, los que saben que la religión evangélica ha crecido en número y que ocupa un porcentaje importante en la población.

Esto les ha llevado a tener mayor poder e influencia en los últimos años, ligado a los intereses económicos que ellos –la jerarquía- saben tranzar. Estas iglesias están ligadas a negocios, a inversiones educativas por un ejemplo.

Otro punto importante es que en el mundo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S), también se ha colado mucho el sector evangélico. Por ejemplo a través de FOPRIDEH más de 40  organizaciones participaron en la asamblea de Sociedad Civil y la influencia política sumada a su credo, refleja un Estado más comprometido con el tema religioso.

No es estar en contra de la espiritualidad de las personas sino que estoy  en contra de que este credo sea utilizado para influir en las políticas públicas de manera no transparente. Ambas jerarquías dentro de las iglesias lo hacen.

PAG: En cuanto al detrimento de la publicidad de sus acciones ¿Qué mensaje deja en la sociedad la Junta nominadora?

AC:  Es el resultado de dos cosas, de la pocas reglas democráticas para elegir representaciones en algo tan sensible como la elección de una nueva Corte Suprema, entonces los actores que llegan ya deben favores y lo segundo es la falta de transparencia institucional que se transmite hasta este espacio, algo complicado por lo que significa la Corte, ni es cualquier cosa, por lo menos es un bastión de los grupos de poder  económicos para generarse impunidad o para dañar a otros grupos, es  una especie de sicariato judicial.

Pero también es un baluarte del satus quo frente a anticuerpos o personas o grupos que les son hostiles y con una corte a su favor pueden aplicar el peso de la ley, tal es el caso de el ex presidente  Zelaya con la denegación de la consulta.

 La corte es un órgano de primer orden para garantizar el poder económico y político de estos grupos de poder, por lo tanto no debe extrañar la falta de transparencia porque quienes están allí, en realidad no representan a los sectores que en los últimos años han mostrado una indignación con lo que está pasando y los que podrían estar más cerca de la población juegan un papel de doble moral, son un camuflaje,  como las organizaciones de sociedad civil leales al actual gobierno.

PAG: El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) amenazó con querellar a cualquier ciudadano que criticara a un aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué mensaje deja este tipo de acciones?

AC: Hay una intolerancia a opiniones distintas. Aquí es donde vemos que tenemos varias sociedades, estos grupos -los proponentes- solo consideran legítimo lo que ellos plantean y solo aceptan la oposición dentro de los parámetros que ellos establecen. Cuando se cuestiona el proceso de elección no es cuestionamiento radical al tema pero sí al procedimiento,  y esto no es aceptado por estos grupos ya que ellos creen que el ciudadano no tienen legitimidad para hacerlo, creen que  están trabajando con los parámetros básicos que establece la sociedad, entonces no aceptan , no le dan la existencia de ser un sujeto válido a quien se oponga al procedimiento y por lo tanto lo van a descalificar con la intimidación de que lo pueden demandar o con la demanda misma, esto genera un sistema de confort y  un sistema de poca crítica plegado al poder.

PAG: En cuanto a la observación internacional ¿Qué impacto ha tenido en este proceso?

AC: Tiene un impacto más a nivel ético y de peso de experiencia  en la capacidad, en lo que es la elección de una nueva Corte Suprema. No tienen tanto acceso a medios porque la palabra que prevalece es la del grupo de poder. Tiene un peso más argumentativo el cual llega por otros medios, los de de comunicación alternativos, a la población, como el caso del Juez  Baltazar Garzón, CEJIL y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Lo que deja en evidencia frente a una parte de la población, que no es tan pequeña, es lo viciado del proceso y sumada una argumentación de cómo podría llevarse a cabo y con mejores prácticas. 

PAG: ¿Y el papel de la Embajada de Estados Unidos?

AC: No cabe duda que existe un interés de Estados Unidos en Centroamérica. No siempre es una labor proactiva de USA sino que estos países y sus gobiernos ya tienen una subordinación y una línea definida por este país del norte.  La embajada norteamericana no puede estar pendiente de todo lo que rodea a la sociedad hondureña, tiene otros intereses pero sí puede controlar las variables centrales, variables geopolíticas, aquí entra la elección de la Corte, y económicas que le garantice estabilidad a sus ciudadanos.

PAG: ¿Existe la posibilidad de una ampliación en el periodo de los actuales magistrados y magistradas a la CSJ?

AC: Esto ya tiene que ver con los votos por parte de los Diputados y diputadas. Puntualizaría en el papel que tendrían en el Congreso Nacional, en un caso específico los del Partido Liberal que pertenece a la corriente de Yani Rosenthal. Luego hay que ver si avanza o merma el proceso de fragmentación de Partido Libertad y Refundación (LIBRE), si tiene un capítulo nuevo o no, y el Partido Anticorrupción, para ver  si puede justificar una postura pro-sistema.

Otro punto para el análisis es como estos sectores consideran, temen o respetan lo que la población percibe de esto. El tema de la Corte no mueve a la ciudadanía entonces se puede mantener oculto tanto sus pretensiones y su accionar en el caso de la junta y de la fase final de la elección en el Congreso.

No cambia mucho el hecho de una nueva corte con la que ya está una Sala de lo Constitucional que está controlada por el gobierno, el cambio puede ser para un reacomodo de sus piezas según sus intereses , pero para lo sustancial no hay mayor diferencia.