El mundo reaccionó ante este asesinato demandando justicia y castigo para los culpables, pero el Estado de Honduras ha hecho caso omiso a la demanda. Pasadas casi dos semanas de que fuera acribillada de cuatro balazos, Cáceres quien fungía como la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,COPINH, las autoridades no han dado un informe de los avances de las investigaciones, las cuales se avizora no identificarán a los responsables porque se pretende lanzar una cortina de humo para ocultar a los hechores y culpar a la organización a la que Berthita quería mucho y donde estuvo unos 20 años.

Berthita levantó la voz a más no poder, viajó por innumerables países denunciando las atrocidades que estaban cometiendo compañías de la energía en los territorios de su pueblo, violentando con ello el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esas empresas no han llegado porque se les antoja, lo hicieron porque desde el propio parlamento hondureño les dieron concesiones de los ríos a manos llenas, inmediatamente después del golpe de Estado. Ese era el objetivo de una clase política y económica avorazada, generar más riqueza a costa del hambre de miles de personas y de la sangre derramada de aquellas que se arriesgaron a decir No a la destrucción.

El recordar la labor de Berthita es ver la defensa de los derechos humanos en todas las dimensiones.Desde la defensa de la libertad de expresión, ella impulsó junto a su pueblo la creación de radios comunitarias porque se dieron cuenta del poder de la palabra, además porque su problemática quedaba ahogada en los medios corporativos que por lo general trataban de tergiversar la lucha por los territorios ancestrales.

Honduras sí está cambiando, pero hacia escenarios tan terribles, desde la cabeza del gobierno a través del presidente Juan Orlando Hernández se aplica la cero tolerancia para los defensores y defensoras de derechas humanos. La vida en realidad no vale nada para este mandatario que aspira a quedarse por muchos años más.
Hernández llegó al poder en enero de 2014, después de elecciones catalogadas como las más sucias que se hayan efectuado en el país, apenas son dos años los que han pasado de su mandato, pero parecieran 50 años. Este hombre ha hecho tanto daño al país que cada día que pasa parece un siglo.

Le faltan todavía dos años y ha hecho desastres; despidos masivos de trabajadores de distintas dependencias sin sus derechos laborales pagados. El utiliza la fuerza policial y militar para sacar por la fuerza a empleados que ya no tienen trabajo gracias a la política de desestabilización sindical desde la casa de gobierno.

El presidente tene control de la Corte Suprema de Justicia; del Ministerio Público; del parlamento hondureño, en fin una concentración de poder para someter al país.

Hace unos días conversé con afiliados del sindicato del agua, ellos me contaron que como no les ha podido doblegar ahora el gobierno les ha abierto procesos en el Ministerio Público por una serie de delitos, el fondo es despojarles del fuero sindical y después despedirlos.

Según la Constitución de la república los trabajadores pueden asociarse para velar por el respeto de sus derechos, pero en Honduras eso es un crimen, el hacerlo trae consecuencias que van desde desprestigio a la imagen hasta la muerte violenta.

Sin embargo la esperanza no se ha ido de miles de personas que ha identificado que la unidad y la lucha en las calles es la clave. Hay centenares de personas que llegan a Tegucigalpa, la capital del país, para exigir justicia en el caso de Bertha Cáceres.

La ciudad está en zozobra, ante el anuncio de movilización masivas, el desplazamiento de la policía militar y preventiva no se ha hecho esperar , los toletes y los fusiles son utilizados como disuasivos para que quienes defiendan derechos sean vistos por el gobernante como los malos de la película.

El panorama en Honduras es complicado, peligroso y delicado, cualquiera que llega de otra nación puede respirar la sangre, un clima hostil y una atmósfera pesada de ilegalidades.

El presidente Hernández podrá comprar periodistas y medios de comunicación, pero no podrá hacerlo con las personas que saben que derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

Nos queda la fe y la esperanza de que un día esta situación solo será un mal recuerdo. Para ello debemos ser firmes en la defensa de los derechos humanos a pesar de las circunstancias, el miedo paraliza pero la acción reivindica.

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Tomado de la columna: Between Bullets and Censorship de Dina Meza en la revista www.sampsoniaway.org

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