Enfocadas en los comunicadores sociales y periodistas, expresaron su preocupación por los siete asesinados en el 2019 y más de 80 desde el 2003, de los que solo hay cuatro casos judicializados y los demás están en la impunidad.

Cesario Padilla de C-Libre, expresó que “ni el Ministerio Publico, sus fiscalías, las propias autoridades, ni quienes tocan el tema de derechos humanos a nivel de gobierno, se han preocupado por llevar tras las rejas a los responsables de los asesinatos de más de 80 periodistas en estos 19 años”.

“Actualmente se está criminalizando la labor por la vía penal a pesar que organismos internacionales le hicieron llamados al Estado para que este tipo de delitos se lleven por la vía civil, pero la Corte Suprema de Justicia a finales del 2019 le envió una opinión al Congreso Nacional donde dice que tiene que quitar las multas y que mantenga la sanción tal y como está, evidenciando que no existe una voluntad política”, añadió Padilla.

Por otro lado periodistas de ASOPODEHU añadieron que el ejercicio del periodismo en Honduras se mantiene condicionado a través de leyes como la de Secretos Oficiales que obstaculizan el acceso a la información en general para toda la ciudadanía.

El ocultamiento de la información se refleja en las grandes ciudades y más aún en las zonas del interior del país donde la publicidad es otorgada por funcionarios y empresarios que se encargan de condicionar las noticias.

Asimismo explicaron que los principales ataques a periodistas en departamentos como Choluteca, San Pedro Sula y Tegucigalpa están estrechamente relacionados con la protesta social misma que nace del derecho a la libertad de expresión.

En el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en el último año fueron admitidos seis casos de periodistas y 14 de comunicadores sociales que están en riesgo. En la actualidad hay 204 casos activos entre los que se encuentran colectivos que tienen entre 100 a 150 personas que deben estar protegidas, según estadísticas de este organismo.

Lo anterior tiene una relación directa con las investigaciones que debe hacer el Ministerio Público para desactivar las amenazas, pero en la mayoría de los casos no hay acciones contundentes al respecto y de allí que las cifras de personas que deben ser protegidas se incrementan mes a mes.